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Comisión Primera del Concejo analiza presuntas irregularidades en proyecto VIS del barrio Alto Bosque

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 20 de febrero de 2019.

Hora de inicio: 9:12 a.m.

Hora de finalización: 11:20 a.m.

Esta sesión del Concejo Distrital correspondió a una sesión de la Comisión Primera o del Plan y de Bienes, con el objetivo de abordar el caso del edificio Torres Bahía, un proyecto de Viviendas de Interés Social (VIS) del barrio Alto Bosque. En plenaria se contó con la presencia del Secretario de Planeación, Iván Castro; Personero Distrital, William Matson, representantes de ACUACAR, de la constructora encargada del proyecto, de la Oficina de Servicios Públicos, de la Lonja de Propiedad Raíz, Mesa Distrital de Propiedad Horizontal y propietarios del edificio.

Iniciado el orden del día, el presidente de la Comisión, concejal César Pión (La U), dio a conocer que esta sesión está motivada por una queja en la cual los propietarios presentan una serie de inquietudes sobre lo atinente a la entrega de la edificación, áreas comunes, conexión a servicios públicos, y otros temas; algunos de los puntos más relevantes fueron:

  • Presuntas irregularidades en recaudo de cuota inicial sin haber constituido fiducia mercantil, lo que podría constituirse en una captación ilegal de dinero.
  • Limitaciones en la forma de pago de las viviendas, permitiendo solo recursos propios, e incumpliendo lo establecido en la Ley.
  • Inclusión de cláusulas abusivas dentro del contenido de promesas de compraventa.
  • Traslado al consumidor o a terceros de la responsabilidad del constructor de entregar la instalación definitiva de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.
  • Pretensión de entrega de las unidades de vivienda sin cumplir con el requisito legal de obtener el certificado de permiso de ocupación.
  • Presunta violación de la norma urbanística al privatizar 15 de las 31 unidades de parqueo de uso común y que no podían ser cedidas.
  • No construcción de un sistema de almacenamiento colectivo de residuos sólidos.
  • Beneficio de la exoneración del pago de impuesto de delineación urbana, por tratarse de VIS, a pesar de que se vende por encima de los 135 salarios mínimos, como lo estipula la Ley.
  • Presunta violación del POT al ejercer actividad de tipo turístico en suelo residencial.

En representación de los propietarios de viviendas del proyecto Torres Bahía, los ciudadanos Marco Antonio Tello, Claudia Fernández, Martha Ceballos y Simón Solano, manifestaron su preocupación por la situación en la que se encuentran, ya que hasta la fecha no se ha dado una solución a las problemáticas del proyecto, especialmente las relacionadas al servicio de alcantarillado, privatización de áreas comunes, costos no previstos, e inconvenientes con la entrega de apartamentos.

Como representante legal de la Sociedad Constructora Grupo Bahía, el señor Raymundo Pereira expresó que hasta el momento, Torres Bahía ha cumplido con todos los requisitos de ley, teniendo en cuenta que las falencias y observaciones de los propietarios se han atendido, mientras que las demandas presentadas actualmente surten su trámite en las instancias respectivas. Pereira también resaltó la importancia de conciliar, dirimir diferencias y encontrar soluciones para los propietarios.

Al respecto, el concejal Lewis Montero (Opción Ciudadana) llamó la atención sobre esta situación pues este proyecto pasó por un proceso en la Curaduría Urbana, además Control Urbano, Alcaldía Local e inspectores de policía tienen funciones sobre este ámbito. El cabildante señaló que no hay claridad de cómo se entregó factibilidad de construcción sin contar con conexión a alcantarillado; sin embargo, celebró que la constructora esté dispuesta a conciliar.

Por parte de la Mesa Distrital de Propiedad Horizontal, Victoria Rosales, Edinson Durango y Jonathan Monroy hicieron un llamado a la constructora para que sus problemas con ACUACAR no se trasladen a los propietarios, así como a abrir canales de comunicación para facilitar la resolución de conflictos y defender el derecho a una vivienda digna.

