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Secretaría de Participación, Secretaría del Interior y ESE Cartagena de Indias presentan informe de gestión en el Concejo

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 29 de marzo  de 2019.

Hora de inicio: 8:05 a.m.

Receso: 8:07 – 8:16 / 8:22 – 8:48 a.m.

Hora de finalización: 12:09 a.m.

En esta sesión del Concejo de Cartagena estaba programada la presentación de informes de gestión por parte de la Secretaría del Interior, Secretaría de Participación y la ESE Cartagena de Indias. Al iniciar la sesión se declaró un receso que duró 9 minutos por falta de quórum; luego, al retomarse la sesión se procedió con el orden del día, sin embargo, se declaró un nuevo receso de 26 minutos debido a una proposición del concejal Rodrigo Reyes (Conservador) para esperar hasta las 8:30 a.m. pues los funcionarios estaban citados para esa hora, y aún no se encontraban en el recinto.

Una vez se retomó la sesión, se continuó con la presentación del informe de gestión de la Secretaria de Participación, Claudia Anaya, quien mostró los avances efectuados en el Plan de Desarrollo; algunos de los puntos mencionados fueron:

  • La meta “3000 padres, madres y/o cuidadores participando en acciones de promoción para la atención integral de la primera infancia con enfoque diferencial”, fue superada con la atención de 4238 padres de familia o cuidadores.
  • De 200 niños y adolescentes con derechos amenazados, inobservados y/o vulnerados que debieron ser atendidos de forma transitoria e inmediata a través de Hogar de Paso, se atendieron 39 durante 2018.
  • De 100 personas que debían ser atendidas en Hogares Geriátricos fue posible atender a 156.
  • Ante el aumento de casos de abandono a adultos mayores por parte de familiares, se adelantan estrategias como la socialización de la Ley del Adulto Mayor junto a las Comisarías de Familia.
  • La ejecución de la meta “30 mujeres víctimas de violencia de pareja y violencia sexual atendidas en el Hogar de Paso o Casa de Acogida con hijos e hijas menores de edad”, ascendió a 124 mujeres atendidas en 2018.
  • Aunque la meta para 2018 era “Aumentar la atención hasta 448 habitantes de calle mediante rutas de atención integral”, se atendieron 354 habitantes de calle.

En cuanto a la proyección para 2019, Anaya anunció gran parte de la contratación que se realizará mediante convenios, 6 procesos de selección abreviada y algunas mínimas cuantías, estos procesos tendrán valores entre   $1.897.500.000 y $7.000.000.

Posteriormente, se llevó a cabo la presentación del Secretario del Interior, José Carlos Puello, quien se refirió a la gestión adelantada en 2019. Algunos de los logros mencionados fueron la inauguración de un campeonato de microfútbol para que más de 800 jóvenes en riesgo intercambien experiencias y mejoren su convivencia; también hizo referencia a la articulación con la Secretaría de Educación para que 50 jóvenes adelanten estudios de educación superior con todos los gastos pagos desde el mes de abril.

Igualmente, Puello dio a conocer que el alcalde viene analizando la posibilidad de crear una cuarta localidad en la ciudad que agrupe al Centro Histórico y Zona Norte. Otros de los temas abordados por el Secretario del Interior fueron:

  • Aplicación de más de 800 comparendos por invasión al espacio público.
  • Capacitación a madres comunitarias.
  • Articulación con cabildos indígenas y afrodescendientes.
  • Adelantos en el proceso de traslado del cabildo indígena Zenú de Membrillal.
  • Activación de rutas de atención con líderes sociales amenazados.
  • Creación de inspección de policía permanente en el Barrio España.
  • Análisis de 276 solicitudes para eventos y espectáculos, de las cuales solo se aprobaron 160.
  • Operativos contra la parahotelería e intervención de 105 establecimientos.

Más adelante, el concejal Américo Mendoza (ASI) manifestó su inquietud por aquellos establecimientos que vienen funcionando desde hace años pero son cerrados repentinamente por las autoridades debido a la ausencia del certificado de uso del suelo.

Frente a lo anterior, Puello explicó que las competencias sobre este tema corresponden a quien otorga los permisos, teniendo en cuenta que la Secretaría solo hace acompañamiento a operativos y tampoco tiene competencias para hacer cierres de locales comerciales.

