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Departamento de Función Pública califica como inviable la posesión del contralor electo

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 30 de julio de 2020

Sesión virtual

Hora de inicio: 9:02 a.m.

Hora de finalización: 12:54 a.m.

La sesión del Concejo contó con la presencia del Secretario de Planeación, directora del IPCC, Alcalde Local 1, inspectora de policía, gerente de Espacio Público, y directora de Escuela Taller para un debate de control político sobre las antenas instaladas en el Centro Histórico. 

El concejal citante Fernando Niño (Conservador) señaló que la ciudadanía debe conocer qué ocurrirá con las antenas, qué normatividad permite la instalación de estas estructuras, que se explique si serán retiradas, y cómo se disminuirá el impacto visual que generan sobre las murallas. 

La directora del IPCC, Saia Vergara, informó que presuntamente las antenas no cuentan con licencia de MinCultura, ni concepto del Comité de Patrimonio, motivo por el que se iniciaron los siguientes procesos sancionatorios:

  • Proceso 014 del 3 de junio del 2020 por el que se formula pliego de cargos por presunta falta contra el patrimonio en indebida intervención de espacio público en el andén aledaño al parqueadero del Centro de Convenciones. 
  • Proceso 016 del 12 de junio del 2020 por el que se formula pliego de cargos por presunta falta contra el patrimonio en indebida intervención de espacio público en el andén peatonal a 30m del parqueadero de La Marina.
  • Proceso 017 del 21 de julio del 2020 por el que se formula pliego de cargos por presunta falta contra el patrimonio en indebida intervención de espacio público en la Avenida Santander. 

Vergara indicó que hay un grupo de inspección que realiza recorridos diarios para determinar posibles obras que afecten el patrimonio; además, expresó que las 3 antenas instaladas contaban con licencia expedida por Secretaría de Planeación en 2019, pero esto no reemplaza el concepto del Comité de Patrimonio.

El Secretario de Planeación, Guillermo Ávila, manifestó que la normativa para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones es de nivel nacional y el 13 de abril MinTIC expidió el Decreto 540 que flexibilizó los términos para instalación de estaciones radioeléctricas, por lo que solo se dan 10 días a los entes territoriales para dar respuesta a solicitudes de despliegue de antenas. 

Ávila explicó que la tecnología 5G amerita que las estaciones se encuentren a 40 m de distancia, lo que implicaría que para cubrir el Centro Histórico serían necesarias 191 estaciones; esta es una preocupación para la Administración, pues considera que las nuevas tecnologías deben ajustarse al patrimonio, y ya se han negado 13 solicitudes de este tipo para instalaciones en el Centro, Getsemaní, y Manga.

El funcionario señaló que con Resolución 8328 del 6 de noviembre de 2019 se otorgó licencia a la empresa Tower 3 S.A.S. para instalar 3 antenas en la avenida Santander, cerca al parqueadero La Marina y cerca al parqueadero del Centro de Convenciones; pudo identificarse que la antena de la avenida Santander y La Marina se instalaron en 2019 pero la del Centro de Convenciones se dio en mayo, por lo que se inició un proceso de revocatoria directa de la licencia en mención y se continuará con solicitud de nulidad.

Tras reunión con MinCultura se logró retomar mesas de trabajo junto a MinTic para abordar la situación, de manera que ingresen las nuevas tecnologías, pero respetando el patrimonio. El Secretario informó que este año no se han autorizado instalaciones pero en 2019 se autorizaron 135 antenas, 5 en 2018, 9 en 2017 y 2 en 2016. Por último, resaltó que las 3 antenas de la empresa Tower 3 no cumplen con el POT.

El concejal César Pión (La U) destacó la importancia de defender el espacio público y señaló que debería existir un acta de inicio de obras con las observaciones urbanísticas y técnicas, pero si no se cumplió este requisito, deben darse investigaciones.

Luego, el gerente de Espacio Público, Ausberto Coneo, aclaró que la Administración no tiene aprovechamiento económico por concepto de antenas, toda vez que no hay un marco normativo para aprovechamiento de andenes y espacio aéreo, sin embargo, se adelantan estrategias y políticas afines. 

