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Concejo realiza debate sobre la prestación del servicio de salud a maestros del Distrito

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 20 de noviembre de 2018.

Hora de inicio: 9:20 a.m.

Hora de finalización: 10:42 a.m.

En esta sesión del Concejo Distrital se efectuó una citación a la Secretaría de Educación y al DADIS para abordar lo referente a la prestación del servicio de salud de los docentes del Distrito. Iniciado el orden del día, el concejal citante César Pión (La U) manifestó que con esta sesión se pretende conocer el estado de la atención en salud a educadores, el nivel de satisfacción de los usuarios, las quejas presentadas, etc., pues estos factores afectan la calidad del servicio educativo.

Algunas de las principales inquietudes del concejal fueron sobre los constantes traslados a la ciudad de Barranquilla, la atención en salud mental, y la dificultad para obtener citas con especialistas.

Posteriormente, la Secretaria de Educación, Claudia Almeida, dio a conocer que lo referente a la salud de los docentes no es competencia de la Secretaría debido a lo estipulado en la Ley y actualmente es Fiduprevisora la entidad encargada y la Clínica General del Norte es el contratista que presta el servicio en la ciudad.

La funcionaria explicó que para 2019 se prevé la contratación de un  equipo interdisciplinario que preste apoyo en lo referente a salud mental, además, se vienen concretando acciones para propiciar mejoras en la prestación del servicio de salud a docentes. Por otro lado, Almeida indicó que las solicitudes realizadas por el Concejo fueron remitidas a la Clínica General.

Más adelante, Martha Páez, la subdirectora de Talento Humano de la Secretaría de Educación realizó un resumen de la manera en que viene funcionando el servicio de salud desde el marco normativo, resaltando que mediante la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y es manejado a través de la celebración de un contrato de fiducia mercantil que se encuentra en manos de Fiduciaria La Previsora, la cual se encarga de la administración de los recursos SGP destinados a la salud, pensión y riesgos laborales de los maestros.

Páez manifestó que el Ministerio de Educación y Fiduprevisora realizan la convocatoria para los interesados en la licitación y el contratista elegido por la órbita nacional fue la Clínica General del Norte, como prestador de los servicios de salud en Cartagena. Sin embargo, la Secretaría de Educación no tiene incidencia directa frente a las decisiones que se toman para elegir el prestador, y sus acciones se limitan al seguimiento y acompañamiento.

En representación del DADIS, Ángela Rodríguez y Mayerliz Marimón, dieron a conocer que se han recibido 112 quejas del servicio prestado a los docentes y han sido redirigidas a la Superintendencia ya que el DADIS no tiene injerencia directa en estos asuntos, sin embargo, se han adelantado acciones para velar por una mejor prestación del servicio de salud.

Por otro lado, Amaury Padilla, de la Secretaría de Educación, se refirió a un punto del cuestionario donde se solicitaba información sobre los recursos que ingresan a las Instituciones Educativas Oficiales (IEO); al respecto, explicó que las fuentes de ingresos de las IEO son: gratuidad por matrícula, que son recursos enviados por el Ministerio de Educación a cada Institución, y transferencias de la Secretaría de Educación vía ingresos corrientes de libre destinación.

Por concepto de gratuidad en 2014 se transfirieron $9.205 millones a las IEO, en 2015 fueron $9.645 millones, en 2016 fueron $9.677 millones, en 2017 fueron $9.471 millones, en 2018 fueron $8.312 millones y para 2019 se proyectan $8.727 millones. Padilla también detalló el presupuesto que las IEO de cada UNALDE han recibido a corte del mes de junio así:

  • Las IEO de la UNALDE rural contaban con un presupuesto de $2.500 millones, y se han ejecutado $712 millones en compromisos.
  • Las IEO de la UNALDE Santa Rita obtuvieron un presupuesto de $1.282 millones y en compromisos se han ejecutado $442 millones.
  • Las IEO de la UNALDE de La Virgen contaban con un presupuesto de $2.094 millones, de los cuales se han ejecutado $715 millones en compromisos.

Con estos ejemplos, el funcionario expresó que la situación de las IEO debe fortalecerse pues los recursos obtenidos son mínimos. Además, destacó que la Secretaría de Educación trabaja en un sistema integral para asuntos presupuestales y contables que permita realizar un monitoreo y control de los recursos obtenidos por cada IEO en tiempo real.

Para el concejal César Pión (La U) es grave que existan 112 quejas del servicio, pues se está poniendo en juego la vida de los docentes y la educación de los niños y niñas del Distrito; además, expresó que el DADIS y la Secretaría de Educación tienen el compromiso de iniciar las acciones respectivas en el orden nacional y con los entes de control para obtener la información y estadísticas necesarias para saber si realmente se está protegiendo la salud de los educadores.

En cuanto a los ingresos de las IEO, el concejal Dagoberto Macías (Cambio Radical) expresó estar inconforme con la exposición de la Secretaría ya que se había solicitado mayor detalle pues es necesario conocer de qué manera los rectores de las instituciones se han gastado los recursos que reciben.

Continuando con el orden del día, se dio lectura a los siguientes documentos:

  • Invitación de la Secretaría del Interior al Comité de Seguimiento Electoral.
  • Proposición presentada por el concejal David Caballero (Conservador) en la que se cita a la Secretaría de Educación para referirse al tema de calidad educativa, los Planes de Acción al respecto y datos sobre nivel educativo. Esta proposición fue aprobada.
  • Proposición presentado por los concejales Dagoberto Macías (Cambio Radical) y Wilson Toncel (Cambio Radical) mediante la cual se cita al EPA y al operador del sistema de acueducto y alcantarillado para explicar lo referente al nivel de cumplimiento de la norma de vertimiento, el Decreto 3930 y la Resolución 0631 de 2015 sobre vertimientos en cuerpos de agua. Esta proposición fue aprobada.

A su turno, el concejal Rafael Meza (Conservador) recordó que en 2017 se realizó un debate sobre la Clínica Barú, teniendo en cuenta la cantidad de pacientes que son remitidos a este hospital a pesar de que en muchas ocasiones se encuentra a mayor distancia del lugar de los accidentes. Meza llamó la atención al respecto puesto que en el mes de noviembre más de 50 pacientes fueron trasladados a esta institución.

En ese sentido, la plenaria aprobó una proposición del concejal Óscar Marín (Conservador) en la que cita a la Oficina Asesora Jurídica, DADIS, CRUE y DATT para abordar esta situación de la Clínica Barú, ya que se han presentado accidentes en zonas como la Avenida Santander y a pesar de que hay varios hospitales en lugares cercanos, los pacientes se envían a la Clínica Barú, situación que ha ocasionado fallecimientos por la demora en la atención.

Marín señaló que al parecer esta Clínica entrega bonificaciones a las ambulancias para que los heridos lleguen a sus instalaciones y hay negocios con el SOAT, motivo por el que considera que este caso amerita una investigación.

La concejal Judith Díaz (Cartagena con Firmas) sugirió invitar a representantes de las aseguradoras que efectúan auditorías médicas y conocer si se han identificado problemas con la prestación del servicio.

A solicitud del concejal Lewis Montero (Opción Ciudadana), la mesa directiva designó a los concejales Montero, David Caballero, Javier Curi, Óscar Marín y Rafael Meza para conformar una comisión redactora encargada de ajustar el cuestionario.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el miércoles 21 de noviembre de 2018; a las 8:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital de Cartagena de Indias.

Ver sesión aquí: 

Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.

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