En ese sentido, el concejal David Caballero (Conservador) sugirió al funcionario pedir apoyo a la Cámara de Comercio, pues se les ha solicitado verificar el uso del suelo antes de inscribir un establecimiento, sin embargo, se han negado a hacerlo pues no están obligados.

Para el concejal Rodrigo Reyes (Conservador) este es un problema normativo, puesto que con la Cámara de Comercio es posible abrir un negocio y la ley no exige que se presente el uso de suelo. Sobre los operativos, expresó que los funcionarios pueden caer en omisión si no se realizan, pero es desafortunado que un establecimiento con varios años de funcionamiento deba cerrar por la permisividad de la ley y el Distrito.

Luego, el concejal César Pión (La U) expresó que Secretaría del Interior debe liderar una solución, ya que la ausencia de competencias no debe convertirse en una excusa, y sugirió dar un tiempo prudente para que los dueños de establecimientos puedan actualizar el certificado de uso de suelo, toda vez que el Distrito tiene parte de la responsabilidad por permisividad.

También resaltó la importancia de tener mediciones del impacto logrado, y destacó que una opción para regular las certificaciones de uso del suelo es fortalecer la articulación institucional y que se verifique este documento cada vez que se pidan conceptos sanitarios, ambientales o de seguridad.

Por su parte, el concejal Lewis Montero (Opción Ciudadana) señaló que el funcionario no se refirió al estado del Cuerpo de Bomberos y hay inquietudes sobre su capacidad para atender emergencias.

Más adelante, el concejal Américo Mendoza (ASI) presentó un video donde varios jóvenes en riesgo denuncian que luego de la entrega de armas la Secretaría del Interior no continúan los programas de apoyo a esta población. Por lo tanto, Mendoza solicitó una explicación al respecto.

A continuación, el Presidente de la Corporación, Óscar Marín, y el concejal Rodrigo Reyes (Conservador) explicaron que el Secretario del Interior debió retirarse del recinto pues se presentó un incendio en el Mercado de Bazurto y requerían la presencia inmediata del funcionario.

Continuando con el orden del día, se dio inició a la presentación de informe de Roque Bossio, gerente de la ESE Cartagena de Indias, quien realizó un análisis de las principales patologías atendidas en 2018, resaltando lo siguiente:



  • La ESE atiende 541.464 afiliados, de los cuales 187.630 son de Coosalud, 130.095 de Mutual Ser, y 94.114 de Comfamiliar.
  • Los diagnósticos más detectados en morbilidad general por consulta externa fueron hipertensión, rinofaringitis aguda, y dorsalgia.
  • Los diagnósticos más detectados en morbilidad general por servicio de urgencias fueron rinofaringitis aguda, fiebre de otro origen y de origen desconocido, cefalea y dolor abdominal o pélvico.
  • En cuanto a la mortalidad general las principales causas fueron paro cardiorrespiratorio, infarto agudo al miocardio y muerte súbita. El rango de edad más afectado por estas causas es de 60 años en adelante.
  • Durante 2018 el consolidado de pacientes atendidos por urgencias fue de 266.422
  • Se expidieron 203 certificados de defunción.

En lo referente a la parte financiera de la ESE, el gerente informó que los indicadores de rendimiento financiero vienen recuperándose, también dio a conocer que la cartera de esta entidad en 2017 fue de $42.761.280.789, mientras que en 2018 fue de 39.474.914.704, y para su total recuperación se adelantan procesos de cobro coactivo. Sobre la ejecución de gastos de la ESE, y otros indicadores presupuestales, se mostró lo siguiente:

Finalizada la intervención, los concejales Angélica Hodeg (Alianza Verde) y César Pión (La U) pidieron mayor detalle sobre las poblaciones atendidas y sobre los programas de prevención y sus impactos.

Por su parte, el concejal Dagoberto Macías (Cambio Radical) destacó la pertinencia de contar con información sobre la satisfacción de los prestadores de servicio, médicos, y enfermeras, pues esto se relaciona con la calidad del servicio.

Posteriormente, el concejal Erich Piña (Liberal) solicitó conocer qué ha pasado con el Hospital Bicentenario pues la ESE asegura que no hay población suficiente para su operación.

