Publicado el Deja un comentario

Concejo de Cartagena continuaría proceso para evitar nuevos peajes internos

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 4 de julio de 2020

Hora de inicio: 9:00 a.m.

Hora de finalización: 9:55 a.m.

Iniciado el orden del día, se dio lectura a un documento enviado por el representante a la Cámara, Erasmo Zuleta, quien da respuesta a un oficio enviado en días pasados por el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical). En el documento, Zuleta informó que el Proyecto de Ley 221 de 2018 Cámara y 255 de 2019 Senado “por medio del cual se crea la tasa pro deporte y recreación” ya culminó su trámite legislativo y está próximo a ser sancionado por el Presidente.

Al respecto, el concejal Barrios expresó su beneplácito con esta respuesta del ponente del proyecto que permitirá el fortalecimiento del deporte local, teniendo en cuenta que se había declarado nulidad sobre la sobretasa deportiva que financiaba al IDER, pues se consideraba que debía establecerse mediante ley.

Al aprobarse esta ley, el IDER podrá recuperar su financiación, por lo que sería pertinente establecer una comisión encargada de estudiar el texto para que pueda ser reglamentado por el Concejo y que se le dé aplicación a la sobretasa.

A continuación, la concejal Claudia Arboleda (MIRA) conmemoró la celebración del día de la libertad religiosa, resaltó la labor social de las organizaciones religiosas, y celebró que en el Plan de Desarrollo 2020-2023 fuera incluida la creación del comité intersectorial de libertad religiosa. 

En el mismo sentido, el concejal César Pión (La U) conmemoró el día de la libertad religiosa y realizó una reflexión al respecto.

Por otro lado, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) se refirió a un artículo de prensa en el que se menciona que “el camino está despejado para la suscripción de la APP Corredor Portuario”, debido a que el Tribunal Administrativo no sancionó el proyecto de acuerdo 180 de 2019, que había sido presentado para que no se firmara dicha APP y que no se instalen peajes por 30 años más.

Barrios señaló que aún quedan herramientas por agotar como el Art 106 del Acuerdo 018 de 2019 donde no se autoriza al alcalde para suscribir APP, así como también lo estipula el Art. 31 del Acuerdo 027 de 2020.

A su turno, el concejal Rodrigo Reyes (Conservador) dio a conocer que desde el día de ayer intenta conseguir apoyo de la directora del DADIS y Secretaría General por un ciudadano en grave estado de salud que desde hace varios días esperaba que recogieran la muestra para aplicarle la prueba de COVID-19. Reyes lamentó que para un concejal haya tanta dificultad para comunicarse con funcionarios públicos para abordar temas de ciudad. 

Además, indicó que el Concejo ha sido flexible con la Administración pese a que ha habido denuncias que debieron presentarse a entes de control, pero se han esperado acciones de mejora, sin embargo, la Corporación deberá proceder cuando sea necesario si no hay comunicación con los funcionarios. 

En ese sentido, el presidente David Caballero, le solicitó al enlace de la Administración en el Concejo que les apoye para facilitar la comunicación.

Más adelante, el concejal Lewis Montero (La U) pidió a la mesa directiva que más allá de las comisiones que se han conformado en los últimos días y de las actividades de las Comisiones Permanentes, se programen debates de control político en plenaria, y que no queden únicamente en las comisiones, debido a la relevancia de temas como el seguimiento al COVID-19.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el domingo 5 de julio de 2020; a las 8:30 a.m. a través de videoconferencia.

Escrito por Diana Infante Del Río, investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.

Ver sesión aquí

Publicado el Deja un comentario

Concejo realiza audiencias públicas a proyectos sobre reactivación económica e identidad cartagenera

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 3 de julio de 2020

Hora de inicio: 9:05 a.m.

Hora de finalización: 11:19 a.m.

