Persisten discusiones entre Mesa Directiva y concejales por presuntas inhabilidades de contralor electo y encargado

Bitácora de la Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 24 de julio de 2020

Sesión virtual

Hora de inicio: 9:02 a.m.

Hora de finalización: 1:12 p.m.

La sesión del Concejo contó con la participación del gerente de Transcaribe, directora del DATT y Secretario de Hacienda para un debate sobre el estado financiero de Transcaribe. También se dio un informe sobre la elección del contralor.

Iniciado el orden del día, la jefa de la Oficina Asesora Jurídica, Tatiana Romero, dio un informe con base a una respuesta de Función Pública, que señala que no existe inhabilidad para ser elegido contralor si dentro de los meses anteriores a la elección se ejerció el empleo mediante encargo; en cuanto al criterio de desempate utilizado para recomponer la terna, se indicó que su definición es competencia de la mesa directiva.

En cuanto a la posesión del contralor electo, Héctor Consuegra, manifestó que no se ha hecho el llamado para posesionarlo debido a la presunta inhabilidad por fungir como asesor de Edurbe, y no puede dársele posesión si está ocupando otro cargo público, pues es una prohibición constitucional tener dos empleos públicos.

La recomendación de la Oficina Jurídica es no dar posesión hasta no tener las claridades jurídicas del caso y de esta manera, se dio respuesta a una tutela interpuesta por Consuegra donde solicita que se le de posesión. Además, Romero dio a conocer que se adelantan los estudios para aclarar las inquietudes sobre el encargo del contralor actual y la figura jurídica a utilizar mientras se resuelve la situación de Consuegra.

Para la concejal Carolina Lozano (ASI) los conceptos de Función Pública y la Oficina Jurídica siempre han sido a favor de Freddys Quintero, y difieren del pronunciamiento de un Tribunal de Sucre en un caso similar donde se declara inhabilidad por haber sido funcionario público, y no por ser encargado. Para Lozano, la mesa directiva sería juez y parte en el proceso, teniendo en cuenta que sus integrantes votaron por Quintero para que fuera electo contralor.

Al respecto, la jefe jurídica aclaró que los conceptos emitidos nunca han sido para favorecer candidatos y se basan en lo establecido por Función Pública como órgano consultor competente.

Lozano señaló que los conceptos han sido favorables para Quintero porque en varias ocasiones se ha determinado que no está inhabilitado, pese a que existen antecedentes que establecen lo contrario. Por lo tanto, se aparta del concepto emitido, pues considera que sí hay una inhabilidad en el caso de Quintero.

El concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) pidió aclarar la intervención de Lozano, ya que dio a entender que no se debe tener en cuenta el concepto de Función Pública porque la concejal no está de acuerdo con el mismo. Al respecto, Lozano aclaró que se viene resolviendo lo relacionado a la inhabilidad de Quintero, pero la Corporación no es competente para declarar inhabilidades.

Para la concejal Gloria Estrada (Liberal), primera vicepresidente, causa suspicacia que se están basando y enfatizando en el caso de Quintero, pero no en el de Consuegra.

La jefe jurídica reiteró que sus conceptos no han sido parcializados y señaló que en plenaria no se dieron observaciones sobre los ternados. Así mismo, destacó que ningún funcionario declara inhabilidades, pues estas vienen dadas en la ley, pero si es deber del Concejo verificar que en la persona que será posesionada no recaigan inhabilidades.

El concejal Rodrigo Reyes (Conservador) recordó que sí presentó observaciones sobre Quintero y destacó que hay conceptos encontrados de Función Pública, pues si bien hay algunos a favor de Quintero, la sentencia 128 del 2018 señala que sí estaría inhabilitado. Además, manifestó que si Consuegra no ha entregado los documentos para su posesión, no puede pedírsele a la mesa directiva que realice la posesión.

El concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) dejó constancia de que los conceptos de Función Pública y Oficina Jurídica no son vinculantes. Además, pidió que en las decisiones de la mesa directiva no se marque la intencionalidad de la posición política con uno de los ternados.

El concejal Lewis Montero (La U) llamó la atención porque la discusión era sobre la presunta inhabilidad de Consuegra, pero se ha hecho énfasis en Quintero, y se puso en entredicho a Función Pública; en ese sentido, pidió que las actas de estas sesiones se envíen a Procuraduría.

La concejal Carolina Lozano (ASI) indicó que no ha puesto en entredicho a Función Pública, pero debe tenerse en cuenta que lo emitido es un concepto no vinculante. Igualmente expresó que lo que genera suspicacia es que el candidato que obtuvo el segundo lugar sería quien quedaría encargado de la Contraloría.