La directora de la Escuela Taller, Alexa Cuesta, señaló que esta entidad no entrega permisos ni conceptos sobre las intervenciones en zonas de influencia de los bienes de interés cultural y aclaró que, para el caso de la zona de influencia del cordón amurallado, la competencia para intervenciones es de MinCultura.

Más adelante, la plenaria se declaró en sesión informal para escuchar a Alfonso Cabrera, miembro del Comité Técnico de Patrimonio, quien dio a conocer que no se han entregado conceptos de aprobación para antenas, ni intervenciones relacionadas, sin embargo, se hicieron observaciones para que se propongan procesos de mimetización y se unifiquen criterios, pues la infraestructura es la que debe adaptarse al patrimonio. 

El concejal Lewis Montero (La U) llamó la atención por la articulación entre dependencias, pues cada funcionario se refiere específicamente a sus competencias, pero las antenas continúan instaladas y no es claro si hay posibilidad real de retirarlas. 

Para el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) es desafortunado que con los cambios de Administración los funcionarios culpen a quienes ya no se encuentran, y pidió a la Alcaldía tomar las medidas correspondientes para que no se afecte el patrimonio y recordó el caso de los avisos verticales ubicados en Bocagrande que nunca fueron totalmente desmontados. 

El concejal Fernando Niño (Conservador) señaló que MinCultura indicó que la infraestructura instalada afecta la continuidad visual y paisaje del contexto histórico, y también pone en riesgo la certificación como patrimonio. Además, pidió conocer por qué no se actuó con anterioridad, pues se esperó a actuar tras las denuncias ciudadanas. 

El cabildante mencionó que si no cumple con normas de patrimonio, no hay concepto del Comité, y no cumple el POT debe aclararse cuándo se desinstalarán las antenas, de manera que se haga respetar el patrimonio.

La inspectora de policía, Mónica Herazo, indicó que realizó cerramiento a la obra ubicada en la calle El Arsenal por no contar con plan de manejo de tráfico, plan de residuos y acta de inicio, además, cuenta con los documentos en los que contratistas del IPCC resaltan que la obra tiene permiso de Secretaría de Planeación.  

El Alcalde Local 1, Luis Negrete, señaló que no cuenta con competencias sobre este tema, pero reiteró su compromiso para apoyar en lo que sea necesario y promover la conservación de patrimonio.

El concejal César Pión (La U) manifestó que con la ausencia del acta de inicio hay motivaciones suficientes para dejar “sin piso” estas obras. Al respecto, el Secretario de Planeación señaló que se iniciará un proceso para determinar por qué no se suscribió el acta y reiteró que ya está en curso un proceso de revocatoria y seguirá uno de nulidad por no cumplimiento de requisitos legales. 

Luego, se dio lectura a la excusa de la jefa jurídica distrital, Myrna Martínez, quien estaba citada para el debate pero se ausentó por encontrarse en el consejo directivo del Fondo de Vivienda de Interés Social. La excusa fue aprobada con 13 votos a favor, 1 en contra (Pión), y 4 ausentes (Ariza, Curi, Estrada, Lozano).

Para el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) la Oficina Jurídica deberá precisar sobre el proceso de Secretaría de Planeación pues para demandar un acto administrativo de la misma Alcaldía la figura utilizada es una acción de lesividad y no de nulidad. Además, señaló que, si se cumplen los términos de ley, los procesos podrían tardar 4 meses aproximadamente y pidió crear una comisión accidental que acompañe. 

El concejal Fernando Niño (Conservador) propuso que con el inicio del proceso de nulidad se solicite medida cautelar para que inmediatamente se suspendan las obras y que se prioricen las acciones articuladas en la Administración. Así mismo, resaltó que debe promoverse una reglamentación para permitir el aprovechamiento económico de estas antenas y que sea una alternativa para recibir ingresos. 

El concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) manifestó que no se trata de satanizar la instalación de antenas sino de reglamentarla; además, la concejal Liliana Suárez (ASI) pidió que también se informe sobre las antenas que se ubican en otros puntos de la ciudad y se aclare su procedencia.

Continuando con el orden del día, se dio lectura al documento enviado por el concejal César Pión (La U) a Valorización para explicar lo ocurrido con el proceso de contratación del megraproyecto de protección costera luego de que se determinara que las firmas finalistas no cumplieron los requisitos.

