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Concejo revisará contratación de Alcaldía Local 3 y pide a la Alcaldía Mayor gestionar demolición del Edificio Aquarela

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 6 de julio de 2019.

Hora de inicio: 9:10 a.m.

Hora de finalización: 10:17 a.m.

Iniciado el orden del día, se dio lectura a un oficio en el cual se remite al Concejo copia del contrato interadministrativo No. 126 suscrito entre el Distrito y Findeter. A continuación, la mesa directiva presentó el cronograma de actividades de la próxima semana, así:

Fecha

Tema

Lunes, 8 de julio

Sesión especial sobre macroproyecto de protección costera en Hotel Intercontinental.

Martes, 9 de julio

Debate de control político sobre contratación y gestión de Alcaldías Locales 1 y 3.

Miércoles, 10 de julio

Debate de control político sobre protección animal.

Jueves, 11 de julio

Sesión especial sobre el Mercado de Bazurto en el Colegio Rafael Núñez.

Viernes, 12 de julio

Debate de control político sobre Juegos Nacionales.

Sábado, 13 de julio

Sesión especial sobre el barrio Manga.

Ante una inquietud del concejal Óscar Marín (Conservador), el Secretario General informó que para el debate del día martes aún no se cuenta con la información requerida a los funcionarios. Marín expresó que el debate se llevará a cabo aunque no se tenga completa la documentación solicitada sobre convenios y contratos de la Alcaldía Local 3, pues es necesario revisar la ejecución de más de $330 mil millones que fueron incorporados.

Al respecto, el concejal Édgar Mendoza (Conservador) manifestó que la no presentación de informes no debe ser un obstáculo para el debate, ya que los contratos y convenios de la Alcaldía Local 3 pueden encontrarse en la plataforma SECOP.

Para el concejal Lewis Montero (Opción Ciudadana) el retraso y la no entrega información ha sido una práctica habitual de las Alcaldías Locales y destacó que la mayor parte de su presupuesto se ha destinado a capacitaciones, motivo por el que deben dar a conocer por qué se tomó esta decisión, teniendo en cuenta las múltiples problemáticas que presentan las localidades.

Además, el cabildante manifestó que la eficacia de estas capacitaciones debe analizarse, así como las entidades que ejecutaron los contratos pues algunas son “fundaciones de cajón”.

Posteriormente, el concejal Antonio Salim Guerra (Cambio Radical) se refirió al riesgo que enfrenta el título de Patrimonio Histórico de la Humanidad entregado por la UNESCO a Cartagena y el plazo de 2 años otorgado para realizar la demolición del edificio Aquarela.

El concejal resaltó que esta es una alerta para el Gobierno y deben acelerarse los procesos pertinentes para demoler el edificio; además, propuso crear una comisión encargada de asegurar que no se ponga en riesgo el título de patrimonio que ostenta la ciudad. Guerra anunció que presentará una proposición al respecto.

El concejal David Caballero (Conservador) solicitó que en la proposición se incluya control político a la conservación de las murallas, pues al parecer hay deficiencias en sus estructuras.

En ese sentido, el concejal Lewis Montero (Opción Ciudadana) recordó que antes de que se dieran las construcciones, la Corporación se manifestó en contra del Centro Comercial San Lázaro y del Edificio Aquarela por poner en riesgo el patrimonio de la ciudad, sin embargo, las obras continuaron.

Montero resaltó que algunas edificaciones de Marbella, el edificio Porto de Bocagrande y el hotel Las Américas son casos en los que se dieron rellenos, talas de mangle, ocupaciones y dudas que la Administración dejó pasar; además, llamó la atención sobre un pronunciamiento de la UNESCO en años anteriores, donde se determinó que el material usado por la Escuela Taller de Cartagena de Indias, ETCAR, para las murallas ponía en riesgo su estructura.

Para el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) lo más preocupante es la demanda que instaurarán los constructores contra el Distrito por haber otorgado confianza normativa para realizar la construcción, y considera que la Administración debe asesorarse con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y prepararse para verificar cuánto puede costarle a la ciudad los prejuicios generados a los constructores.

Así mismo, expresó que deben analizarse los costos de la demolición y la fuente de los recursos, pues no puede ocurrir como en otras edificaciones que no contaron con el dinero necesario para hacer efectiva la demolición, ya que se pone en riesgo la condición de patrimonio.

El concejal Américo Mendoza (ASI) señaló que antes del pronunciamiento de la UNESCO, el Distrito no cuestionaba a profundidad el detrimento al patrimonio y se había centrado en la ocupación indebida de 720 metros de espacio público por parte del Aquarela.

También sugirió que, con el objetivo de evitar futuros contratiempos por construcciones, debe analizarse la posibilidad de comprar los lotes que se encuentran en la parte trasera del Castillo de San Felipe con los recursos producidos en la taquilla.

Por su lado, el concejal Ronald Fortich (Cartagena con Firmas) llamó la atención por los funcionarios que expiden permisos sin tener en cuenta las consecuencias y expresó que hay un sistema normativo deficiente que permite la expedición de permisos sin analizar todos los factores.

Finalmente, los concejales César Pión (La U) y Duvinia Torres (La U) destacaron que la Corporación debe examinar el impacto de sus propuestas para lograr su materialización a través de compromisos claros y mayor coordinación con los funcionarios; sin embargo, consideran que debe haber voluntad administrativa para llevar a cabo las propuestas presentadas.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el domingo 7 de julio de 2019; a las 8:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital.

Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar de Funcicar.

Ver sesión aquí: