Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 29 de marzo de 2020.
Hora de inicio: 9:32 a.m.
Hora de finalización: 11:09 a.m.
Iniciado el orden del día, se dio lectura a un oficio enviado por la Asociación Colombiana de Médicos Internistas al concejal Luder Ariza (Alianza Verde) donde exigen a las instituciones prestadoras de servicios de salud y a los entes competentes brindar las herramientas de bioseguridad necesarias para atender a pacientes con COVID-19 para garantizar la integridad de los trabajadores de la salud y de los pacientes que estos atienden.
Para Ariza este es un comunicado preocupante, pues los médicos no deben convertirse en mártires y necesitan los implementos de seguridad; sin embargo, resaltó que si a cada IPS se le cancelan cerca de $155.000 por paciente, es poco probable que tengan la capacidad financiera para adquirir los insumos, por lo que se requiere apoyo del orden nacional para garantizar estos implementos.
Ante una inquietud del concejal Lewis Montero (La U), el concejal Ariza también aclaró que los médicos no cuentan con seguros de vida, ya que las aseguradoras no los cubren. Para Montero, durante esta emergencia sanitaria el Estado debería obligar a las aseguradoras a brindar este servicio para los médicos.
El concejal Hernando Piña (Liberal) mencionó que el DADIS le está exigiendo al Hospital Universitario del Caribe asegurar los implementos de bioseguridad; sin embargo, la clínica teme la quiebra, por lo tanto, considera necesario que la Administración les pague una parte de lo que se les adeuda para continuar prestando servicios.
Continuando con el orden del día, se dio lectura a los siguientes documentos:
- Documento enviado por la bancada de La U al alcalde Dau en el que reiteran la relevancia de iniciar el proceso de incorporación al presupuesto de los recursos que se encuentran en el Tribunal de Cartagena como resultado de una sanción impuesta a la empresa DOW, de manera que puedan destinarse a la atención de la emergencia sanitaria.
- Oficio por el cual el Centro Hospitalario Serena del Mar anuncia que reforzará las obras para ponerlo en funcionamiento lo más pronto posible ante la emergencia por COVID-19.
- Proposición presentada por los concejales César Pión (La U), Hernando Piña (Liberal), Liliana Suárez (ASI) y Kattya Mendoza (Liberal) sobre los proyectos de acuerdo que buscan generar recursos para combatir el COVID-19; algunos de los datos solicitados son cuántas camas adicionales se prevén y dónde funcionarían, por qué el proyecto no se presentó con anterioridad, quién es el gerente para manejar lo relacionado a la pandemia, cuánto se espera recaudar con el proyecto, etc.
Para Pión con este proyecto se responsabiliza al Concejo de todo lo ateniente a protección sanitaria, motivo por el que se piden más detalles de cómo será la inversión y cuánto dinero se espera recibir; además señaló que estas iniciativas pudieron presentarse en meses anteriores ya que su objetivo es incentivar el pago de impuestos, pero la época de pago está avanzada y, en las condiciones actuales, quienes tienen ahorros no querrán utilizarlos en deudas antiguas.
Luego, la plenaria aprobó una proposición de la concejal Kattya Mendoza (Liberal) con base en información publicada por Funcicar sobre el convenio de asociación suscrito entre la Secretaría de Participación y la Corporación del Desarrollo Humano (CORDESHU) para brindar apoyo social a 50 habitantes de calle durante la contingencia del COVID-19. Ver publicación de Funcicar
En la proposición se pide información de cuántos habitantes de calle tiene la ciudad, por qué solo se atenderán 50, lista de otras entidades que prestan servicios similares, ubicación del albergue y certificación de cumplimiento de medidas sanitarias, etc.
La concejal Mendoza resaltó que hay 700 habitantes de calle en las bases de datos del Distrito, por lo que debe aclararse por qué durante la emergencia solo se cobijará a 50 y no a toda la población; además, considera que 9 meses es demasiado tiempo para la ejecución de este convenio, y pudo ampliarse la cobertura en lugar de extender el tiempo del contrato.
Así mismo, llamó la atención porque se realizó contratación directa sin tener en cuenta a las fundaciones a las que el Distrito usualmente acude cuando necesitan apoyo para la atención de habitantes de calle; también anunció que profundizará sobre el tema pues al parecer el albergue no cumple con las condiciones requeridas.
La proposición fue aprobada con las siguientes adiciones:
- La concejal Gloria Estrada (Liberal) solicitó copia del certificado bancario del aporte efectuado por la Fundación.
- Para la concejal Liliana Suárez (ASI) la población a atender es poca frente al total de la población y el contrato se prolonga por demasiado tiempo; además, pidió conocer cuál será el trabajo de resocialización que se dará a los habitantes de calle mientras estén en el albergue. También anunció que presentará una proposición para conocer detalles de los convenios firmados para mujeres violentadas y niños.
- El concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) pidió conocer el motivo por el que no se tuvo en cuenta a las fundaciones que históricamente han apoyado al Distrito en la atención de habitantes de calle, por lo que solicitó conocer la experiencia de CORDESHU con respecto a esta población.
- El concejal Fernando Niño (Conservador) presentó evidencias fotográficas del albergue y expresó que a simple vista se evidencia que no cuenta con servicios públicos; así mismo, manifestó su preocupación porque no se tuvo en cuenta a otras fundaciones.
- Los concejales Kattya Mendoza (Liberal) y Hernando Piña (Liberal) anexaron inquietudes sobre las búsquedas activas, con el objetivo de aclarar si serán 50 beneficiarios o se harán búsquedas para mayor atención.
- El concejal Óscar Marín (Conservador) pidió copia del contrato de arriendo del albergue o del documento que certifique la posesión de CORDESHU sobre el inmueble.
- Para el concejal Laureano Curi (ASI) estos recursos pudieron utilizarse con más eficiencia para abarcar atención a una mayor población, en lugar de aprovecharse de la calamidad pública para realizar este tipo de contrataciones.
- El contralor distrital (e) Freddy Quintero manifestó que en el ejercicio de control político debe analizarse la etapa de planeación del contrato, puesto que debió darse un proceso de competitividad, a menos que existiera una entidad con capacidad financiera para aportar el 30% del valor del contrato; en ese sentido, sugirió analizar la financiación del convenio que le correspondía a la fundación.
Más adelante, el concejal César Pión (La U) advirtió de posibles omisiones por parte del Distrito al no garantizar el derecho a la vida de la población, toda vez que no se evidencia la habilitación de nuevos centros hospitalarios, como se ha hecho en otras ciudades del país.
Además, resaltó la gestión realizada en Barranquilla para contar con nueva infraestructura hospitalaria, entrega de mercados puerta a puerta y alternativas de donación.
Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el lunes 30 de marzo de 2020; a las 9:00 a.m. a través de videoconferencia.
Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.
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