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Concejo cuestiona contratación para alimentación de la cárcel de mujeres y salvavidas

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 20 de febrero de 2020.

Hora de inicio: 9:10 a.m.

Hora de finalización: 1:59 p.m.

Para esta sesión del Concejo de Cartagena estaban programados debates de control político sobre la presunta desaparición de vehículos del Cuerpo de Bomberos, suministro de alimentos a las reclusas de la Cárcel de Mujeres, y operación del Cuerpo de Salvavidas.

Sin embargo, a solicitud del concejal citante Luis Cassiani (Cambio Radical), el debate relacionado con el Cuerpo de Bomberos fue excluido del orden del día debido a la ausencia de los entes de control.

Iniciado el orden del día, se procedió con el debate sobre el suministro de alimentos de la Cárcel de Mujeres, para lo cual se contó con la presencia en  plenaria del Secretario del Interior, directora de la cárcel, y jefa de Oficina Asesora Jurídica.

La introducción estuvo a cargo del concejal Hernando Piña (Liberal), quien señaló que el objetivo de la citación es realizar control político a acciones irregulares que se vienen presentando en la Cárcel de Mujeres y podrían convertirse en faltas graves de la Administración.

El Secretario del Interior, David Múnera, dio a conocer que al tomar posesión del cargo, encontró que había alimentos ingresando a la cárcel como resultado de una ayuda humanitaria solicitada por las internas al contratista que dio alimentos en 2019, teniendo en cuenta que la Administración no contaba con una forma legal de contratar servicios para los primeros días del mes.

Por lo anterior, el 2 de enero se firmó un acta de acuerdo entre el contratista, las internas y la directora de la cárcel, donde el contratista señala que entregará la alimentación como una ayuda humanitaria hasta que se solucione el tema contractual.

También indicó que la licitación para contratación del suministro de alimentación a reclusas se encuentra a cargo de la UAC, pues desde el 16 de enero la Secretaría del Interior no tiene facultades para adelantar este proceso; sin embargo, resaltó que esta contratación suele tardar 3 meses aproximadamente. En ese sentido, se decidió realizar un proceso de mínima cuantía para garantizar la alimentación de las reclusas por término de 35 días.

A su turno, la directora de la cárcel, Mercedes García, manifestó que la alimentación entregada al iniciar el contrato que resultó del proceso de mínima cuantía, corresponde al mismo tipo y cantidad de alimentos que se dieron por donaciones.

Para la concejal Gloria Estrada (Liberal) podría haber irregularidades en la donación de estos alimentos, pues es el Distrito quien debe velar por el cuidado de las reclusas; además, pidió conocer los protocolos de ingreso de alimentos y póliza de garantía.

Estrada dio lectura al documento firmado por el señor Jairo Escorcia, representante de los contratistas JyS, donde manifiestan que la alimentación donada será en menor gramaje. Al respecto, el concejal Rodrigo Reyes(Conservador) resaltó que la directora de la cárcel no puede asegurar que los alimentos son los mismos si la carta leída señala lo contrario.

Reyes evidenció que la directora no conoce el manual de manipulación de alimentos para servicios de alimentación en establecimientos penitenciarios donde se determinan los lineamientos requeridos, y se refirió específicamente a las condiciones que deben cumplir los vehículos que entregan los alimentos, toda vez que presuntamente venían siendo entregados por una motocicleta.

Para el concejal Óscar Marín (Conservador) esta situación responde a hechos cumplidos, ya que se está pagando el favor de la donación contratando a JyS para suministrar alimentos por 35 días, lo cual podría generar faltas disciplinarias. Frente a esto, el concejal sugirió a la directora de la cárcel dar un paso al costado si no conoce el manejo del sector público.

El Secretario del Interior resaltó que no comparte las interpretaciones de los concejales, pues el Distrito no hizo parte de la donación, ya que fue un acuerdo entre internas y contratista; por lo tanto, al no existir un acuerdo entre Distrito y contratista no debía cumplirse con pólizas.

Múnera reiteró que no hubo acciones irregulares en el proceso de mínima cuantía donde el único proponente fue JyS y solicitó que el acta de esta sesión sea enviada a entes de control para su revisión.

Luego, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) señaló que la condición de reclusa implica una disminución de libertades, por lo que genera dudas la manera en que las internas pueden suscribir acuerdos o negocios jurídicos, y comunicarse con personas externas como el contratista, sin apoyo institucional.

Lo anterior teniendo en cuenta que el contrato de mínima cuantía terminó siendo adjudicado a la misma empresa que venía entregando donaciones, y que la directora de la cárcel mantuvo el acuerdo que encontró el 2 de enero.