En esta sesión virtual del Concejo Distrital se realizaron las audiencias públicas a los Proyectos de Acuerdo 018, 019 y 021. Iniciado el orden del día, se dio lectura a los siguientes documentos:

  • Resolución 114 del 2 de julio del 2020 por medio de la cual se cumple un fallo disciplinario proferido por la Procuraduría Regional de Bolívar contra el concejal Óscar Marín (Conservador) por actuaciones desplegadas en condición de presidente del Concejo, acciones por las que se suspende e inhabilita al cabildante por término de 3 meses. La Resolución señaló que Marín solicitó a la mesa directiva suspender la actuación administrativa hasta que se resuelva una tutela instaurada; sin embargo, el presidente David Caballero determinó que es su deber dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo y declaró la vacancia temporal de la curul del partido conservador que era ocupada por Marín.
  • Comunicado del partido ASI en el que, haciendo referencia a un vídeo publicado por el alcalde Dau, se afirma que el alcalde intenta acusar a la concejal Liliana Suarez (ASI) con preguntas capciosas y sin pruebas de conductas irregulares que son negadas por la cabildante. El documento también señala que el video no muestra actividades por fuera de la ley y llama la atención por la conducta del alcalde, manifestando que estaría intentando con estas acciones amedrentar a quienes ejercen control político; además se le pide al alcalde “cantar claro” respetando las vías oficiales en órganos competentes. 
  • Proyecto de Acuerdo enviado por el alcalde y Secretario de Participación “por medio del cual se adopta la política pública para habitantes de calle de Cartagena, en el marco de los lineamientos ministeriales de prevención y mitigación de la pandemia del COVID-19”.

Posteriormente, el concejal César Pión (La U) lamentó los últimos hechos relacionados con los concejales Marín y Suárez, por lo que expresó su solidaridad con ambos. 

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el sábado 4 de julio de 2020; a las 8:30 a.m. a través de videoconferencia.

AUDIENCIAS PÚBLICAS

  1. Proyecto de Acuerdo 021 “mediante la cual se institucionaliza una comisión asesora para la reactivación, reapertura y sostenimiento de la economía del distrito de Cartagena”:

Como presidente de la Comisión Primera y autor del proyecto, el concejal César Pión (La U) explicó que el objetivo es institucionalizar el proceso que ya se viene adelantando en la ciudad con el liderazgo del alcalde para lograr la reactivación económica post-COVID19, teniendo en cuenta el desempleo ocasionado por la pandemia, la parálisis del turismo, entre otros. 

La comisión estaría conformada por los actores que ya hacen parte del proceso, como Cámara de Comercio, Cotelco, Asotelca, Anato, sector académico, y se sugiere incluir a representantes de vendedores ambulantes y sindicatos de centrales obreras. 

Inicialmente, la directora de Invest In Cartagena, María Camila Salas, informó que viene trabajando en las mesas de trabajo con Secretaría de Hacienda, UTB, UDC y otros sectores para crear una propuesta de reactivación, entre las que resaltó la importancia de aplicar incentivos tributarios que se conviertan en motor de generación de empleo e inversiones. Otra propuesta de Salas estuvo relacionada con la creación de una Ventanilla Única de Inversión.  

Por parte del núcleo de hoteles de la Cámara de Comercio, Mayra Huyke, expresó que se trabaja en un proyecto piloto con hoteleros de Getsemaní y se espera integrar a líderes comunales y ciudadanos, garantizando su seguridad en la aplicación de un modelo de reestructuración urbana. 

También por la Cámara de Comercio, Gustavo Herrera, señaló que desde hace 2 meses se adelanta una propuesta de reactivación liderada por la Alcaldía, la cual contará con fases de acercamiento a varios sectores productivos. 

En representación de la UTB, Tania Jiménez, dio a conocer que en las mesas de trabajo que se han adelantado se busca revisar el impacto de la pandemia en diversos sectores y realizar una propuesta de reactivación que se enfoque en la valoración de impactos, transformación productiva y nuevas oportunidades, fortalecimiento del desempeño fiscal distrital, mitigación de impactos en el tejido social, y acciones para la competitividad. 

Por parte de Fenalco, Mónica Fadul, mencionó que, aunque el objetivo es darle mayor relevancia al trabajo que se está realizando, sería pertinente analizar si vale la pena dar una formalidad jurídica a una acción que ya se viene adelantado y está funcionando de la mano de un foro comprometido. También señaló que las propuestas para la reactivación están terminando de afinarse y estarían próximas a su publicación. 

Además, Rodolfo Arzuza pidió que se tenga en cuenta a la mano de obra local en esta reactivación y Mayra Rodríguez, de la Lonja Cartagena, solicitó analizar la posibilidad de dar una compensación a los propietarios de locales comerciales que han mantenido a sus arrendatarios para evitar el cierre de más empresas. 