Para el concejal Lewis Montero (Opción Ciudadana) es necesario que en una próxima citación se informe sobre el manejo que se ha dado a los recursos para infraestructura hospitalaria, puesto que considera podría haber un detrimento patrimonial por los centros de salud que no se han puesto en funcionamiento.

Finalmente, el concejal Antonio Salim Guerra (Cambio Radical) resaltó que el problema de la salud se ha convertido en una cuestión mayúscula, ya que su origen es la política pública nacional y se requiere apoyo de la Nación para prestar un servicio óptimo.

Continuando con el orden del día, el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) anunció que viene trabajando en el Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 026 del 2002 y el Acuerdo 006 de 2003 y crea dos nuevas localidades en el Distrito de Cartagena conforme a las necesidades actuales de la ciudad y su zona”, cuyo objetivo es crear una localidad para el Centro Histórico y Zona Norte, y otra localidad para corregimientos y zona insular.

Para Toncel, corregimientos y zona insular han presentado inconvenientes similares en lo referente a salud, infraestructura y servicios públicos, además, se lograría una inversión directa en estos sectores, pues aunque el 30% del presupuesto de las Alcaldías Locales debería destinarse a estas zonas, esto no se ha efectuado y los corregimientos presentan grandes deficiencias.

El concejal explicó que el proyecto será entregado al alcalde para que realice una revisión jurídica y posteriormente sea presentado a consideración de la Corporación.

Por último, la plenaria aprobó una proposición del concejal Lewis Montero (Opción Ciudadana) y adicionada por el concejal Javier Curi (Liberal) en la que se solicita información sobre 2 lotes distritales que fueron cedidos para la construcción de un edificio, sin embargo, se dispuso que los predios regresarían al Distrito si no se realizaban dichas obras. No obstante, presuntamente los lotes se encuentran en propiedad y usufructo de particulares en la actualidad.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el sábado 30 de marzo de 2019 a las 8:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital.

Ver sesión aquí: 

Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar de Funcicar.

Descarga anexos:

Proposición – Lotes del Distrito

Presentación informe de gestión – ESE Cartagena

Presentación informe de gestión – Secretaría de Participación

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Diputados debaten sobre Pista de Patinaje en Arjona y terminación del contrato con ASOMENORES

Bitácora de la Asamblea Departamental de Bolívar, 28 de Marzo de 2019.

Hora de inicio: 9:20 a.m.

Hora de finalización: 1:43 p.m.

Esta sesión de la Asamblea Departamental correspondió a un debate de control político sobre la suspensión del contrato administrativo de ASOMENORES y una citación a la directora de los Juegos Nacionales para que responda dudas sobre la pista de patinaje de Arjona.  De igual forma, se había citado a la Secretaria de Salud, Verena Polo, pero debido a compromisos con el Ministerio de Salud fue reprogramada la citación para el próximo martes 2 de abril.

Iniciando con el orden del día fue aprobada el Acta 007 del 26 de marzo de 2019. Luego, se aprobó una proposición de ratificación del diputado José Bossio (Liberal) sobre la audiencia pública realizada en la vereda de Membrillal el pasado martes.

Más adelante, se dio lectura a las siguientes comunicaciones:

  1. Oficio mediante el cual el Secretario de Infraestructura, Dulis Garrido, delega al director técnico de planeación de infraestructura, Enrique Chartuni, para que lo represente en la plenaria.
  2. Oficio por medio del cual la Procuraduría de Familia del departamento informa que las respuesta a los interrogantes planteados serán enviadas al órgano competente que se encarga de la defensa de los derechos de infancia, adolescencia y familia.

De acuerdo con las citaciones mencionadas anteriormente, la plenaria contó con la presencia de la directora de los Juegos Nacionales, representantes de la Secretaría de Infraestructura, Alcaldía de Arjona, Institutito Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Asomenores y la Policía Metropolitana.

De esta forma se dio inicio a la socialización sobre la pista de patinaje de Arjona por parte de la directora de los Juegos Nacionales 2019, Cecilia Baena, quien comenzó su intervención respondiendo las siguientes dudas, así:

  • Actualmente, las obras de construcción para los escenarios deportivos que se utilizarán en los XXI Juegos Deportivos Nacionales y V Juegos Deportivos Paranacionales, se encuentran en proceso de contratación:

Seguidamente, Baena presento los proyectos de inversión que adelanta la Gobernación de Bolívar, así:

A su vez, la funcionaria aclaró que inicialmente el Comité Organizador de los Juegos había aprobado la Cancha de Patinaje en el municipio de Magangué, sin embargo, el terreno no contaba con las especificaciones técnicas requeridas para un evento de esta envergadura, pero sí estaba cualificada para construir un patinódromo, el cual también sería beneficioso para el municipio. 