Frente a esto, la directora de la cárcel resaltó que la reclusa que hizo entrega de la petición tiene contacto con quienes ingresan los alimentos, ya que hace parte del comité de alimentos. Así mismo, precisó que al encontrar el acuerdo el 2 de enero no podía impedir el suministro, si en el momento no había otra forma de resolver la situación y entregar alimentos.

García también dio a conocer que en comisión de empalme no se profundizó sobre el tema de alimentación de las reclusas.

Más adelante, la plenaria se declaró en sesión informal para escuchar a Jaime De Ávila, ex director de la cárcel, quien expresó que hasta el 31 de diciembre había contratación para suministro de alimentos, pero en reuniones y varios documentos se informó a la actual directora y entes de control que debía atenderse prioritariamente el caso de la alimentación.

De Ávila aseguró que no tenía conocimiento de la correspondencia entre una reclusa y el contratista, y considera que son documentos ilegales, pues para hacer efectivo el acuerdo debía contarse con el aval de la directora.

Posteriormente, la jefe de la Oficina Jurídica, Mirna Martínez, explicó que la licitación por $1400 millones para contratar el suministro de alimentos en la vigencia 2020 fue iniciado el año pasado y se recibieron observaciones hasta el 15 de enero.

La funcionaria señaló que no podría determinar cuándo continuará el proceso, pues se está llevando a cabo el estudio de las observaciones. Para el concejal Hernando Piña (Liberal) esta es una situación preocupante, pues la mínima cuantía solo dura 35 días y aún no es claro qué ocurrirá después de terminar el contrato.

A su turno, la concejal Kattya Mendoza (Liberal) concluyó el debate resaltando que, aunque se aceptó la donación porque no se contaba con otras opciones, hubo un mal procedimiento, teniendo en cuenta que se trasladó a las reclusas la responsabilidad de garantizar la alimentación.

Continuando con el orden del día, se abrió pasó a la citación al director de Distriseguridad, Luis Roa, quien indicó que se suscribió contrato con el Restaurante y Logística JyS SAS para suministro de alimentos al Cuerpo de Salvavidas por 6 meses.

Roa aclaró que esta empresa fue el único proponente en el proceso, por lo que no se incurrió en faltas. Así mismo, explico que la licitación para suministro de alimentos en el 2020 ya está en proceso.

El concejal citante Carlos Barrios (Cambio Radical) llamó la atención porque la empresa JyS tiene contratos en la cárcel, con escoltas y Distriseguridad, lo cual genera suspicacia. También pidió aclarar qué ocurrió con la alimentación de salvavidas antes de contratar con JyS, o si hubo algún tipo de donación.

De igual forma, cuestionó que la contratación de los salvavidas demoró varios días pese a que el Acuerdo 017 de 2019 ya había especificado quiénes serían las personas contratadas.

Roa aseguró que no hubo un donante durante el periodo en cuestión e indicó que desde el 1 y hasta el 20 de enero los salvavidas prestaron servicios a la ciudad por su compromiso, pero sin contratación.

A su turno, el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) dio a conocer que algunos salvavidas aseguraron que JyS sí les entregó alimentación desde el 1 de enero. Ante esto, el director expresó que no le consta esta situación y se comprometió a verificar lo ocurrido y dar claridad a la Corporación.

Para el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) hubo una omisión en materia de contratación y se evidencia la improvisación por parte de la Alcaldía, motivo por el que invitó a los funcionarios a mejorar sus gestiones y sugirió investigar a profundidad quiénes son los representantes de la empresa JyS.

Una vez finalizado el debate, el concejal Óscar Marín (Conservador) hizo referencia al proceso de contratación de alimentación escolar que se suscribió con la Bolsa Mercantil, pues en SECOP no se han colgado los estudios previos, estudios de sector, minuta, y documentos anexos, por lo que no es claro cuáles son las especificaciones sobre las cuales la Bolsa Mercantil está subcontratando.

Por otro lado, la concejal Carolina Lozano (ASI) señaló que en reunión con vecinos de Getsemaní el Secretario del Interior se comprometió a promover un decreto que implica medidas restrictivas, ante lo cual la cabildante sugiere analizar la situación, pues este tipo de medidas no suelen alcanzar los resultados esperados.

Por último, se aprobaron las siguientes proposiciones:

  • Proposición presentada por la bancada Conservadora en la que se solicita información a Electricaribe y la Oficina de Servicios Públicos sobre la muerte de dos personas en Tierra Bomba por la caída de cables de alta tensión.
  • Proposición por la cual 10 concejales solicitan a la Administración información sobre el Plan de Normalización Urbanística, el edificio Acuarela, y otros temas relacionados con control urbano.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el viernes 21 de febrero de 2020; a las 8:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital.

Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.

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