  1. Proyecto de Acuerdo 018 “Por medio del cual se institucionaliza y reglamenta la semana cultural y económica de la CARTAGENEIDAD y se dictan otras disposiciones”:

Esta audiencia contó con la participación de William Hurtado, en representación del sector cultural, para quien la identidad cartagenera no debe limitarse a una semana cultural, sino convertirse en un proceso constante que dé prioridad a la educación de los niños.

Igualmente, Mónica Fadul, rescató la identidad y cultura como valores a cultivar, también señaló que las Fiestas de Independencia podrían ser un espacio temporal más aceptado que la celebración de la fundación de la ciudad, como se propone en el proyecto. 

Además, Beatriz Medrano señaló que esta iniciativa es una oportunidad para iniciar un proceso de reconocimiento de identidad, teniendo en cuenta a las bases sociales que no logran acceder a las oportunidades de la ciudad, pues son quienes no se sienten cartageneros. 

Al respecto, el concejal César Pión (La U), como autor del proyecto, agradeció la participación y resaltó que la importancia de la audiencia reside en tomar sugerencias y ajustar la iniciativa. 

  1. Proyecto de Acuerdo 019 “por medio del cual se faculta al alcalde para decidir sobre los ajustes de impuestos de industria y comercio a las empresas que contraten madres cabeza de hogar post-coronavirus como política de protección y reactivación de la economía a un sector vulnerable de la ciudad”:

En representación de los comunales, Antonio Aponte pidió que esta iniciativa también cobije a líderes comunales y que se verifique que los incentivos no se apliquen solo por algunos meses, como ha pasado en otras ocasiones, sino que se mantengan a lo largo del tiempo. 

El Secretario de Hacienda, Dewin Pérez, rescató que hay aspectos muy importantes en este proyecto, los cuales deberán ser analizados; además, llamó la atención porque la reactivación no debe ser únicamente económica sino social. 

Por su parte, Mónica Fadul, señaló que, aunque debe valorarse la intención de motivar empleos para un sector vulnerable, deben especificarse los costos fiscales que podría traer este proyecto, lo cual debe llevar a revisar la potestad del Concejo para sacar adelante esta iniciativa, pues son temas de impuestos cuya competencia es de la Administración. Así mismo, Fadul propuso que este proyecto sea incluido en el plan general de reactivación económica.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el sábado 4 de julio de 2020; a las 8:30 a.m. a través de videoconferencia.

Escrito por Diana Infante Del Río, investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.

Ver sesión aquí

Publicado el Deja un comentario

Concesión de alumbrado público deberá devolver y reinvertir $12 mil millones en el Distrito

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 2 de julio de 2020

Hora de inicio: 9:01 a.m.

Hora de finalización: 12:19 p.m.

En esta sesión virtual del Concejo Distrital se realizó un debate de control político sobre el servicio de alumbrado público y unos recursos excedentes de este servicio, motivo por el que se contó con la presencia de la Secretaria General Distrital, representante legal de la concesión de alumbrado, contralor y personera. 

Iniciado el orden del día, el concejal citante César Pión (La U) hizo un recuento de los hechos que llevan a concluir que se le adeudan recursos al Distrito por concepto de alumbrado; en ese sentido, destacó que con el otrosí 06 de 2018 suscrito con la concesión No. 9-1333889 de alumbrado público no se pactaron compromisos de inversión adicional, ni se cambió el flujo de caja contractual.

Además, recordó que se contaba con recursos excedentes del impuesto de alumbrado público, y el dinero debía ser usado para cubrir la deuda de $5.709 millones por concepto de alumbrado navideño del 2018 y los $5.540 millones restantes debían trasladarse al Distrito. Al incumplirse este acuerdo de pago, el concesionario incumplió el otrosí 07 de 2019. 

Pión también hizo mención del convenio de 2019 suscrito con Findeter para asistencia técnica en el análisis de alternativas y modernización del alumbrado público, ya que se acerca la finalización de la concesión, pero Findeter contempló la ampliación de la concesión actual, teniendo en cuenta la reclamación por desequilibrio económico que realiza el concesionario, la cual aún no se ha resuelto. 

