Alcaldía y Concejo de Cartagena retoman proceso para reubicar Cabildo Indígena Zenú de Membrillal

El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 26 de mayo de 2021 

Hora de inicio: 9:04 a.m.

Receso: 9:39 – 9:58 a.m.

Hora de finalización: 11:03 a.m.

Iniciado el orden del día, el concejal Laureano Curi (ASI) hizo un llamado a la ciudadanía para mantener los cuidados de bioseguridad durante la pandemia y pidió un minuto de silencio por el fallecimiento de Iván Sierra Porto.

El concejal David Caballero (Conservador) expresó su preocupación por el alumbrado público, pues zonas como el puente Romero Aguirre, Pie de la Popa, Socorro y Manga se encuentran a oscuras, y no es claro cuáles han sido los avances desde que se cambió el operador, por lo que propone pedir un informe a la Administración que también incluya detalles de cómo se prevé la prestación del servicio en 2022.

El presidente del Concejo, Wilson Toncel, señaló que es pertinente presentar una proposición al respecto para conocer cómo se han invertido los recursos destinados a mantenimiento y expansión de alumbrado público, ya que la ciudad se encuentra más oscura que en otros años.

Para el concejal Lewis Montero (La U) desde que se nombró un nuevo Secretario General parece que no hubiera nadie en el cargo, pues la ciudad se encuentra a oscuras y sucia, además, considera que hay caos en materia de servicios públicos. Montero indicó que, al parecer, la empresa Veolia compró acciones de Acuacar; en ese sentido, manifestó que deberá realizarse control político al tema de servicios públicos.

Más adelante, el concejal César Pión (La U) informó que en reunión con Secretaría de Planeación y Oficina Jurídica sobre las objeciones al Proyecto 063 (trámite de APP) se decidió suprimir varios artículos y mantener el Art. 1 donde se piden informes semestrales de las APP estudiadas por la Administración.

También resaltó que el nuevo interventor de la ESE Hospital Local es Jorge Suárez Gómez, quien fue gerente de la empresa Caprecom antes de su liquidación, y destacó que deberá lograr que las EPS paguen a la ESE para solucionar los problemas de liquidez que presenta, de no ser así solo administrará la ESE por un tiempo, pero la entidad no será salvable.

Pión llamó la atención porque las deficiencias administrativas y de infraestructura en la ESE vienen desde años atrás, lo que lo lleva a considerar que la intervención de SuperSalud podría estar más relacionada a apoyar a ciertos sectores en los próximos comicios electorales. 

Sobre las acciones que vendió Acuacar, el concejal David Caballero (Conservador) llamó la atención porque se supone que es un negocio productivo pero de ser así no se estarían vendiendo acciones. Al respecto, el concejal Pión resaltó que, aunque la empresa es excelente, ha sido acomodada económicamente para la fuga de recursos a otros países y beneficio de unos pocos locales que presuntamente “testaferrean”.

Pión también expresó su inquietud por la presencia del Contralor General de la Nación en Cartagena, pues se informó que estaba en algunas reuniones, pero espera que no se tratara de asuntos políticos sino sobre las investigaciones de la ciudad.

Finalmente, el concejal Luis Cassiani (Cambio Radical) informó que el 25 de mayo la ocupación de UCI fue de 92%, pero destacó que 2 ciudadanos solicitaron apoyo para conseguir camas en el Hospital Universitario, lo que podría indicar que ya se sobrepasó la capacidad instalada.

Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el jueves 27 de mayo de 2021; a las 8:30 a.m.

AUDIENCIA PÚBLICA

  • Proyecto de Acuerdo 080 “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 0014 del 14 de noviembre de 2019 el cual autoriza al Alcalde Distrital de Cartagena de Indias para la compra del terreno para la reubicación de las familias indígenas del Cabildo Indígena Zenú de Membrillal – CAIZEM”

Entre la finalización de la sesión plenaria y el inicio de la audiencia hubo un receso de 19 minutos. Iniciada la audiencia pública, el Secretario de Interior, David Múnera, señaló que este proyecto se aprobó en 2019, sin embargo, el proceso se detuvo por un fallo judicial que obligaba al Distrito a realizar una consulta previa con los miembros del Cabildo para escoger el predio.

