Publicado el Deja un comentario

Concejo realiza audiencias públicas a proyectos para refinanciar deuda del crédito público, cabildo indígena y reestructuración administrativa

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 9 de septiembre de 2019.

Hora de inicio: 9:10 a.m.

Hora de finalización: 2:41 a.m.

Iniciado el orden del día, se procedió con las audiencias públicas programadas así:

  1. PROYECTO DE ACUERDO 175 “Por medio del cual se autoriza al Alcalde Distrital de Cartagena de Indias para la compra del terreno para la reubicación de las familias indígenas del Cabildo Indígena Zenú de Membrillal – CAIZEM”.

En representación de la Gobernación de Bolívar, Jackeline Howard, dio a conocer que los indígenas se encuentran en lote de un particular en virtud de un contrato de arrendamiento, sin embargo, por incumplimiento en los pagos se emitió un fallo judicial que declara la terminación del contrato y la restitución del inmueble.

Howard manifestó que se busca salvaguardar los derechos de esta población de especial protección, por ser indígena y víctima del conflicto, y se viene gestionando una solución definitiva a la problemática a través de una mesa técnica junto a Unidad de Víctimas, Defensoría del Pueblo, Personería Distrital, Procuraduría General, y Alcaldía de Cartagena.

En ese sentido, la Gobernación asignó recursos para la adquisición del inmueble y convocó al sector privado para cofinanciarlo. Además, se han realizado más de 20 reuniones de socialización y ha sido necesario que se aplace en 5 ocasiones la diligencia que da cumplimiento al fallo judicial.

Howard aclaró que, según concepto del Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior, para este caso no se debe adelantar el trámite administrativo de consulta previa, toda vez que la medida se desarrolla en cumplimiento de un fallo judicial.

Por parte del CAIZEM, se dieron las siguientes intervenciones:

  • Leovigildo Castillo señaló que no están en contra del proceso, pero consideran que la comunidad debe ser vinculada y consultada. Además, pidió que la comunidad conozca cuál es el terreno que se comprará, pues merecen viviendas dignas que cumplan con las condiciones necesarias.
  • Roger Suárez, capitán menor del Cabildo explicó que CAIZEM está conformado por 104 familias, de las cuales 53 son objeto de reubicación, y aseguró que la comunidad sí ha sido informada del proceso, en el cual se visitaron 8 lotes hasta encontrar el actual ubicado en Bayunca. Suárez expresó que solo falta la autorización de la Alcaldía para adquirir el predio.
  • Wilfrido Pérez manifestó que la reunión de socialización que se dio en diciembre de 2018 fue un informe de lo adelantado, pero aún hay asuntos que la población desconoce. Además, desde hace algunos meses el cabildo no tiene autoridad reconocida por toda la comunidad y considera que el proceso no debería continuar en estas condiciones. Sin embargo, manifestó que debe haber concertaciones y reuniones internas para adelantar el proceso.

En representación del sector privado, se realizaron las siguientes intervenciones:

  • Por parte de FENALCO, Mónica Fadul, destacó que este proyecto es una oportunidad para verificar el proceso, convocar y concertar con las partes involucradas, y dar una solución a esta problemática. Así mismo, propuso que en el texto se especifique cuál es el lote al que se reubicaría a las familias.
  • Por Fundación Mamonal y ANDI, Érica Martínez, explicó que el sector al que representa aportará $300 millones para la adquisición del lote, el mismo valor que la Alcaldía de Cartagena y Gobernación de Bolívar. Además, indicó que el lote ubicado en Bayunca fue la única opción encontrada que reúne las condiciones necesarias y está dentro del área de Cartagena, de manera que se garanticen futuras inversiones por parte del Distrito. Martínez expresó su preocupación el proceso, ya que la Gobernación expidió certificados de disponibilidad presupuestal hasta el 31 de diciembre y de no utilizarse los recursos, deberá iniciarse nuevamente el proceso.

A su turno, el Secretario del Interior, José Carlos Puello, manifestó que este ha sido un proceso de frente a la comunidad que ha contado con participación de entes de control distritales, regionales y nacionales.