Más adelante, Álvaro Vélez, representante de ACUACAR, informó que en 2011 se dio factibilidad al proyecto para 24 apartamentos, sin embargo, en 2013 aumentó a 78 y en 2015 a 160 apartamentos, lo cual se constituyó como una dificultad para las conexiones a redes secundarias, teniendo en cuenta que por lo establecido en el POT las redes tienen capacidad para construcciones de 4 pisos.

Vélez explicó que ante la solicitud de 160 apartamentos se dio factibilidad del acueducto con la condición de que se efectué un empalme con las redes primarias o matrices que sí tienen la capacidad necesaria para el desalojo del caudal. Según el funcionario, la conexión no se ha realizado toda vez que la condición impuesta no se ha cumplido.

Frente a esto, Raymundo Pereira, expresó que los entes particulares no pueden cumplir con las funciones que le corresponden a los prestadores de servicios públicos, y  al realizar la instalación desde el punto de conexión cercano a la empresa Postobón hasta la ubicación del proyecto se genera un incremento en los costos de obra, lo cual afectaría a los propietarios. Por este motivo, aclaró que la constructora busca que ACUACAR asuma su responsabilidad.

Para el concejal César Pión (La U) conceder licencias condicionadas se ha convertido en una “alcahuetería” en la Ciudad, pues se permiten las obras a pesar de no cumplir con los requisitos necesarios y posteriormente el constructor no cumple con su obligación, perjudicando a los propietarios.

Pión manifestó que en Cartagena ya son varios los problemas con proyectos tipo VIS y considera que en el caso puntual de Torres Bahía no debió darse certificado de habitabilidad.

A su turno, el gerente de la Lonja de Cartagena, Diego González, se refirió a los efectos negativos de este tipo de casos sobre la competitividad de la Ciudad y destacó que para fortalecer al Distrito en el sector inmobiliario es necesario actuar correctamente, motivo por el que la Lonja está a disposición de propietarios y constructores para solucionar esta situación.

Posteriormente, el concejal David Caballero (Conservador) reiteró la gravedad de las denuncias, teniendo en cuenta que se hizo mención de una posible captación ilegal de dinero, violación al decreto de residuos sólidos, cobro mayor a los 135 salarios mínimos y otros; ante esto, el cabildante señaló que le corresponde a los entes de control realizar las investigaciones pertinentes.

Por su lado, el concejal Dagoberto Macías (Cambio Radical) mencionó que la ciudadanía merece conocer quiénes fueron aquellos funcionarios de la Administración que tenían competencias sobre este caso pero cayeron en omisión. Además, solicitó información sobre el lugar en el que se depositan los desechos de este edificio.

Para dar respuesta a la inquietud del concejal Macías, Álvaro Vélez informó que actualmente se vierten en una fosa séptica interna, e indicó que no hay evidencia de que se depositen desechos en el alcantarillado de Cartagena.

La última intervención estuvo a cargo del Personero Distrital, William Matson, quien hizo énfasis en la necesidad de garantizar los derechos de los consumidores, por lo que propuso llevar este caso a la Mesa Distrital de Protección al Consumidor, e igualmente al Comité de Veedurías de Licencias de Construcción.

Matson resaltó la participación activa de la comunidad y la disposición de los constructores; además, afirmó que, a su parecer, es ACUACAR quien debe llevar la red hasta el punto que sea necesario para garantizar la prestación del servicio.

Seguidamente, el Secretario General dio lectura a una excusa presentada por el Alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, quien no pudo asistir a la sesión del día de hoy. Por último, el concejal César Pión (La U) pidió que el acta de la sesión sea enviada a los entes de control, al Alcalde y a la Oficina de Control Interno.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión de la Comisión Primera o del Plan y de Bienes.

Ver sesión aquí: 

Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.

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