La Secretaria General, Diana Martínez, señaló que el contrato No. 9-1333889 ha tenido 7 otrosí donde todas las cláusulas fueron ratificadas, por lo que no es cierto que no se hayan pactado compromisos de inversión, puesto que se mantuvo vigente la cláusula que determina que los excedentes sobre el recaudo proyectado serán utilizados para obras de expansión del alumbrado público con previa autorización del Distrito. 

De esta manera, se dejó claro que sí hay compromisos de inversión; así mismo, informó que la Tasa Interna de Retorno (TIR) continúa siendo del 27,64%. Martínez expresó que el Distrito dispone de $12.056 millones por concepto de excedentes que deben utilizarse en la expansión del servicio de alumbrado.

De acuerdo con la funcionaria, el acuerdo de pago hecho con Electricaribe para saldar deudas de alumbrado navideño no se cumplió, pero debe tenerse en cuenta que no es posible utilizar los excedentes para este concepto. Además, informó que ya se envió al concesionario el listado de obras de expansión que deben efectuarse con los excedentes.

En representación del concesionario, Raymundo Pereira, aclaró que el alumbrado navideño está a cargo del Distrito y en 2018 dicho alumbrado tuvo un valor de $8 mil millones, de los cuales $2 mil fueron aportados por el concesionario. Además, reiteró que por ley los recursos excedentes no pueden desviarse al alumbrado navideño.

Pereira también hizo referencia a la prórroga de 2019 en la que se sintieron constreñidos a firmar y expresó que ha habido algunos aspectos impuestos por parte del interventor; en ese sentido se refirió al servicio de semaforización, pues Findeter no estableció la remuneración que les corresponde por administración, mantenimiento y operación (AOM) de semáforos. 

Al respecto, señaló que la remuneración por AOM de semaforización ha sido la determinada por el interventor y han intentado conciliar con el Distrito sobre este y varios temas, pero en este año solo ha sido posible reunirse una sola vez, pese a las múltiples solicitudes. Pereira también llamó la atención por la reclamación de desequilibrio económico interpuesta por el concesionario en 2018, pues aún no ha sido resuelta. 

A su turno, el concejal César Pión (La U) realizó un análisis de la situación; algunos de los puntos mencionados fueron los siguientes:

  • El concesionario señala no tener a su cargo el alumbrado navideño pero el contrato en su cláusula segunda determina que una de las obligaciones es instalar dicho alumbrado; así como también la Ley 1819 de 2016 y el otrosí No. 7 de 2019. 
  • Por lo anterior, si la Alcaldía tiene obligaciones con Electricaribe por el alumbrado navideño de 2018, no debería haber oposición del concesionario para cancelar los $5.709.071.942 con los excedentes y transferir al Distrito los $5.540.928.040 restantes del saldo excedente. 
  • De acuerdo a oficio dirigido por Electricaribe al alcalde Dau, fue por presiones del concesionario que no hubo cumplimiento del acuerdo de pago suscrito con el Distrito, cuyo objetivo era descontar al concesionario los recursos excedentes en cuestión, ya que es Electricaribe quien efectúa los giros al concesionario. 
  • Para el concejal, el concesionario se está apropiando de los recursos excedentes del impuesto de alumbrado público. Además, considera que el desequilibrio económico alegado es usado como la razón para oponerse a que el Distrito exija los recursos excedentes. 
  • La TIR de la concesión asciende a 27,64% pese a que el máximo permitido a nivel nacional es de 13,9%, tema que debe ser revisado para proteger el patrimonio público.
  • El concesionario retiró los recursos excedentes de 2019 para incluirlos en su propia caja, pese a que son propiedad del Distrito. 
  • La última prórroga del contrato de concesión debe anularse, teniendo en cuenta que hubo incumplimiento relacionado con el acuerdo de pago de Electricaribe y que el concesionario afirma que hay vicios de consentimiento pues no fue un acuerdo de voluntades, pese a que el documento cuenta con la firma del representante legal. 
  • El concesionario solo cuenta con 6 meses de plazo contractual, por lo que no podría terminar las obras de expansión que se asignarían con los $12 mil millones de excedentes. 
  • Debe aclararse que los recursos en mención no hacen parte de excedentes del recaudo del impuesto, sino que corresponden a los costos de inversión no ejecutados en 2019 por el concesionario, por lo tanto, deben ser reembolsados al Distrito.
  • Es preocupante que los $12 mil millones no se encuentran en el encargo fiduciario que administra los recaudos del impuesto, es decir, desde 2019 los recursos han sido apropiados por el concesionario directamente. 
  • Se sugiere solicitar a la Contraloría una auditoría exprés sobre sobre el recaudo y administración de los recursos del impuesto de alumbrado público. 