Ante inquietudes de algunos concejales, Puello destacó que, según concepto del Ministerio del Interior, no es necesaria una consulta previa, y aclaró que Roger Suárez fue elegido desde 2018 como representante del CAIZEM por periodo de 3 años.

Luego, Ana María Gonzáles, en representación de la Fundación por la Educación Multidimensional, FEM, indicó que al hablar de comunidad indígena debe hacerse referencia al censo de familias radicado ante el Ministerio del Interior, no a censos de terceros que pueden tener intereses privados; además, la autoridad de la comunidad debe ser la determinada por su proceso autónomo, teniendo en cuenta que la actual es legítima para el Distrito, pero no para la comunidad.

Gonzáles considera que la consulta previa es la estrategia a seguir, sin que eso implique que no se desarrolle la compra del lote. Finalmente, señaló que por los problemas de transparencia ocurridos sería pertinente convocar a una entidad tercera, como la MOE, para que sea garante de las elecciones que se realicen en el Cabildo.

Por otro lado, la veedora Laura Cantillo dio a conocer que de las 53 familias objeto de desalojo hay 12 que no están de acuerdo con el proceso; también propuso que en el proyecto se deje claro que luego de la compra del lote deben darse medidas de reparación colectiva. Cantillo también expresó que independientemente de la situación interna del cabildo, el Distrito debe cumplir con la orden de judicial de reubicar a las familias.

Por último, la delegada de Asuntos Étnicos de la Defensoría del Pueblo, aclaró que en el caso del CAIZEM, si no se adquiere un predio en el que se reubique a la comunidad no es posible activar el sistema de atención a víctimas de conflicto armado que incluye temas como salud, vías y educación.

Los concejales Carlos Barrios (Cambio Radical), Ronald Fortich (Cartagena Confirma), Duvinia Torres (La U), Angélica Hodeg, César Pión (La U), Américo Mendoza (ASI), y Javier Curi (Liberal) señalaron que en el proyecto presentado hay vacíos y son necesarios documentos y soportes como el censo de la comunidad, avalúo del terreno, especificaciones del predio, aclaración de que el aporte del Distrito es de $300 millones, actas de reuniones de la mesa técnica, uso de suelo del predio, inclusión de un artículo que contemple la necesidad de promover desarrollo integral de la comunidad, etc.

La principal inquietud de los cabildantes se basó en las medidas de desarrollo integral, pues más allá de la compra del lote debe haber un compromiso de construir viviendas, asegurar servicios públicos, implementar proyectos productivos, y establecer estrategias para favorecer a esta comunidad.

  1. PROYECTO DE ACUERDO No. 172 “Por medio del cual se autoriza al Alcalde Mayor del Distrito de Cartagena para realizar una operación de manejo de la deuda pública adquirida por el Distrito el 01 de agosto de 2014, y se dictan otras disposiciones”

De acuerdo con el Secretario de Hacienda, William Valderrama, este proyecto busca reorganizar la deuda pública obtenida tras el crédito de 2014 por $250 mil millones, teniendo en cuenta que el saldo actual es de $82 mil millones, de los cuales $12.900 aún están pendientes por pagar en 2019.

La motivación de esta iniciativa radica, según la administración, en que el DADIS fue embargado por deudas superiores a los $48 mil millones en el pago de servicios no POS durante la vigencia de 2018. A corte del 30 de agosto de 2019, los embargos de esta vigencia ascendían a $38 mil millones, lo cual ha afectado los Ingresos Corrientes de Libre Destinación.

Por lo anterior, se han tomado varias medidas para mitigar la falta de recursos de ICLD, entre las que está el proyecto en cuestión para aplazar el pago del crédito por un periodo de gracia de 2 años, y de esta manera liberar $7 mil millones. El funcionario indicó que ya se concilió con los bancos de Occidente, Popular, AV Villas y Bogotá, pero los bancos Agrario y Colpatria no se acogieron a esta solicitud.

Finalmente, manifestó que el mes pasado se envió al Ministerio de Hacienda la certificación de deudas en el sector salud por más de $84 mil millones, con la intención de aplicar a los beneficios de la Ley de Punto Final para que la Nación cancele el 70% de la deuda.