Por lo anterior, se llevó al Comité la propuesta de realizar estas competencias en el municipio de Arjona, en el patinódromo “Chechi Baena” construido por la Gobernación de Bolívar hace algunos años, que contaba con pista para el circuito de Ruta, y que en su parte interna el espacio residual del escenario, sirvió para implementar una cancha de Fútbol.

Por tal motivo, Baena informó que se invitó a la Alcaldesa de Arjona al Comité Organizador en donde se socializó el proyecto sobre la pista de patinaje y se propuso que en compensación a este, se construiría un escenario de fútbol en los terrenos aledaños al estadio Benjamín Herrera.

Más adelante, en representación de la Secretaría de Infraestructura, Enrique Chartuni expresó que la comunidad del municipio de Arjona no ha mostrado mayor interés en el proyecto, y la falta de comunicación que hubo inicialmente en la socialización del proyecto ha causado discordia entre las partes.

 Además, aclaró que las obras que se realizarán en este municipio son la ampliación de la pista de patinaje y la pista de ruta en el Coliseo de Ferias, ya que el Coliseo Menor no se construirá por falta de tiempo y de recursos.

Como proponente de este debate, el diputado Libardo Simancas (Cambio Radical) mostró su satisfacción con las respuestas presentadas por parte de la funcionaria y expresó que el objetivo era darle la tranquilidad a la comunidad de que el Estadio Benjamín Herrera no será demolido, sino que será mejorado para el disfrute de toda la población.

Por su parte, el diputado Mario Del Castillo (Centro democrático) lamentó la pérdida de la Cancha de Patinaje en el municipio de Magangué, y se mostró de acuerdo con lo manifestado sobre el poco interés de la comunidad para estos proyectos.

Luego, el diputado Víctor Mendoza (Cambio Radical) solicitó información de las licencias y permisos para la construcción de los escenarios deportivos.  

Así mismo, el diputado Miguel Cuéter (Conservador) expresó su preocupación por los recursos que se han perdido debido a la falta de interés de la comunidad, e indicó que no está de acuerdo con  que a tan solo 6 meses para el inicio de los Juegos Nacionales 2019, aun se siga en procesos de contratación.

Por otra parte, los diputados Manuel Berrio (Cambio Radical) y Frank Ricaurte (La U) reconocieron la gestión realizada por parte de Cecilia Baena para los Juegos Nacionales 20019 y ratificaron que sí se hizo la socialización del proyecto con la comunidad, pero la falta de interés ha dificultado el desarrollo del mismo.

El diputado Jorge Redondo (Cambio Radical) señaló que la verdadera razón por la cual no se construirá el Coliseo Menor es por el incumplimiento de COLDEPORTES en lo que respecta a la transferencia de recursos, e insistió en seguir con el proyecto de la cancha sintética en el municipio de Arjona.

Finalmente, el diputado José Bossio (Liberal) propuso que se le informe al Gobernador sobre lo debatido en la sesión, y reafirmó la necesidad de construir la cancha sintética para así compensar a la comunidad.

Continuando con el orden del día, se realizó el debate sobre la terminación del contrato administrativo de ASOMENORES. De esta manera, se dio Inicio a la discusión por parte del secretario del Interior, Simón Villalba, quien respondió que se desconoce del tema y que tampoco ha sido notificada la terminación del contrato administrativo en mención. Además, aclaró que a la fecha no hay ningún convenio suscrito con la Alcaldía, ICBF, Asomenores o Bienestar Familiar.

Más adelante, fue el turno para el director regional del ICBF, Andrés Mejía, quien indico que nunca se ha hablado sobre la suspensión del contrato con ASOMENORES sino de la terminación del contrato, el cual se cumple el 9 de abril de la presente anualidad. De igual forma, mencionó que no existe acta de la junta directiva puesto que el ICBF tiene autonomía para tomar decisiones con respeto al tema. 