Por último, el concejal Luder Ariza (Alianza Verde) expresó que no entiende cómo el candidato que perdió va a terminar ganando, ni por qué quien fue encargado de la Contraloría no hacía parte de la planta de personal.

Continuando con el orden del día, se dio inicio al debate sobre Transcaribe, por lo tanto, el gerente de esta entidad, Humberto Ripoll, manifestó lo siguiente:

• En 2016 el promedio diario de pasajeros que usaron el sistema fue de 83.229, en 2017 el promedio fue de 94.141, en 2018 fue de 105.221, en 2019 fue de 132.962, en 2020 antes de la pandemia el promedio fue de 127.525 y durante la pandemia ha disminuido a 27.439.

• A la fecha se han chatarrizado 908 vehículos del Transporte Público Colectivo (TPC) correspondientes a 247 buses, 609 busetas y 52 microbuses.

• Faltan por chatarrizar 684 vehículos y son necesarios $102.058 millones.

• La flota de Transcaribe esta compuesta por 333 vehículos, de los cuales 102 son del operador Sotramac, 132 del operador Transambiental y 99 de Transcaribe en su rol de operador.

• La tarifa técnica es la que evidencia cuál debe ser el costo teórico del pasaje, de manera que se cubra la canasta de costos en su totalidad.

• Si la tarifa técnica es superior a la tarifa que se cobra a los usuarios significa que hay recursos faltantes y no se cubre la canasta de costos; pero cuando la tarifa de usuario es superior a la tarifa técnica hay excedentes que se usan para cubrir los días donde hay recursos faltantes.

• En 2018 se dio la mayor diferencia entre tarifa técnica y de usuario, pues la técnica superó a la tarifa de usuario en varias ocasiones.

• El término de las concesiones con Sotramac y Transambiental es de 19 años y 5 meses, por lo tanto, finalizarían cuando se termine el tiempo o cuando obtengan los ingresos esperados.

• Para el caso de Sotramac los ingresos esperados son $893.500 millones, de los cuales ya han recaudado $64.282 millones, correspondientes al 5,53% de los ingresos esperados.

• Para el caso de Transambiental los ingresos esperados son $865.700 millones, de los cuales ya han recaudado $88.340, correspondientes al 10,2%.

• Para el caso de Transcaribe en su rol de operador, los ingresos esperados son $851.300, de los cuales ya han recaudado $20.980 millones, correspondientes al 2,46%.

• Transcaribe asumió como el tercer operador, toda vez que esta licitación se declaró desierta en 4 ocasiones. Para esto se suscribieron dos convenios de respaldo donde el Distrito se compromete a asumir las obligaciones de vehículos y recursos de chatarrización.

• En diciembre de 2019 se inició una consultoría que brindará los escenarios posibles para que Transcaribe pueda licitar y que el Distrito no continúe con estas obligaciones.

• La consultoría también determinará el estado real del transporte público en Cartagena, de manera que puedan aplicarse cambios al sistema y estén sustentados técnicamente. Sin embargo, el estudio fue suspendido debido a la pandemia.

• En el Fondo Unificado de Desintegración y Operación se han hecho los siguientes aportes hasta la fecha: $51.933 millones de Transambiental, $65.035 millones de Sotramac, y $37.812 de Transcaribe.

• Desde el 2017 el Distrito no ha girado las sumas comprometidas en los convenios de respaldo y están pendientes $40 mil millones para el FUDO.

• Actualmente la implementación del sistema alcanza el 52% y no puede avanzarse a la siguiente etapa hasta que se avance en la chatarrización.

El concejal citante Javier Julio (Coalición Alternativa) realizó un análisis de la situación del sistema integrado de transporte masivo (SITM) y resaltó que no se movilizan los pasajeros esperados, y hay más buses del TPC que de Transcaribe, lo que causa problemas financieros; por lo tanto, para incrementar la demanda debe avanzar la chatarrización, pero no se cuenta con los recursos. Algunas consideraciones mencionadas por el concejal fueron los siguientes:

• La sostenibilidad financiera es el mayor reto, por lo que es necesario promover nuevas fuentes de financiación desde la Gerencia de Transcaribe como publicidad, tarifas diferenciales, bonos de descuento, y otros, de manera que la única estrategia no sea solicitar recursos al Distrito.

• Si la tarifa técnica se encuentra muy por encima de la tarifa de usuario, puede considerarse que el sistema es financieramente inviable.

