Concejo analiza contagios COVID-19 en Cartagena, Transcaribe y Cárcel de Mujeres

 

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 21 de abril de 2021. 

Hora de inicio: 9:01 a.m.

Hora de finalización: 1:18 p.m.

Para esta sesión del Concejo estaban programados los informes de gestión de los alcaldes locales. Iniciado el orden del día, el alcalde de la Localidad de la Virgen y Turística, Andy Reales, dio a conocer que para gastos de funcionamiento en 2020 contó con $113 millones y se ejecutaron $88 millones, para gastos de inversión se contó con $7.710 millones que se ejecutaron en 100%.  

También informó que se les redujo el presupuesto en $3.287 millones. Algunos de los contratos suscritos el año pasado fueron para entrega de ayudas humanitarias por $2.997 millones y para entrega de elementos de bioseguridad por $1.997 millones. Además, presentó la lista de sectores en los que se entregaron ayudas humanitarias, algunos de los sectores donde más se entregaron fueron Bayunca con 4.231 kits y Olaya Sector Ricaurte con 3.975.

Reales presentó la planificación de metas para 2021, sin embargo, ante una pregunta del concejal David Caballero (Conservador), el funcionario explicó que estas metas no han empezado su ejecución debido a que ya no son representantes legales del Fondo de Desarrollo Local por el limbo administrativo generado por la Ley 2082. Por lo tanto, Caballero sugirió no presentar estas metas del 2021 ya que no hay avances.

La personera Carmen de Caro, solicitó aclarar si Reales presentó a la Alcaldía los proyectos de 2021 para que sean autorizados. Reales explicó que Secretaría de Planeación pidió presentar todos los proyectos, sin embargo, la Alcaldía Local no cuenta con personal suficiente para la formulación y no ha sido posible realizar contratación de personal debido al limbo administrativo.  

Para el concejal César Pión (La U) es necesario analizar las Alcaldías Locales en su integralidad, por lo que propone suspender el debate y organizarlo. Pión considera que estas entidades “enmascaran” su ejecución en capacitaciones y se requiere que expliquen con mayor detalle cómo utilizan los recursos.

El concejal Rodrigo Reyes (Conservador) indicó que la Ley 2082 designó al alcalde mayor como ordenador de gastos de los Fondos Locales, por lo que la Administración debe definir si ejecutará los recursos de los Fondos o si mantendrá la descentralización administrativa. Reyes considera que sería un error que el alcalde asuma las delegaciones, teniendo en cuenta sus múltiples ocupaciones y cargas.

Posteriormente, se informó que el alcalde de la Localidad 3 se encontraba en la plataforma virtual. Luego, se dio lectura al oficio por el cual Luis Negrete, alcalde local 1, se excusa por su inasistencia debido a que se encuentra en citación con la Procuraduría. También se dio a conocer que Negrete no envió el informe de gestión correspondiente.

Los concejales Javier Julio (Coalición Alternativa) y Luder Ariza (Alianza Verde) llamaron la atención porque el alcalde local 1 ha sido reiterativo en ausentarse de la Corporación, por lo que consideran que deben tomarse correctivos al respecto.

A su turno, la concejal Carolina Lozano (ASI) pidió aclarar si hay espacio en el cronograma para aplazar el informe de gestión antes de que terminen las sesiones ordinarias, pues de no ser así, considera deben continuar las presentaciones en esta sesión.

La concejal Gloria Estrada (Liberal) manifestó que si los alcaldes ya no representan los Fondos, no les correspondería presentar el informe. Por lo tanto, la concejal Lozano solicitó que entonces se ponga a consideración la cancelación de la presentación, en lugar del aplazamiento.

Al someter a votación el aplazamiento de los informes de gestión los resultados fueron 11 votos a favor de aplazar (Barrios, Caballero, Cassiani, Curi, Estrada, Niño, Piña, Reyes, Suárez, Toncel), 7 votos en contra (Arboleda, Ariza, Julio, Lozano, Marín, Mendoza Sergio, Mendoza Kattya), y 1 ausente (Montero). De esta manera, los informes de gestión de los alcaldes locales quedaron aplazados.