Por otro lado, los concejales Fernando Niño (Conservador) y Lewis Montero (La U) destacaron la importancia de expandir el alumbrado, pues hay muchas zonas de la ciudad a oscuras, lo cual incide en la seguridad. Además, el concejal Rodrigo Reyes (Conservador) indicó que en el otrosí se especifica que las acciones que podrá realizar el concesionario son de administración, mantenimiento y operación, pero no para expansión, lo que indicaría que los recursos deben ingresar al Distrito. 

La personera Carmen de Caro se comprometió a revisar la situación y a promover mesas de trabajo con la Contraloría y la Corporación. A su turno, el contralor Freddy Quintero, informó que adelanta un proceso de auditoría especial al alumbrado público, sin embargo, el concesionario no ha entregado la información requerida. 

Para Quintero llama la atención que la fiduciaria reporta que ya no cuenta con los $12 mil millones, por lo que debe aclararse a dónde se destinaron los recursos. De Caro y Quintero solicitaron la información hoy presentada para iniciar los respectivos procesos. 

La Secretaria General aclaró que para recuperar los recursos la Administración ha oficiado al concesionario en múltiples ocasiones y ante la renuencia se procederá a determinar alternativas. Además, destacó que el último otrosí finaliza el próximo mes de enero, por lo que se analizan con Findeter las opciones para un nuevo contrato de alumbrado, pero lo más probable es que se establezca un convenio interadministrativo.

Martínez señaló que el Distrito en 2019 no contaba con facultades para elaborar el acuerdo de pago con Electricaribe, pues le correspondía al concesionario. Además, nuevamente reiteró que los excedentes del recaudo tienen destinación específica y deben ser dirigidos a obras de expansión del servicio. 

Posteriormente, el interventor del contrato de alumbrado público, William Mourra, aclaró que en ningún momento se ha constreñido a la concesión y que por el contrario, ha actuado a conciencia. En ese sentido, expresó que es cierto que hubo un error por parte de Findeter en lo referente a AOM de semáforos y que si el concesionario no ha firmado la fiducia habrá inconvenientes con el recaudo de los recursos. 

Mourra señaló que, aunque el plazo del contrato inicial de alumbrado finalizó, esto no quiere decir que los recursos excedentes le pertenezcan a la concesión, y mencionó que si hay un desequilibrio el concesionario debe dar trámite a su reclamación. 

Más adelante, el representante legal de la concesión reiteró que del recaudo del impuesto de alumbrado público no pueden salir los recursos para alumbrado navideño, de acuerdo a lo establecido en la ley. Además, expresó que cuando se definieron los límites del Distrito y el barrio El Rodeo se adhirió a Turbaco hubo pérdida de luminarias, lo cual contribuyó al desequilibrio económico. 

El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) llamó la atención porque la Corporación no conoce el estudio final de Findeter, herramienta necesaria para determinar si la Administración está tomando la mejor decisión de las alternativas posibles para continuar con el servicio de alumbrado público. 

Además, señaló que para un nuevo convenio de alumbrado, debe certificarse que no se afectará la tarifa que se le cobra a los ciudadanos, ya que es la más baja de la región. 

Por último, Barrios pidió a la mesa directiva programar una audiencia pública con Cardique, Asobocala y otros sectores, para concertar una forma de oxigenar la laguna de El Laguito. 

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el viernes 3 de julio de 2020; a las 8:30 a.m. a través de videoconferencia.

Escrito por Diana Infante Del Río, investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.

Ver sesión aquí

Publicado el Deja un comentario

Diputados programan debate sobre mendicidad infantil en Bolívar

Bitácora de la Asamblea Departamental de Bolívar, 2 de junio de 2020

Hora de inicio: 4:11 p.m.

Hora de finalización: 4:59 p.m.

Iniciado el orden del día, se dio segundo debate del Proyecto de Ordenanza “Por medio del cual se efectúa una incorporación de recursos en el presupuesto de ingreso y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 y se dictan otras disposiciones”. 