Posteriormente, señaló que se han realizado varias visitas de inspección, en las cuales se han encontrado sustancias psicoactivas y armas blancas, por esta razón se decidió que no se renovaría el contrato con Asomenores , sino que se cambiaría de operador. De esta manera, por medio de una convocatoria nacional la fundación Hogares Claret fue cualificada y fue quien recibió la licencia respectivamente.

A continuación, la directora de Asomenores, Lucy Lascarro, mencionó que nunca fue notificada acerca la visita de inspección que se realizó y tampoco se le notificó a la junta directiva de Asomenores sobre la decisión del cambio de operador. Así mismo, pidió que se tuviera en cuenta a todas las personas que se quedarán sin empleo, e insistió en la necesidad de que el Departamento proponga un plan de acción para sopesar la falta financiera y laboral que dejará la terminación de este contrato. 

En ese sentido, el teniente Marco Andrés Castro de la Policía Metropolitana señaló que no tiene competencia para intervenir en esta decisión pero que la institución estaba dispuesta a seguir haciendo el control y la vigilancia respectiva.

Al respecto, el diputado Miguel Cuéter (Conservador) señaló que el problema fue que el ICBF no realizó el debido proceso y no se le brindaron garantías a los funcionarios de Asomenores, por lo que propuso al ICBF reconsiderar la decisión y buscar otros medios para mitigar los daños.

En otro orden de ideas, el diputado Jorge Redondo (Cambio Radical) expresó que el ICBF es quien le da personalidad jurídica a ASOMENORES, por lo tanto, es autónomo en tomar la decisión. De igual modo, señaló que de acuerdo con la información suministrada por el ICBF la terminación del contrato es por causa del mal estado en la infraestructura.

El diputado indicó que sería el ICBF quien debería dar los recursos para el mejoramiento de las instalaciones, y resaltó que la fundación Hogares Claret ha reportado 3 niños muertos este año, por lo cual duda de su reconocimiento a nivel nacional.

De igual forma, los diputados Jorge Rodríguez (La U), Mario Del Castillo (Centro Democrático) y Manuel Berrio (Cambio Radical) expresaron su inconformidad a la violación del debido proceso por parte del ICBF y expresaron que si esa es la decisión deben tener en cuenta las consecuencias económicas y legales que tendrán que asumir.  A su vez, insistieron en la necesidad de aclarar que el Departamento no tiene ninguna competencia y revisar cuánto es el monto que ha invertido.

Al terminar con las intervenciones, se realizó la aprobación de las siguientes proposiciones:

  1. Proposición por parte del diputado José Bossio (Liberal) por medio de la cual se rechaza el cambio de operador y se solicita remitir Acta de la sesión a la comisión séptima del Senado de la República.
  2. Proposición por parte del diputado Manuel Berrio (Cambio Radical) en la cual cita a la directora de Icultur, Lucy Espinosa, a fin de conocer la reglamentación de las tarifas y medidas de seguridad implementadas por la administración en la reapertura de las salinas en el municipio de Galerazamba.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el martes 2 de abril de 2019 a las 4:00 p.m., en la sede ubicada en Manga, 3 avenida # 24-79, Edifico Imán.

Escrito por Isabella Ordosgoitia, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar de Funcicar.

Anexos:

Descarga: Presentación Juegos Nacionales 2019

Presentación Juegos Nacionales 2019

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Sector Central de Olaya denuncia alta contaminación en caños y canales de la zona

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 28 de marzo de 2019.

Hora de inicio: 8:13 a.m.

Hora de finalización: 10:31 a.m.

Para esta sesión del Concejo de Cartagena estaba programado un debate de control político sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) de Transcaribe, pero no fue incluido en el orden del día.

Iniciado el orden del día, el Secretario General dio lectura al siguiente cronograma de presentaciones de informe de gestión:

Dependencias citadas

Fecha

Secretaría del Interior, Secretaría de Participación y ESE Cartagena de Indias

29 de marzo

Alcaldías Locales

1 de abril

Secretaría General y Oficina de Talento Humano

2 de abril

DADIS

3 de abril

Transcaribe

4 de abril

A continuación, se dio lectura al Proyecto de Acuerdo “Mediante el cual se solicita un depósito rembolsable a quien solicite un permiso para eventos transitorios que promocionen actividades con avisos, carteles, volantes, pasacalles y vallas de actividades transitorias”. El autor de esta iniciativa es el concejal César Pión (La U) y los ponentes designados para su estudio fueron los concejales Antonio Salim Guerra (Coordinador), Édgar Mendoza y Américo Mendoza.

