Concejo cuestiona aplicación del Código de Policía en Cartagena y pide dotación de Inspecciones de Policía

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 26 de marzo de 2019.

Hora de inicio: 9:13 a.m.

Hora de finalización: 1:41 p.m.

En esta sesión del Concejo de Cartagena se realizó un debate de control político sobre la aplicación del Código de Policía en la ciudad; en plenaria se contó con la presencia del Secretario del Interior, inspectores de policía, alcaldes locales, Gerencia de Espacio Público, Policía Metropolitana, Oficina de Control Urbano, IPCC, EPA, y una representante de la Personería.

Iniciado el orden del día, el concejal citante Dagoberto Macías (Cambio Radical) expresó que la intención de esta citación es profundizar en la forma como se viene aplicando el Código, explicar a la ciudadanía qué autoridades tienen competencias para efectuar sanciones, y analizar la situación para lograr una correcta implementación.

Durante la sesión, se realizaron 10 intervenciones de los funcionarios de la Administración presentes en plenaria, así:

  • En representación de los inspectores de policía urbanos se presentó Mónica Erazo, quien dio a conocer que con la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía los inspectores tienen nuevas funciones en las 15 comunas de la ciudad relacionadas con medio ambiente, salud pública, comportamientos que afectan la actividad económica, urbanismo y espacio público, para lo cual cuentan con los mismos 17 inspectores que existen desde hace 15 años. Así mismo, informó que se crearon 3 inspecciones que laboran en la jornada nocturna, fines de semana y festivos. También manifestó que no todas las inspecciones cuentan con las herramientas de trabajo necesarias, hacen falta computadores, impresoras, vehículos, y aunque con la inversión de $9 mil millones se logró la adecuación y remodelación de algunas estaciones, esto no es suficiente.
  • En representación de los inspectores de policía rurales se presentó Martín Arce, quien señaló que varias de las inspecciones rurales ni siquiera cuentan con una sede, tienen poco apoyo policial para los operativos, no hay impresoras, y los computadores son escasos. Arce expresó que la zona rural no hizo parte de la inversión de $9 mil millones para inspecciones; además, se recategorizó a los inspectores urbanos, pero a los rurales no se les incluyó en este proceso.
  • Por los alcaldes locales, intervino el alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, Carlos Mieles, y explicó que las competencias de las Alcaldías Locales disminuyeron en cuanto a intervenciones en el distrito, solo tienen funciones en recuperación de espacio público en zonas de baja mar, y son segunda instancia dentro de los procesos sancionatorios que impone la Policía Nacional.
  • El Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, Henry Sarabia, resaltó que la Policía es el principal actor en la aplicación del Código y con su entrada en vigencia aumentaron sus competencias. Se han aplicado más de 18 mil comparendos, especialmente por uso indebido de espacio público, riñas, y otros. Sarabia dio a conocer que no se ha implementado el Comité Civil de Convivencia, conformado por el personero y el alcalde, para analizar la aplicación del Código. En cuanto al caso que se presentó hace unos días con una palenquera, expresó que apoya el procedimiento realizado pues se dio para ejercer la función de protección de espacio público. Finalmente, explicó que ningún agente de policía puede acercarse a obras de construcción y solicitar licencias, ya que su rol es apoyar a la autoridad de control urbano.
  • Por parte de la Gerencia de Espacio Público, el gerente Dulfry Martínez mencionó las funciones en materia policiva de esta dependencia, destacando la contribución a la política de recuperación de espacio público, acciones de regulación del comercio informal, ejercer como segunda instancia en algunos casos de retención de elementos tras procedimientos de recuperación de espacio público, etcétera. Martínez informó que no tienen competencias para imponer comparendos, ya que esto corresponde a los inspectores y su deber es hacer acompañamiento a procesos de recuperación de espacio público.
  • El jefe de la Oficina de Control Urbano aclaró que actualmente las competencias para el ejercicio del control urbano se delegaron en los inspectores de policía, conforme a la legislación vigente. Sin embargo, los procesos de control urbano que se encontraron en esta dependencia antes de la entrada en vigencia del Código sí deben ser resueltos por esta Oficina. Finalmente, destacó que su función es principalmente preventiva.
  • El Secretario del Interior, José Carlos Puello, expresó que la misión de esta dependencia en lo referente al Código es coordinar con todas las autoridades para que se le dé aplicabilidad al mismo. También informó que en 2018 se celebró un contrato interadministrativo con Edurbe por $2120 millones, con el objeto de realizar obras de mejoras locativas de inspecciones, comisarías de familia y casas de justicia, sin embargo, estas obras aún no se han recibido. Sobre la inversión de $9 mil millones mencionó que se resolvieron necesidades de las inspecciones como contar con un equipo psicosocial, infraestructura, mobiliario, implementos de oficina, y suministro de papelería. Puello informó que la inversión se hizo únicamente en inspecciones urbanas.
  • Iván Sanes, director del IPCC, explicó que esta dependencia no ejerce funciones policivas señaladas en el Código, y dio a conocer que en 2018 se realizaron 349 visitas de seguimiento y control a inmuebles en intervención del Centro Histórico, 412 visitas de seguimiento a publicidad visual exterior, y se iniciaron 33 procesos administrativos sancionatorios.
  • En representación del EPA, Édgar Saleme expresó que el Código no atribuyó nuevas funciones a este establecimiento, sin embargo, resaltó que, en casos de quejas por exceso de ruido en locales comerciales o viviendas, las competencias no son únicamente del EPA.