El informe de comisión señaló cambios en el título, quedando de la siguiente forma “Por medio del cual se efectúa unas incorporaciones de recursos en el Presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 por la suma de $ 24.004.344.377 veinticuatro mil cuatro millones trescientos cuarenta y cuatro mil trescientos setenta y siete pesos MCTE y se dictan otras disposiciones.”

Sobre el articulado, se dieron modificaciones de redacción en uno de los cuadros de presupuesto del artículo 1 y en el artículo 4 se adicionó el nombre del rubro “pasivo prestacional”. En el preámbulo no hubo modificaciones.

Al ser sometidos a votación, fueron aprobados el informe de comisión, título, preámbulo y articulado del proyecto con 14 votos a favor. Pasando así a tercer debate.

Siguiendo el orden del día, el diputado Juan Puente (La U) presentó una proposición que fue adicionada por los diputados Víctor Mendoza (Cambio Radical) y Miguel Cueter (Conservador) para citar a los secretarios de educación, interior, salud, Oficina de Gestión Social, director regional del ICBF, director regional del Ministerio de Trabajo, Policía Nacional de Infancia, Procuraduría delegada para la defensa de derechos de infancia y adolescencia, personeros municipales y defensoría del pueblo para abordar lo referente a trabajo infantil y mendicidad en Bolívar. 

Esta proposición fue aprobada con 14 votos a favor y se programó la citación para el martes 14 de julio.

Por último, el diputado Mario Del Castillo (Centro Democrático, MIRA) expresó que aún está pendiente la elaboración del cronograma de citaciones de rendición de informes de los funcionarios departamentales.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el martes 7 de julio de 2020; a las 4:00 p.m. a través de videoconferencia. 

Escrito por Jesús Correa Turizo, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.

Ver sesión aquí 

Publicado el Deja un comentario

Funcicar continuará seguimiento a ejecución de centros de salud, parte de las obras serán retomadas por un nuevo contratista

  • En 2014 se contrataron obras para el sector salud, con el CONSORCIO SALUD HEROICA por más de $29 MM y con la empresa COINSES S.A. por más de $64 MM, estos recursos correspondieron al crédito público por $250 MM que suscribió la administración distrital.
  • El contratista COINSES S.A. tenía a su cargo la intervención de 11 CAP y 3 hospitales, sin embargo fue inhabilitado para contratar con el Estado tras declarársele caducidad en otro proceso.
  • Ante la declaratoria de inhabilidad de COINSES S.A., el Distrito tenía la opción de liquidar el contrato y abrir un nuevo proceso licitatorio. Sin embargo decidió aceptar que este contratista sancionado seleccionara y cediera el proceso al CONSORCIO SALUD CARIBE 2020.
  • Funcicar identificó riesgos que podrían generar retrasos en la ejecución de los contratos.

1 de julio del 2020.

El pasado 16 de junio, la Alcaldía de Cartagena anunció que se reanudarán las obras en cinco (5) instituciones de salud contratadas con recursos del crédito público por $250 mil millones que celebró la administración del exalcalde Dionisio Vélez Trujillo (2014).

De estas obras priorizadas, una corresponde al UPA de Daniel Lemaitre el cual hace parte del grupo de 25 obras contratadas con el CONSORCIO SALUD HEROICA mediante el proceso DADIS No. 001-2014, y cuatro (CAP Bayunca, CAP Barú, Hospital Pozón y Hospital Canapote) corresponden al grupo de 14 obras contratadas a través del proceso DADIS No. 002-2014 celebrado con la empresa COINSES S.A., la cual fue inhabilitada por incumplimiento en otro contrato público.

Ante esta decisión del Distrito, Funcicar resalta la importancia de retomar la ejecución de las obras sin terminar desde 2015, sin embargo manifiesta su preocupación al considerar que pese a que la Alcaldía tenía la opción de liquidar este contrato y abrir un nuevo proceso, permitió a COINSES S.A. escoger al CONSORCIO SALUD CARIBE 2020 para que continuara con la ejecución de las obras.

Aunque la cesión del contrato es una figura legalmente permitida, genera incertidumbre que la finalización de las obras priorizadas esté en manos de empresas seleccionadas por el mismo contratista que no pudo terminarlas en los plazos inicialmente pactados.

Contratación de obras de salud con COINSES S.A.