Pión explicó que la intención de este proyecto es disminuir la contaminación visual y que con el depósito se desmonten las vallas o avisos, en caso de que no sean retirados por quienes los instalan; en ese sentido, se propone la creación de una comisión encargada de determinar aspectos como la forma de cobro y devolución del dinero.

Posteriormente, la plenaria aprobó una proposición presentada por la bancada liberal en la que se cita al Comandante del Cuerpo de Bomberos y el Secretario del Interior para que informen sobre las políticas públicas de gestión de riesgos contra incendios y capacidad del Cuerpo de Bomberos.

Más adelante, el concejal Lewis Montero (Opción Ciudadana) manifestó su preocupación por las desigualdades sociales que se evidencian en materia de utilización del espacio público, recordó que la Corporación se ha referido al caso de la Sociedad Portuaria y el Centro de Convenciones Las Américas, así como también lo ocurrido con palenqueras y vendedores ambulantes.

Montero presentó un vídeo del restaurante Juan Del Mar, ubicado en el Centro Histórico, donde se permite el cierre de la vía para que el establecimiento instale mesas y sillas; al respecto, solicitó se explique por qué estos restaurantes pueden utilizar el espacio público con fines comerciales pero vendedores ambulantes y palenqueras no.

Seguidamente, varios concejales se pronunciaron sobre este tema:

  • El concejal César Pión (La U) recordó que en los próximos días se hará un debate sobre la situación del espacio público y expresó que le corresponde a la Corporación poner en cintura a los funcionarios para lograr resultados.
  • El concejal David Caballero (Conservador) destacó que las calles del Centro Histórico vienen siendo tomadas por particulares, y no solo se está dando permiso para utilizar el espacio público, sino que se cierran las vías y se impide el paso.
  • El concejal Javier Curi (Liberal) propuso llevar a cabo un debate abierto para lograr una política de desarrollo económico que promueva la justicia y equidad social, teniendo en cuenta que la actual política de espacio público ha sido un fracaso y los empresarios vienen apropiándose de la renta que genera.
  • El concejal Rodrigo Reyes (Conservador) manifestó su inquietud frente a la utilización del espacio público, y considera necesario adelantar un estudio de los convenios existentes, pues en plenaria se ha hecho referencia a la administración de baluartes y el caso de la Sociedad Portuaria.

Reyes también presentó una proposición para que se informe sobre el estado de las murallas, lo recibido por arriendo de fortificaciones, controles a vehículos que ingresan al Centro, Plan de Movilidad, etc. Esta proposición fue aprobada.

Continuando con el orden del día, el concejal Antonio Salim Guerra (Cambio Radical) se refirió al debate sobre el FET que estaba programado para hoy y explicó que no se llevó a cabo debido a que el gerente de Transcaribe envió una excusa, por lo que pidió que se agende nuevamente este debate.

Para el cabildante es un tema de gran importancia ya que al parecer sin el FET Transcaribe podría colapsar, pues es su alternativa de subsistencia, toda vez que presuntamente lo recaudado no es suficiente para financiar la operación; además, expresó su inquietud por este tema, puesto que podría significar un incremento en los impuestos.

En ese sentido, el concejal César Pión (La U) llamó la atención sobre la excusa enviada pues deben ser aprobadas por la plenaria; además, expresó que el FET podría entrar a fortalecer intereses privados.

Por su lado, el concejal David Caballero (Conservador) destacó que el año pasado se pensó en enviar a la Corporación el proyecto sobre el FET, teniendo en cuenta que al parecer los operadores no cuentan con el músculo financiero requerido; de igual forma, resaltó que el alcalde Pereira no representa a la ciudad en estos temas.

Seguidamente, el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) realizó un llamado a la Administración puesto que desde hace 2 años no se hace limpieza en canales y caños de Olaya, lo cual podría convertirse en un problema de salud pública una vez inicien las lluvias; además, dio a conocer que el sector Central de este barrio anunció cierres viales para que se atienda esta situación, toda vez que la Administración no ha dado respuesta a sus solicitudes.

