Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 13 de abril de 2021.
Hora de inicio: 9:09 a.m.
Hora de finalización: 10:57 a.m.
Iniciado el orden del día, se dio lectura a un documento mediante el cual una veeduría denuncia la construcción ilegal de una estación de gasolina ubicada en el barrio Torices. Frente a lo anterior, la plenaria se declaró en sesión informal para escuchar a los siguientes ciudadanos:
- Ramiro Rodríguez indicó que la federación Fendipetroleo denunció que en el barrio Torices se está construyendo una estación de gasolina sin las pautas legales y de urbanismo. Además, en el año 2019 la curaduría No. 1 expidió un permiso para adecuación o remodelación, sin embargo, la construcción corresponde a una obra nueva, violando lo establecido en el POT, toda vez que se está construyendo en un área residencial que no corresponde a comercial.
- Katherine Vázquez, expresó que Fendipetroleo desde 2012 hace seguimiento y denuncias de construcciones irregulares de estaciones de servicio de combustible, sin embargo, ninguna de las denuncias prospera. Sobre la construcción en el barrio Torices indicó que no cumple con el POT, y se pone en riesgo a toda la zona residencial que se encuentra a pocos metros; también informó que instauró una denuncia ordinaria y una denuncia ante la inspección de policía.
- Álvaro Schotborgh, presidente de Vecincol, hizo saber que desde el 2019 están realizando denuncias sobre la construcción de la bomba de gasolina en el barrio Torices. Además, agregó que la misma situación se presenta en otra estación de gasolina del barrio 13 de junio, la cual se encuentra a metros de una institución educativa y sus dueños son los mismos que los de la estación de Torices. Sin embargo, señaló que las denuncias sobre estas y otras construcciones ilegales no han sido escuchadas por los entes de control y enfatizó en que el inspector de policía, a pesar de contar con evidencias de un perito sobre las irregularidades, señaló que no podía realizar la inspección por la pandemia.
Al respecto, el concejal Cesar Pión (La U) solicitó a la mesa directiva enviar una solicitud de información a la Secretaría de Planeación requiriendo las peticiones de adecuación de bombas de gasolina que se han expedido los últimos 8 años.
Por su lado, el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) indicó que se debe realizarse un debate de control político e hizo un llamado al Alcalde para “poner en cintura” a los funcionarios y que se den los controles respectivos
El concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) recordó que el año anterior presentó una proposición para debatir sobre la bomba de gasolina del barrio 13 de junio, sin embargo, nunca fue programado el debate, por lo que solicitó que su denuncia llegue a los entes de control junto a las presentadas por los ciudadanos.
Luego, el concejal Lewis Montero (La U) señaló que en años pasados denunció la proliferación de estas bombas de gasolina y reiteró la necesidad de un mayor control al respecto, pues Control Urbano y las Curadurías no cumplen sus funciones en lo correspondiente a la correcta expedición de permisos de construcción.
A su turno, el concejal Luis Cassiani (Cambio Radical) sugirió invitar a los constructores de esta obra para conocer la forma en que se adelantaron los permisos de construcción.
La personera, Carmen De Caro, manifestó que inició una investigación al inspector de policía por sus actuaciones y otra a Secretaría de Planeación por entregar el concepto de impacto urbanístico, pese a no tener los requisitos. De Caro informó que se llevó a cabo una mesa de trabajo con Planeación y se acordó organizar la reglamentación de usos de suelos y capacitar a curadores, inspectores y funcionarios.
Siguiendo con el orden del día, el concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) dio lectura a documento donde pidió información a Secretaría de Infraestructura sobre la liquidación del contrato para las obras del colegio San Felipe Neri. A su vez, denunció que en horas de la noche, la constructora encargada entró al plantel para retirar los materiales de construcción sin la supervisión de funcionarios distritales o ciudadanos.
Posteriormente, por solicitud del concejal Óscar Marín (Conservador), la personera aclaró que no adelanta investigaciones sobre la ubicación de la cárcel de mujeres o su canon de arrendamiento, por lo que invitó al concejal a enviar la documentación que posea para abrir la investigación.
A lo anterior, se dieron las siguientes intervenciones:
- El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) explicó que en 2019 se trasladó la cárcel a un lugar cercano al municipio de Turbaco y el arrendamiento tiene un costo de $1.800 millones, cifra que considera escandalosa. También recordó que está pendiente la creación de la comisión que hará la visita a la cárcel.
- El concejal Luder Ariza (Alianza Verde) denunció que en esta nueva sede de la cárcel de mujeres no existe un pabellón especial para mujeres en estado de embarazo o que tengan hijos menores a 3 años.
- La concejal Kattya Mendoza (Liberal) dio a conocer que en el 2020 se contrató el inmueble de 5000 metros cuadrados por $150 millones mensuales para un total de $1.600 millones para un periodo de 11 meses; sin embargo, el contrato se ajustó para 2021 cambiando el área a 3.520 metros cuadrados por el mismo valor. Mendoza señaló que este inmueble no cuenta con un alcantarillado adecuado y deben garantizarse las condiciones de las reclusas.
Por otro lado, el concejal Fernando Niño (Conservador) resaltó la importancia del proyecto sobre el rediseño administrativo a la Alcaldía; igualmente, manifestó su preocupación por la situación del Hospital Universitario debido a que todas las camas UCI están ocupadas y cuenta con poco personal para atender a los pacientes.
A petición del concejal Luder Ariza (Alianza Verde), la plenaria se declaró en sesión informal para escuchar a Mirlanda Meza, habitante de Pasacaballos, quien presentó quejas porque el ICBF disminuyó los cupos en 2 CDI donde se atendía con alimentación y pedagogía a 375 niños pero este año se excluyó a 105 niños sin ninguna razón; la ciudadana expresó que han hecho múltiples llamados a esta entidad en busca de respuestas pero no han sido atendidos.
La Primera Vicepresidente, Liliana Suárez, sugirió al concejal Ariza realizar una proposición para citar a Secretaría de Participación, Secretaría General e invitar al ICBF con el fin de buscar soluciones a la situación. Además, la Personera Carmen De Caro, solicitó el contacto de la ciudadana para tramitar su denuncia a través de la Personería Delegada para la Niñez.
Finalmente, el concejal Luis Cassiani (Cambio Radical) sugirió verificar si el Concejo tiene la competencia para hacer control político al ICBF.
Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el miércoles 14 de abril de 2021; a las 8:30 a.m.
Escrito por Jesús Correa Turizo, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
Ver sesión aquí: https://www.youtube.com/watch?v=9COouvpAvdc
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