  • En 2014, se adjudicó el contrato DADIS No. 002-2014 a la empresa COINSES S.A. con un valor inicial de $64.061.606.984 y un anticipo del 40% que corresponde a $25.624.642.794. Posteriormente se modificó el valor total del contrato, debido a que los costos de las obras sobrepasaron el presupuesto previsto en la planeación de los procesos. El valor final fue de $89.617.663.711.
  • En 2018, le sobrevino una inhabilidad a COINSES S.A. por declarársele caducidad en otro contrato público. Esta sanción es la más grave que puede recibir un contratista, debido a que se le prohíbe contratar con el Estado por el término de 5 años.
  • COINSES S.A. mediante oficio EXT-AMC-19-0123985 del 30 de diciembre de 2019 solicitó la cesión del contrato de obra DADIS No. 002-2014 al CONSORCIO SALUD CARIBE 2020 representado legalmente por Joseph Antony Márquez Vargas, conformado por Constructora Maticces P & B LTDA (60% de participación), empresa inscrita en la Cámara de Comercio de Cúcuta, cuyo representante legal es Hugo Pérez Álvarez y Soluciones Instrumentales de Colombia – SICOL S.A.S. (40% de participación), inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá y representada legalmente por Abel Otálora Niño.
  • Las obras a cargo de COINSES S.A. y que ahora ejecutará el CONSORCIO SALUD CARIBE 2020 corresponden a cuatro: CAP Bayunca, CAP Barú, Hospital Pozón y Hospital Canapote, las cuales tiene un periodo de ejecución de 5 meses, hasta 31 de diciembre de este año.

A raíz de los anteriores hechos, obtenidos mediante derecho de petición y/o análisis de informes de interventoría, Funcicar considera:

  • A la fecha, COINSES S.A. no ha entregado ninguna de las 14 obras que les fueron asignadas por el valor inicial de $64.061.606.984 para un plazo inicial de ejecución de 12 meses. Por lo que representa un riesgo entregar esta ejecución a empresas seleccionadas por el mismo contratista que incumplió los plazos inicialmente estipulados para el 2015.
  • Con la decisión de cesión de contrato se diluye la responsabilidad de funcionarios públicos y/o contratistas que por culpa o dolo no culminaron las obras en los tiempos planificados de manera inicial.
  • El CONSORCIO SALUD CARIBE 2020 aceptó mantener el contrato con los precios contratados en 2014. A pesar de la diferencia de 6 años, no se evidencia desequilibrio económico del contrato, lo que sugiere que presuntamente pudieron presentarse sobrecostos en las obras.
  • De las 5 obras en instituciones médicas anunciadas por el Distrito, cuatro (4) requieren incorporación de recursos, cuya autorización debe darse por ley ante el Concejo Distrital. Actualmente la administración no ha presentado ese proyecto a la corporación y este trámite podría generar nuevamente que las obras no se entreguen en el plazo de 5 meses anunciado por la administración. 
  • Como supervisor del contrato, el actual Secretario de Infraestructura está obligado a analizar y recibir los avances de obras que reporte COINSES S.A., por lo tanto será responsable de aceptar las condiciones de la ejecución que han tenido las instituciones de salud desde el inicio de las obras.

Desde 2014, Funcicar ha señalado que los contratos para instituciones de salud celebrados con recursos del crédito público por 250 MM, tiene una planeación deficiente que pone en riesgo la terminación de las obras. Los contratistas una vez que conocieron estas deficiencias pudieron buscar una liquidación de mutuo acuerdo, pero decidieron insistir en la ejecución por medio de modificatorios y adicionales que han extendido la ejecución por 5 años y de 39 centros médicos solo se han terminado 8.

“En medio de esta emergencia sanitaria es vital darle continuidad a las obras inconclusas del sector salud, nos hubiera gustado ver un desenlace donde se le diera un golpe a la corrupción pero se le dio oxígeno al contratista inhabilitado al permitirle ceder el contrato que la ciudad ha debido ver finalizado en el 2015. Estaremos vigilantes de esta ejecución, no podemos seguir dándonos el lujo de tener obras inconclusas y de mala calidad ”, Carolina Calderón Guillot, Directora Funcicar.

🔊Declaraciones en audio de Carolina Calderón Guillot, directora de Funcicar.

____________________________________________

CAP: Centro de Atención Permanentes.

UPA: Unidad Primarias de Atención.