Como citantes los concejales Wilson Toncel (Cambio Radical) y Antonio Salim Guerra (Cambio Radical) manifestaron que el Código debe aplicarse de igual manera para toda la ciudadanía y no para sectores específicos. Para Toncel, es necesario que en la ciudad existe una reglamentación especial, toda vez que gran parte de la población cartagenera vive de la economía informal, motivo por el que los constantes desalojos de espacio público representan una dificultad para este sector.

Por su parte, Guerra resaltó lo ocurrido con la palenquera que fue objeto de un operativo de espacio público, pues considera son parte de la imagen de nuestra ciudad, además, señaló que de igual forma deben adelantarse operativos contra quienes ejercen la prostitución en espacio público del Centro Histórico.

El concejal César Pión (La U) expresó que el Código ha sido un fracaso a nivel nacional y ha habido una aplicación sistemática errónea del mismo. También destacó que las multas no se han traducido en una reducción de los delitos, e hizo un llamado a la Administración para implementar el Comité Civil de Convivencia y analizar la metodología de aplicación. Para Pión, Cartagena amerita una reglamentación distinta del espacio público y señaló la importancia de reglamentar lo que le corresponde al Distrito.

A su turno, el concejal Américo Mendoza (ASI) resaltó la importancia de lograr la formalización laboral en Cartagena, teniendo en cuenta que las medidas se vienen aplicando a los sectores más débiles de la población y hay puntos del Código que deben ser sujetos de análisis. Para Mendoza es necesario que la Administración sea más tolerante en la aplicación del Código mientras se formaliza la economía a través de un Plan de Mejoramiento de la Informalidad.

Más adelante, la concejal Angélica Hodeg (Alianza Verde) manifestó su rechazó a lo ocurrido con la palenquera y señaló que la aplicación que se viene dando al Código es una muestra de la desigualdad en la ciudad y ataca la idiosincrasia cartagenera. La cabildante propuso la conformación de una comisión accidental entre Policía, Administración y Concejo para revisar la implementación.

Para el concejal Javier Curi (Liberal) este Código carece de contexto social y no tiene en cuenta la informalidad y la costumbre. Además, considera debe priorizarse el tema de convivencia ciudadana; por otro lado, expresó que la política pública de espacio público ha sido un fracaso en la ciudad, pues no se trata únicamente de recuperar dichos espacios sino de crearlos y lograr la inclusión formal de vendedores, comerciantes y artesanos.

Seguidamente, la concejal Duvinia Torres (La U) reiteró la importancia de lograr la reglamentación del Código, pues es un tema que amerita un seguimiento constante. Así mismo, propuso la creación de un Plan de Mejoramiento Integral de las Inspecciones de Policía y la instalación de Comités Civiles de Convivencia en las Alcaldías Locales.

Luego, el concejal William Pérez (La U) señaló que debe definirse si el Distrito tiene la capacidad institucional necesaria para dar cumplimiento a este Código, pues se han desconocido las necesidades de las zonas rurales en cuanto a la aplicación de esta ley nacional. Para el concejal prevalece el derecho al trabajo de la población y no debería afectarse la confianza legítima de la que gozan varios vendedores. De igual forma, denunció presuntos atropellos a dueños de locales comerciales de estratos bajos por parte de la Policía, y solicitó una mayor socialización del Código.

Por otro lado, el concejal Óscar Marín (Conservador) recordó la existencia de la costumbre como principio del derecho y lo relacionó con el caso de las palenqueras, puesto que históricamente han hecho uso del espacio público y no deben aplicarse medidas represivas si no se ha llevado a cabo la reglamentación del Código que le corresponde al Distrito, por lo que sugiere a la Policía abstenerse de realizar sanciones hasta que no se dé la reglamentación o se inicie el Comité Civil de Convivencia.

El concejal Dagoberto Macías (Cambio Radical) pidió mayor participación de la Personería Distrital, pues parece que se vienen atropellando los derechos de la ciudadanía. El concejal citante presentó una proposición para crear una comisión accidental, sin embargo, por falta de quórum, la votación se aplazó para el día de mañana.

Para dar respuesta a las inquietudes presentadas, el Secretario del Interior y el Comandante de la Policía Metropolitana aseguraron que no hay persecuciones a ningún sector específico de la población, y mencionaron que no es posible dejar de expedir comparendos. Finalmente, el Secretario del Interior anunció que en el próximo proyecto de acuerdo de incorporación al presupuesto que se traiga al Concejo, se añadirá una partida para las inspecciones rurales.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el miércoles 27 de marzo de 2019 a las 8:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital.

Ver sesión aquí: 

Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar de Funcicar.

Anexo:

Descarga aquí: Presentación de Inspecciones de Policía Urbanas

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