Luego se dio lectura al documento donde Héctor Consuegra, contralor electo, presenta recurso de inasistencia para acceder a una certificación de la elección efectuada el 14 de julio y copia del acta de elección. De igual forma, se dio lectura a un concepto jurídico de la Oficina Jurídica del Concejo donde se informa lo siguiente:

  • De acuerdo a concepto del Departamento de Función Pública, la persona que se encuentra desempeñando el cargo de Asesor de Control Interno, está inhabilitada para acceder al cargo de Contralor Distrital, por ejercer dentro del año anterior a la elección a un cargo de una entidad que hace parte de la rama ejecutiva del nivel descentralizado del Distrito. En tal virtud, no es viable darle posesión en el cargo de Contralor.
  • El acto de elección emitido el 14 de julio de 2020 debe ser objeto de revocatoria para que luego se proceda a recomponer la terna y continuar con el trámite de elección del Contralor Distrital.
  • El recurso de reposición que se presentó el 15 de julio en contra del acto de elección, podría ser una vía que permita al Concejo revocar la decisión de haber elegido a Héctor Consuegra como Contralor.
  • La plenaria de la Corporación debe determinar el medio más expedito y procedente para revocar el acto de elección, sea estudiando el recurso de reposición o las solicitudes de revocatoria directa.
  • Función Pública manifiesta que la convocatoria concluye con el acto de posesión, por lo que hasta tanto se produzca la posesión del Contralor en propiedad, es procedente mantener el encargo de quien ejerce como Secretario General de la Contraloría Distrital, toda vez que le asiste el deber de suplir las vacancias del Contralor.
  • En plenaria se ha dicho que el encargo que venía supliendo el Secretario General de la Contraloría venció el 31 de diciembre de 2019, pero para quien ejerce como Contralor en cumplimiento de un deber, como es el caso del Secretario General, no le es aplicable este periodo institucional.

Para el concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) quien debería ser contralor encargado, mientras se elige un contralor en propiedad, es Hernán Madrid, quien ostenta el cargo de Secretario General de la Contraloría, pues no puede considerarse que Freddy Quintero funge como Secretario y Contralor al mismo tiempo.

Igualmente, la concejal Carolina Lozano (ASI) expresó que Madrid debería ser el contralor encargado, ya que es Secretario General de la Contraloría en propiedad y no en calidad de encargado.

El concejal Rodrigo Reyes (Conservador) señaló que se había solicitado que en la petición a Función Pública se consultará sobre el encargo de Freddy Quintero, y si no se hizo la pregunta, es necesario elevar una nueva consulta en la que se agregue copia del fallo de la contralora de Montería y que en la nueva terna sea claro que no hay inhabilidades. 

Además, mencionó que hay un concepto de 2019 en el que Función Pública señala que para los encargados aplican las inhabilidades y expresó que, si Quintero continúa en la terna tras su recomposición y continúan las dudas, se apartará de la elección de contralor. 

La jefe jurídica, Tatiana Romero, manifestó que el concepto de 2019 mencionado por Reyes es previo al Acto Legislativo 04 de 2019, y recordó que hace una semana dio lectura al concepto de Función Pública donde se hace referencia a Quintero, sin embargo, se reiterarán las consultas efectuadas. Además, precisó que antes de recomponer la terna es necesario que los concejales determinen cómo revocar el acto de elección. 

Para el concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) es preocupante que haya un funcionario que presuntamente ostenta 2 cargos y llamó la atención porque, con base en los criterios establecidos, la persona que perdió en el proceso de elección sigue en el cargo de Contralor; para el cabildante, es un tema de moralidad y objetividad.

Al respecto, el concejal César Pión (La U) expresó que todas las decisiones que se han tomado por parte de la Corporación se han dado bajo los principios de transparencia y moralidad, por lo que no cabe el pensamiento de que se hicieron manejos para acomodar ternas, ni elegir, pues considera que todos los concejales actuaron de buena fe. 

Por último, el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) propuso a sus colegas analizar de qué manera facultar a la mesa directiva para superar esta situación y tomar las decisiones para revocar el acto de elección, de manera que sea posible que, con la voluntad del alcalde, se llame a sesiones extraordinarias para efectuar la elección. 

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el viernes 31 de julio de 2020; a las 8:30 a.m. a través de videoconferencia. 

Escrito por Diana Infante Del Río, investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.

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