Para la concejal Duvinia Torres (La U) la situación de los embargos es preocupante, pues esto no ocurría en el Distrito desde hace varios años, por lo que hizo un llamado al alcalde para atender estos casos y fortalecer la defensa jurídica del Distrito.

La concejal Angélica Hodeg señaló inconsistencias en el texto del proyecto, pues se menciona que si se aprobase antes de finalizar agosto habría beneficios, pero de darse en fechas posteriores solo se liberarían $5 mil millones, sin embargo, la iniciativa se trajo al Concejo el 2 de septiembre.

El concejal Javier Curi (Liberal) manifestó que el crédito de $250 mil millones, ha sido perjudicial para la ciudad, pues aún no hay claridad sobre como se ejecutaron los recursos, y no ha habido informe de los $22 mil millones que se incorporaron al presupuesto para terminar algunos centros de salud.

  1. PROYECTO DE ACUERDO 174 “Por el cual se conceden facultades protémpore al Alcalde Mayor del Distrito de Cartagena para modificar la estructura administrativa del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y establecer las funciones de sus dependencias”.

El director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo, dio a conocer que en noviembre de 2018 se suscribió un convenio con la Alcaldía para el apoyo técnico en el fortalecimiento de su institucionalidad; este proceso ha estado acompañado de la UDC.

Grillo aclaró que esta reforma no es para sacar empleados públicos, la intención es promover el trabajo decente, para lo que se propone la revisión de contratos por OPS para determinar cuáles deben convertirse en cargos permanentes. Además, destacó que esta iniciativa entraría en vigencia luego de las elecciones.

Según el funcionario, para cumplir el objetivo de repensar el modelo de operación y organizar una estructura más eficiente en el Distrito, se proponen varios cambios, algunos de los mencionados por Grillo fueron: habilitar una dependencia encargada del catastro multipropósito, adecuar la defensa jurídica, crear instancias de desarrollo económico, administración turística, TIC, Secretaría de Transparencia y de Ambiente, etc.

En representación de las Universidades de Cartagena y Tecnológica de Bolívar, Martha Carvajal y Juan Camilo Oliveros, se refirieron a la importancia de repensar la arquitectura institucional de la ciudad, fortalecer las practicas de buena gerencia y el talento humano, de manera que la Alcaldía pueda contar con las herramientas necesarias para responder eficientemente a las problemáticas del Distrito.

Carvajal también señaló que en la actualidad la Alcaldía cuenta con 1080 cargos y dio a conocer que esta iniciativa esta pensada para aplicarse en un periodo de aproximadamente 8 años.

Posteriormente, Silvia Lara, Antonio Cabarcas, Erick Urueta, Diana Pereira y Jorge Chavarriaga, representantes de sindicatos de la Alcaldía, manifestaron su inconformismo por la falta de socialización de la iniciativa, pues los trabajadores de la Administración no conocen su contenido y no se les consultó a los sindicatos; además, se mostraron en desacuerdo con aprobar este proyecto en época electoral.

Los funcionarios expresaron que, aunque entienden la importancia de delimitar correctamente las funciones de cada cargo, no debe haber eliminación de puestos, y debe existir un acta de socialización con sindicatos. Así mismo, indicaron que antes de abrir concursos para ciertos cargos debió darse la modernización, pues hubo casos de personas con 20 años en cargos de provisionalidad que quedaron por fuera luego de la última oferta que se hizo.

A su turno, el líder comunal Aldo Lora pidió tener en cuenta la creación de una dependencia de gerencia comunal dentro de la Secretaría del Interior.

Por parte del sector privado se dieron las siguientes intervenciones:

  • Mónica Fadul recordó que hace varios años se dio un esfuerzo similar pero no logró concretarse, y resaltó la importancia de que todos los actores reconozcan la necesidad de ejecutar este proyecto, por lo que hizo un llamado a buscar consensos, y así contar con mejores instituciones que produzcan mejores resultados.
  • Érica Martínez señaló que la estructura del Distrito es la misma desde 2003 y es necesario un fortalecimiento para disminuir los riesgos antijuridicos y las contingencias judiciales. También indicó que esta iniciativa podría haberse dado con anterioridad si la ciudad no tuviera una crisis de gobernabilidad, y expresó que para el próximo alcalde sería una ventaja encontrar este proceso adelantado. Finalmente, manifestó que las facultades son para un nuevo diseño institucional no para crear o suprimir cargos.
  • Verónica Monterrosa, por parte del Consejo Gremial de Bolívar, resaltó la importancia de fortalecer el talento humano del Distrito, diversificar la oferta institucional, y aprovechar oportunidades del Plan de Desarrollo Nacional, recursos de cooperación internacional y regalías en beneficio de la ciudad, generando mayores oportunidades de inversión. Además, mencionó la necesidad de contar con sistemas de información modernos, y formalizar aquellas OPS que cumplen funciones misionales.

La jefe de Talento Humano, Margarita Casas, reiteró que con estas facultades no se suprimirán cargos, sino que se busca reorganizar la estructura, teniendo en cuenta que la planta de la Alcaldía tiene 1080 puestos, pero hay más de 4 mil OPS. También aclaró que antes de entrar a socializar con los trabajadores y 29 sindicatos de la Alcaldía es necesaria la aprobación de facultades por parte del Concejo.

Como coordinador del proyecto, el concejal Lewis Montero (Opción Ciudadana) destacó que la relevancia del proyecto es evidente, sin embargo, amerita un estudio cuidadoso y sin prisa, puesto que el Concejo no puede ser responsable de dejar personas desempleadas y considera que las inquietudes de los sindicatos son válidas.

Para el concejal Antonio Salim Guerra (Cambio Radical) hay falta de planeación por parte de la Administración, pues este proyecto no debió traerse faltando 3 meses para terminar el cuatrienio, especialmente si los sindicatos no fueron incluidos.

Además, llamó la atención por un aparte del proyecto que menciona que la nueva estructura implicará crear, suprimir o fusionar entidades y dependencias, lo cual representa una solicitud de facultades muy amplias que traen vacíos, y que lo llevarían a abstenerse de votar la iniciativa.

El concejal Américo Mendoza (ASI) destacó que los documentos enviados son un diagnóstico de la situación actual pero no se cuenta con un estudio técnico o insumos que soporten el proyecto, además, no se especifican los cargos que se serán sujeto de restructuración.

En ese sentido, la concejal Duvinia Torres (La U) señaló que debe aclararse si las facultades son para realizar el estudio técnico necesario, pues de ser así lo ideal sería que una vez se construya ese documento se presente un nuevo proyecto de acuerdo en el que se especifiquen los cambios que tendría la estructura de la Alcaldía.

Por otro lado, el concejal Rodrigo Reyes (Conservador) se mostró de acuerdo con la iniciativa que considera de gran relevancia pues solucionará confusiones en delimitaciones de funciones y lentitud administrativa; además, señaló que no se afectarán cuestiones laborales y resaltó que no debe haber intereses políticos de por medio.

  1. PROYECTO DE ACUERDO 173 “Por medio del cual se modifica y adiciona el Acuerdo 041 de 2006 y dictan otras disposiciones”

Por concertación entre los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y el Concejo, esta audiencia pública fue aplazada para el día de mañana.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el martes 10 de septiembre de 2019; a las 8:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital.

Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar de Funcicar.

Ver anexo: PROYECTO DE ACUERDO 175 – CABILDO INDÍGENA

Ver anexo: PRESENTACIÓN CABILDO INDÍGENA

Ver anexo: PRESENTACIÓN GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR SOBRE CABILDO INDÍGENA 

Ver anexo: PROYECTO DE ACUERDO 174 – ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO

Ver anexo: PRESENTACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Ver anexo: PROYECTO DE ACUERDO 172 – DEUDA CRÉDITO PÚBLICO

Ver anexo: PRESENTACIÓN SEC. HACIENDA – REFINANCIACIÓN DEUDA CRÉDITO PÚBLICO

Ver sesión aquí:

Parte 2:

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *