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Concejo denuncia fallas en emisario submarino y sistema de alcantarillado operado por Acuacar

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 24 de junio de 2020

Hora de inicio: 8:32 a.m.

Hora de finalización: 11:26 a.m.

En esta sesión virtual del Concejo de Cartagena se realizó un debate de control político sobre el funcionamiento del emisario submarino operado por Acuacar. Por lo tanto, hicieron presencia en plenaria el director técnico de Acuacar, director del EPA, jefa de la Oficina Asesora Jurídica, director de Cardique, personera distrital y representantes de Contraloría.

Iniciado el orden del día, se dio lectura al documento por el cual el gerente de Acuacar delega al director técnico, Fredy Ángulo, para que lo represente en sesión. Además, se dio lectura a un oficio en el que la procuradora ambiental, Mayerly Chamorro, explicó que no está autorizada para representar a la Procuraduría en esta citación, motivo por el que se ausentará del debate.

Inicialmente, el director técnico de Acuacar, Fredy Ángulo, dio a conocer que desde 2013 el recaudo por tarifa del servicio de alcantarillado ha sido el siguiente: En 2013 alcanzó los $2.661 millones, en 2014 fueron $3.210 millones, en 2015 fueron $3.475 millones, en 2016 fueron $4.780 millones, en 2017 fueron $6.863 millones, en 2018 fueron $6.691 millones, en 2019 fueron $7.044 millones y en lo que va del 2020 son $1.127 millones.

De acuerdo al funcionario, la estación de bombeo “Paraíso” es la encargada de recoger todas las aguas residuales de la ciudad, a partir de allí hay 19 kilómetros de tubería con 1,83 metros de diámetro que conducen las aguas hasta la planta de pretratamiento ubicada en inmediaciones del corregimiento de Punta Canoa, dicha planta efectúa el control y retiro de elementos encontrados en el agua residual antes de que sean dispuestas al emisario, a través de una tubería submarina de 4.3 kilómetros.

Ángulo dio a conocer que entre 2013 y 2016 el mantenimiento del emisario estuvo a cargo de la empresa Hidramar, en 2017 se contrató con la empresa Morales Fakih y Cía., quienes también realizan inspecciones periódicas a través del contrato 64 del 2018. Para cumplimiento de la interventoría ambiental exigida por la Resolución 345 del 2001 existe un contrato vigente con la empresa CA Soluciones Ambientales S.A.S., quienes envían un reporte trimestral a Cardique.

Además, indicó que se toman muestras para determinar si en el emisario hay presencia de materiales pesados o combustibles, así mismo, se retiran elementos o basuras en la planta de pretratamiento. El funcionario dio a conocer que el agua alrededor del emisario es considerada de buena calidad para contacto primario.

El funcionario manifestó que se han efectuado batimetrías que certifican que la dinámica del fondo del mar no se ha visto afectada por el emisario y los últimos análisis dan cuenta de su óptimo funcionamiento. Finalmente, indicó que, de acuerdo a un estudio de la UDC, se determinó que la zona donde se mezcla el agua residual con el agua de mar presenta una mejor dilución de la esperada.

Posteriormente, el concejal citante César Pión (La U) realizó un análisis de la situación del emisario; algunos de los puntos mencionados fueron los siguientes:

  • El emisario cuenta con licencia ambiental a través de la Resolución 0345 de 2001 de Cardique, en la cual se impone la necesidad de adoptar un programa de mantenimiento preventivo.
  • En 2017 la Personería determinó que entre 2013 y 2016 la inversión por parte de Acuacar disminuyó de $2 mil millones anuales a $300 millones; y solo hasta 2019 se invirtieron recursos en mantenimiento profundo, por lo que se encontraron problemas de infraestructura.
  • Pese a la poca inversión en el emisario, Acuacar incrementó la tarifa en 2013 para financiar el monitoreo, mantenimiento y operación.
  • No hay una interventoría ambiental real, pues los contratos acreditados son de asesoría para un interventor inexistente, en el que se invierten $5.500.000 mensuales.
  • El Distrito nunca ha recibido informes de interventoría ambiental y no hace seguimiento a las obligaciones derivadas de la Resolución 0345.
  • En oficio de febrero del 2020 se informó de la posible ruptura de tuberías cerca a Puerto Rey, lo que causó desequilibrio en los ecosistemas.
  • Mediante resoluciones Cardique informó sobre deficiencias en la operación y destacó que los informes trimestrales eran presentados por un funcionario de Acuacar y no por un interventor.
  • Cardique expresó que la operación del sistema de alcantarillado, principalmente de los equipos de bombeo, es mala y falta optimización de los procesos.
  • Se advierte una desproporción de lo recaudado en la tarifa por costos asociados al sistema de alcantarillado y lo realmente invertido en mantenimiento así:
  • Es innegable que hay problemas en la operación del emisario y que no se remiten los informes de gestión ambiental. Además, ha habido omisiones por parte del Distrito en el seguimiento a este tema.
  • Es necesario crear un comité de seguimiento permanente, revisar la contratación de la interventoría y realizar una audiencia pública con la comunidad. Lo anterior para analizar si deben replantarse los términos de la concesión o darla por finalizada, así como revisar la tarifa.

Por parte de las comunidades de Punta Canoa, Puerto Rey y Pasacaballos, los ciudadanos Albeiro Morales, María Aguilar, Ronald Valiente, y Julio Gutiérrez presentaron sus inconformidades con el emisario submarino; en ese sentido, Morales y Aguilar destacaron los continuos malos olores que perjudican a Punta Canoa y las afectaciones al turismo en la zona.

Valiente dio a conocer que ha habido 2 rupturas cerca a Puerto Rey y las aguas continúan filtrándose; además, Gutiérrez indicó que no se ha dado cumplimiento a la tutela que ordena la creación de un comité y expresó que en Pasacaballos no se cumplió el debido proceso.

La subdirectora de Cardique, Diana Rodríguez, informó que el sistema de alcantarillado y emisario submarino presentan fallas y debilidades, y se ha solicitado a Acuacar cumplir con las obligaciones de la licencia ambiental. Hasta la fecha, los informes de interventoría enviados por Acuacar no han cumplido con el rigor técnico necesario. Algunas debilidades que se presentan son de rebose, olores ofensivos, y fallas en el sistema de tratamiento.

También en representación de Cardique, Benjamín Di Filipo explicó que se han detectado falencias reiterativas relacionadas con reboses en el sistema de transporte de aguas residuales en las estaciones de bombeo, lo cual afecta los cuerpos internos de agua y ocasiona mortandad de peces; además, hay quejas constantes de la comunidad de Punta Canoa por malos olores y roturas de tubería.

El funcionario dio a conocer que no se está cumpliendo la norma de vertimiento y Acuacar está en la obligación de construir una planta de tratamiento, ya que la que está en funcionamiento es una planta de pretratamiento que solo recoge sólidos sedimentables y no otro tipo de contaminantes.

La jefa de la Oficina Asesora Jurídica Distrital, Myrna Martínez, anunció que analizará el tema para tomar decisiones, pues es una situación inquietante, especialmente en lo relacionado a los valores recaudados e invertidos.

El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) pidió el concepto de la funcionaria, ya que los $25 mil millones que se incorporarían al presupuesto a través del Proyecto de Acuerdo 020 provienen de un laudo arbitral en el que Acuacar aún considera que los recursos deben entrar a sus arcas. Al respecto, Martínez explicó que el laudo es claro en determinar que los recursos corresponden al Distrito.

Más adelante, el director del EPA, Javier Mouthon, expresó que esta entidad no tiene jurisdicción sobre las islas sino únicamente de la zona urbana, sin embargo, colaboran con Cardique en actividades de vigilancia.

La personera Carmen de Caro, señaló que el sistema de alcantarillado se ha convertido en un problema de salud pública pues es insuficiente para las necesidades de la ciudad, causando reboses de aguas negras cada vez que las aguas lluvias se unen al alcantarillado; sin embargo, Acuacar no ha presentado un plan de drenajes pluviales y alega que es necesario el apoyo económico del Distrito para este fin.

En cuanto al emisario, De Caro expresó que hay constantes quejas por malos olores y manifestó que las descargas por emergencia deben revisarse y no puede permitirse que sean constantes.

Por parte de la Contraloría, Hernán Madrid, anunció que se revisarán las inquietudes en materia de recaudo e inversiones al emisario para analizar la situación durante la auditoría a Acuacar.

El concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) llamó la atención por un fallo de tutela de 2014 que obliga al Distrito y Acuacar a construir un alcantarillado en Puerto Rey y Tierra Baja, por lo tanto, el año pasado se invirtieron $10 mil millones para iniciar las obras, pero no han finalizado y tampoco se cumplieron las especificaciones para la tubería; en ese sentido, invitó a la Administración a gestionar los recursos faltantes para evitar la pérdida de la inversión realizada.

A petición de varios concejales, se creó una comisión accidental para continuar el seguimiento al emisario submarino, de la cual harán parte los concejales César Pión, Rodrigo Reyes (coordinador), Lewis Montero, Wilson Toncel, Liliana Suárez, David Caballero y Kattya Mendoza.

Seguidamente, la plenaria se declaró en sesión informal para escuchar a Julio Gutiérrez, representante de Pasacaballos, quien reiteró que se desconocen las sanciones aplicadas por la situación del emisario y no se ha cumplido con las consultas previas necesarias.

Por último, el concejal Fernando Niño (Conservador) anunció que presentará una proposición sobre las declaraciones del alcalde Dau en las que señala que por deudas de $2 billones el Distrito entraría en Ley 550, sin embargo, esto no corresponde a los reportes enviados por Secretaría de Hacienda donde se ha informado de los avances en un plan de saneamiento fiscal, Ley de Punto Final y de las proyecciones de recaudo.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el jueves 25 de junio de 2020; a las 8:00 a.m. a través de videoconferencia.

Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.

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