• De los $2.600 del valor de cada pasaje, Transcaribe gestor solo gana $104 pesos, mientras que los concesionarios privados obtienen el 96%, es decir, $2.496. Julio considera que los términos de estas concesiones son leoninos pues favorecen a los operadores.

• Desde sus inicios, Transcaribe ha presentado pérdidas, las cuales ascienden a los $23.900 millones, así: en 2017 los ingresos ascendieron a $19.700 millones, los gastos a $26.800 millones y la pérdida fue de $7.100 millones; en 2018 los ingresos fueron $15.400 millones, los gastos $24.300 y la pérdida $8.900 millones; en 2019 los ingresos fueron $31.100 millones, los gastos $39.00 y la pérdida $7.900.

• La satisfacción ciudadana por el servicio prestado ha ido disminuyendo debido a altos tiempos de espera, cobertura, calidad del servicio, etc.

• El delgado de la Presidencia en la junta directiva de Transcaribe, Wilson Herrera, ha presentado varias denuncias: en un informe de revisoría fiscal de febrero del 2020 se determina que Transcaribe se encuentra en quiebra, pues el patrimonio neto se ha disminuido al 50% del capital utilizado; se habían comprometido $125 mil millones de la sobretasa a la gasolina, pero se han girado más recursos y las obras no han concluido.

• La operación del sistema no debería financiarse únicamente de la tarifa de usuario, pues de ser así los aumentos a la tarifa serían desproporcionados.

Más adelante, el concejal César Pión (La U) resaltó la importancia de revisar integralmente el SITM desde su etapa de planificación de manera que se examine la situación financiera, contratación, operación, convenios; además, manifestó que los sistemas de transporte masivo se han convertido en un método de enriquecimiento para los operadores.

Pión destacó que debe garantizarse el servicio de transporte y que los entes de control materialicen sus investigaciones al respecto; también recordó que la planificación del transporte masivo le corresponde a la Gerencia de Movilidad y Espacio Público.

También llamó la atención porque el Ministerio de Transporte informó que si la Alcaldía no cumple con los aportes pactados, el Gobierno no autorizará el desembolso de este año, que asciende a $18.374 millones.

El concejal Fernando Niño (Conservador) pidió aclarar lo siguiente: quién asumirá las pérdidas que ha tenido el SITM durante la pandemia, cuál es la capacidad financiera para entregar los recursos pendientes a Transcaribe, qué opciones hay para licitar Transcaribe operador, etc.

El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) señaló que las dificultades radican en el rol de operador de Transcaribe, pero debe tenerse en cuenta que anualmente los aportes al SITM han ido disminuyendo. También aclaró que desde el 1 de julio ya no hay recursos comprometidos en la sobretasa a la gasolina, pero debe precisarse si es cierto que se giraron más recursos de los proyectados.

Así mismo, expresó que el contrato de Cartagena Social y Complementario es leonino para la ciudad, pues afecta a Transcaribe operador.

Para atender a las inquietudes, Ripoll explicó que lo referente a las tarifas diferenciales es una política pública que debe gestionarla el ente territorial; en cuanto a Transcaribe operador indicó que lo principal es asegurar el apoyo distrital.

El funcionario dio a conocer que los problemas financieros patrimoniales se solucionarán con la inclusión de las estaciones y el edificio administrativo al patrimonio de Transcaribe, pues habría una adición de $17 mil millones. Por otro lado, los problemas de liquidez solo tendrían solución con una inyección de recursos.

Sobre las denuncias de Wilson Herrera, Ripoll explicó que ha dado respuesta a todas sus imprecisiones y explicó que en la sobretasa a la gasolina debe tenerse en cuenta que no todos los recursos recaudados por este concepto, eran transferidos a Transcaribe.

El Secretario de Hacienda, Dewin Pérez, manifestó que el Distrito no ha incumplido los compromisos con Transcaribe pues debían girarse $17.610 millones, de los cuales ya se giraron $13 mil millones. Así mismo, indicó que el aumento de costos operativos por razón de la pandemia, no serán trasladados a la ciudadanía.

Luego, la directora del DATT, Sindry Camargo, explicó que este Departamento no tiene facultades para fijar la tarifa del SITM; también señaló que este año se hizo el aumento más bajo de los últimos años, con solo $100 pesos, y expresó que se viene realizando control al transporte informal.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el sábado 25 de julio de 2020; a las 8:30 a.m. a través de videoconferencia. 

Escrito por Diana Infante Del Río, investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.