Continuando con el orden del día, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) dio lectura a un documento donde deja constancia sobre el Proyecto 072 (incorporación presupuestal) y propone una enmienda para que los $5 mil millones destinados al rubro de “estrategias para mejoramiento de finanzas distritales” sean redirigidos para Transcaribe, toda vez que esos recursos no alcanzaran a ser ejecutados por Hacienda.

Barrios se refirió a una nota de prensa donde la Secretaria de Hacienda informa que es posible que no se utilice el crédito con Findeter, toda vez que se han estado agrupando varias fuentes de financiación para Transcaribe, por lo que Barrios considera que sería pertinente redirigir los $5 mil millones mencionados.

Como ponente del Proyecto 072, la concejal Gloria Estrada (Liberal) llamó la atención porque desde hace un mes la Secretaria de Hacienda está buscando alternativas para Transcaribe, pero aún no hay nada concreto y pidió al alcalde evaluar a los funcionarios que no están dando la talla.

El concejal César Pión (La U) señaló que Transcaribe presenta un déficit de $17 mil millones y aunque el Gobierno Nacional asumirá el déficit generado por la pandemia, aún le corresponde al Distrito conseguir recursos para solventar el sistema.

En ese sentido, el concejal Barrios reiteró que con su propuesta de redireccionar $5 mil millones, sumados a los $4.900 millones que ya están para Transcaribe, y sumando los $1.900 millones que se propuso redirigir del PES a Transcaribe, sería posible cubrir la mayoría del déficit de $17 mil millones, sin olvidar que, por los inconvenientes de recaudo, ese déficit podría aumentar.

El concejal Óscar Marín (Conservador) recordó que solicitó a Hacienda que los recursos para Transcaribe que se encuentran en el Proyecto 072 fueran desligados en un Proyecto de Acuerdo independiente, de manera que no dependan del Proyecto 072, el cual tiene dudas por resolver.

Continuando con el orden del día, el concejal Luis Cassiani (Cambio Radical) informó que la ocupación de camas UCI el 20 de abril fue del 74%, además, hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar el autocuidado, teniendo en cuenta que el DADIS anunció que en el Distrito ya circula la variante británica del virus.

Cassiani propuso que la Administración y el Concejo analicen la posibilidad de adquirir biológicos de manera independiente para reforzar el proceso de vacunación, teniendo en cuenta que ya se autorizó a los entes privados para negociar vacunas. Frente a esto, sugirió crear una comisión accidental con los concejales Carlos Barrios, César Pión, Luder Ariza, Kattya Mendoza y Luis Cassini para estudiar la propuesta.

Sobre este tema se dieron las siguientes intervenciones:

  • Los concejales Javier Julio (Coalición Alternativa), Óscar Marín (Conservador) y Sergio Mendoza (Alianza Verde) expresaron que invitar al país a visitar Cartagena durante Semana Santa fue una decisión irresponsable por parte de la Administración y en consecuencia los ciudadanos deberán extremar el autocuidado en las próximas semanas, por lo que invitaron a que se tomen medidas más responsables o encaminadas a un turismo más sotenible.
  • El concejal Luder Ariza (Alianza Verde) dio a conocer que la variante británica es 50% más contagiosa y afecta a niños, población que no cuenta con suficiente infraestructura hospitalaria en el Distrito. También expresó que no hay una estrategia clara para combatir el COVID y es posible que las estadísticas sean mayores a las reportadas, ya que muchos contagiados siguen a la espera de que se les realicen pruebas.
  • La concejal Kattya Mendoza (Liberal) sugirió consultar a MinSalud sobre qué fuentes de financiación pueden utilizarse para comprar vacunas y así evitar inconvenientes futuros. Además, pidió a la Administración retomar medidas como la alternancia laboral, operativos en centros comerciales y mercado de Bazurto, y reorganizar un toque de queda más estricto, con el fin de evitar que en los próximos días haya un colapso en las camas UCI.

A continuación, se dio lectura a una solicitud de información enviada por la Comisión del Plan al comité que hace seguimiento al convenio con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo sobre el proyecto de protección costera. También fue leído un oficio donde la gerente de la empresa Afinia informa que no podrá asistir a la sesión convocada para el día 22 de abril, sin embargo, solicitó que esta invitación sea reprogramada.

Seguidamente, la concejal Carolina Lozano (ASI) pidió al Secretario del Concejo dar lectura al documento que se le envió sobre una denuncia; frente a esto, el Secretario aclaró que no le dio lectura debido a que no trata de un oficio dirigido a la mesa directiva o la plenaria.