Múnera hizo saber que en el año 2020 se escogió un predio con un valor aproximado de $900 millones, de los cuales la Alcaldía aportará $600 millones y la Gobernación de Bolívar $300 millones, por lo que se presenta el proyecto nuevamente a la Corporación para su aprobación.

Además, explicó que el Distrito cuenta con la disponibilidad presupuestal para la compra del lote y enfatizó en la prioridad del proyecto, teniendo en cuenta que para el 30 de junio esta programado el desalojo del terreno donde actualmente se ubica el Cabildo.

Posteriormente, se dieron las siguientes intervenciones:

  • La Personera Delegada para la Comunidad, Rita López, informó que hay 2 fallos judiciales que obligan al Distrito a proceder con la reubicación del Cabildo a un lugar donde puedan conservar sus tradiciones y cultura; también explicó que luego de recorrer varios lotes se encontró uno que podría cumplir estos requerimientos.
  • La directora de la Fundación por la Educación (FEM), Marcy Luz Miranda, manifestó que desde la Fundación se ha acompañado el proyecto y resaltó la importancia de lograr que en el nuevo terreno se respeten y mantengan las tradiciones de la comunidad. A su vez, propuso que el lote quede a título colectivo de todas las familias del Cabildo.
  • El presidente del Consejo Comunitario de Bayunca, Pedro Ortega, expresó que el lote donde se reubicará al Cabildo se encuentra dentro del corregimiento y esto estaría en contravía de la autonomía y representación de las comunidades afrodescendientes, pues las comunidades negras son la máxima autoridad político-administrativa dentro de su territorio. Para Ortega no podrían coexistir con otra autoridad como lo es el Cabildo, ya que podría provocar un conflicto interno; frente a esto pidió analizar la reubicación, evaluar el traslado, o realizar una consulta previa en Bayunca.
  • En representación del CAIZEM, César Alcántara, aclaró que el predio donde se ubicarían se encuentra cerca de Bayunca pero no hace parte de su jurisdicción al ser un lote privado, por lo tanto, no habría conflictos. Así mismo, solicitó que se avance en la aprobación del proyecto para evitar el desalojo.
  • Ana Cuadrado González, representante del Cabildo, enfatizó en la relevancia de concretar la compra del lote, pues si se adelanta el desalojo antes de la aprobación del proyecto no tendrían lugar donde reubicarse, y se verían obligados a asentarse en el Centro Histórico de la ciudad.
  • Por parte del Colectivo TRASO, Miguel Caballero, pidió que en el proyecto se especifique el motivo por el que no se tuvo en cuenta la solicitud de TRASO para realizar aportes económicos en la compra del lote; así mismo, expresó que durante la pandemia apoyaron el sostenimiento del Cabildo y anunció que el Colectivo acompañará el traslado y gestionará proyectos educativos, de atención al adulto mayor y convivencia.

El concejal Óscar Marín (Conservador) expresó que el 10 de noviembre de 2020 un perito avaluó el valor del predio, sin embargo, el documento que certifica al perito como parte del Registro Abierto de Avaluadores es de una fecha posterior al 10 de noviembre, motivo por el que pidió copia del certificado para aclarar la situación.

Por otro lado, señaló que el certificado predial del lote donde será la reubicación tenía un valor de $150 millones en 2020, mientras que el estado de cuentas del bien inmueble sustraído de la página de la Alcaldía lo avalúa para el 2021 en $129 millones, pero el perito avaluó el terreno en $900 millones. Frente a esto, sugirió que otro perito realice el avalúo para identificar el valor real del lote.

Finalmente, el presidente de la Comisión Primera, César Pión, sugirió a los ponentes agregar un nuevo artículo al proyecto, donde se faculte al alcalde para la compra siempre y cuando se cumplan los requisitos de las resoluciones urbanísticas, certificado de libertad y tradición, estado de la propiedad, certificación de documentos, avalúos, entre otros.

Escrito por Diana Infante Del Río, investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.

1050 700 Funcicar
Compartir:

Dejar una Respuesta

Escriba su búsqueda...