Al respecto, la concejal Kattya Mendoza (Liberal) informó que junto a los concejales Lozano, Javier Julio (Coalición Alternativa), Óscar Marín (Conservador), Sergio Mendoza (Alianza Verde) y Luder Ariza (Alianza Verde) presentó una queja disciplinaria contra el Secretario del Interior, David Múnera, por presuntas irregularidades en la Cárcel de Mujeres. Algunos de los hechos que motivaron la queja fueron:

  1. Al parecer no existe convenio interadministrativo entre Cartagena y Turbaco que permita el funcionamiento de la cárcel en el municipio, afectando el principio de legalidad.
  2. La licencia de construcción de la edificación donde se encuentra la cárcel era para uso comercial, y al ser comercial no se cumplen los requisitos requeridos para centros de reclusión.
  3. El contrato de arrendamiento de 2020 fue por un área de 5000 m2, sin embargo, presuntamente dicha área no corresponde únicamente a la cárcel, sino que incluye una estación de servicio, por lo tanto, el objeto del contrato podría ser ilícito. Además, en 2021 el contrato se celebró por un área de 2131 m2 pero con el mismo precio de 2020.

Mendoza indicó que deben garantizarse los derechos de las reclusas y sus condiciones de salubridad, pues ha habido tiempo suficiente para estudiar estas irregularidades y tomar medidas, pero deben ser los entes de control quienes den claridad al respecto.

El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) dejó constancia de que al enviarse a entes de control ya la plenaria no tiene competencias sobre el asunto. Así mismo, informó que en los próximos días la comisión integrada para visitar la cárcel realizará un recorrido y presentará un informe, pero sería inverosímil invitar a la concejal Mendoza, ya que ella está aplicando medidas de bioseguridad desde su vivienda.  

Barrios recordó que sería necesario vincular a quienes iniciaron el contrato en 2019 pues esto se trata de un “problema heredado”, pero ante los hechos tendría que analizarse la posibilidad de trasladar la cárcel y suspender el pago del canon de arrendamiento.

La concejal Carolina Lozano (ASI) expresó que había solicitado ser parte de la comisión que hará el recorrido pero no fue convocada. También dio a conocer que un ciudadano denunció que la cárcel no cuenta con suministro de agua, por lo que se vienen realizando vertimientos de aguas contaminantes al caño Zuleta.

De igual forma, el concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) indicó que en cercanías al centro de reclusión existe una estación de gasolina que representa un riesgo para las reclusas en caso de una emergencia.

El concejal Luis Cassiani (Cambio Radical) recordó que fue en cumplimiento de un fallo judicial que la cárcel se traslado de San Diego a Turbaco y en Cartagena no se encontró un predio que cumpliera las condiciones; igualmente, mencionó que la cárcel de Ternera tampoco cumple las condiciones, pero ese caso no se ha analizado.

El concejal Luder Ariza (Alianza Verde) destacó que es cierto que se trató de una orden judicial de 2019 pero debían verificarse las falencias, especialmente lo referente a mantener el mismo canon de arrendamiento pese a la reducción del área.

La personera manifestó que, a raíz de una pregunta del Concejo, el personero delegado en lo penal visitó la cárcel e informó que está en perfectas condiciones,  las reclusas “están felices y allá no está pasando nada”, sin embargo, acudirá al recorrido programado para verificar. De Caro expresó que el valor debió disminuir ante la reducción de área y resaltó que no hay facilidad para encontrar un predio en el Distrito donde se acepte una cárcel.

El concejal David Caballero (Conservador) dio a conocer que INPEC y USPEC visitaron y avalaron el traslado a Turbaco y considera que lo referente al POT de Turbaco debe ser investigado por ese municipio y no era decisión de la Administración de Cartagena.

Por otro lado, Caballero pidió a la Personería revisar la actuación del inspector de policía de Bocachica pues se han presentado denuncias por cerramiento de lotes en la zona, pero no se toman acciones.

Finalmente, el concejal Luder Ariza (Alianza Verde) pidió por tercera vez ser parte de la comisión que visitará la cárcel de mujeres.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el jueves 22 de abril de 2021; a las 8:30 a.m.

Escrito por Diana Infante Del Río, investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.

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