Luego, a petición de Toncel, la plenaria se declaró en sesión informal para escuchar a Lía Muñoz, quien presentó una denuncia pública en representación de la comunidad del barrio Olaya, pues si no se inician acciones inmediatas frente la alta contaminación de los caños del sector, que han provocado enfermedades en más de 10 niños, se realizará un bloqueo en la Avenida Pedro Romero el día lunes, pues esta situación se ha convertido en un riesgo constante para la comunidad y no se ha recibido respuesta de la institucionalidad a pesar de las denuncias presentadas.

Al respecto, la concejal Duvinia Torres (La U) pidió una copia de la documentación a la que hace referencia la ciudadana para que en la Corporación se presente una proposición de todas las bancadas y se solicite una intervención inmediata, pues es un tema que debe incluirse en la agenda pública.

Igualmente, el concejal David Caballero (Conservador) requirió que las denuncias efectuadas sean trasladadas a la Fiscalía desde la Secretaría General del Concejo para agilizar el proceso.

A continuación, la plenaria aprobó una proposición de los concejales Américo Mendoza (ASI) y William Pérez (La U) en la que se cita al director del DATT para que rinda un informe detallado del impacto de la liquidación del contrato de concesión que estuvo a cargo de Circulemos para suministro de infraestructura tecnológica, actualización y administración del sistema de información de tránsito y transporte.

De igual forma se aprobó una adición realizada por el concejal Javier Curi (Liberal) en la que pide información sobre los contratos suscritos con la empresa DATA TOOLS para brindar los servicios que solía prestar Circulemos.

El concejal Américo Mendoza (ASI) señaló que la proposición gira en torno a la situación deficitaria en la que se encuentra el DATT, y considera debe haber un análisis profundo para evitar su colapso.

Por su lado, el concejal Curi manifestó que le llama la atención el déficit al que se hace mención, puesto que la operación solo pasó a ser de la concesión a uno de sus operadores, pues el único cambio fue en la modalidad contractual: de concesión a contratación directa. Para Curi este déficit responde a la gestión administrativa del DATT y no está ligado a la antigua concesión.

Por último, el concejal William Pérez (La U) realizó una proposición aditiva a la proposición 002 de la bancada de Opción Ciudadana sobre el servicio de aseo. En la aditiva se solicita informe sobre lo que viene haciéndose con los recicladores de la ciudad. Esta proposición fue aprobada.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el viernes 29 de marzo de 2019 a las 7:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital.

Ver sesión aquí: 

Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar de Funcicar.

Descarga:

Proposición – Cuerpo de Bomberos

Proposición – Estado de murallas y fortificaciones

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Concejo propone control político a Plan de Alimentación Escolar y Cerro de La Popa

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 27 de marzo de 2019.

Hora de inicio: 9:11 a.m.

Hora de finalización: 10:16 a.m.

Para esta sesión del Concejo de Cartagena estaba programado un debate de control político sobre unas declaraciones concedidas por el alcalde donde anunció la posibilidad de tramitar un crédito público con FINDETER, sin embargo, esta citación no fue incluida en el orden del día.

Iniciado el orden del día, se dio lectura a un oficio redactado por el concejal César Pión (La U) y que sería enviado a Avianca, Presidencia y Vicepresidencia de la República solicitando a la aerolínea replantear la cancelación de varias rutas directas que conectan a Cartagena con ciudades del Norte y Centro de América, teniendo en cuenta la importancia del turismo para el Distrito.

Al respecto, el concejal Antonio Salim Guerra (Cambio Radical) hizo un llamado a los gremios y congresistas de Bolívar para apoyar esta iniciativa, pues la retirada de estas rutas representa un golpe bajo para la economía de la ciudad.

Igualmente, el concejal Javier Curi (Liberal) sugirió que se explique a la Corporación de qué manera se viene aplicando la política de cielos abiertos, pues nuestra economía se afectaría si no se cuenta con la oferta suficiente.

Por recomendación del concejal Édgar Mendoza (Conservador), el concejal Pión propuso que se realice una sesión especial para abordar este tema y que el documento se envíe a nombre de la Corporación. Esta proposición fue aprobada.

Continuando con el orden del día, se dio lectura al título de un Proyecto de Acuerdo presentado por el Presidente del Concejo, Óscar Marín, “por medio del cual se autoriza a la mesa directiva del Concejo de Cartagena para que realice el proceso para la elaboración de un logo como imagen corporativa del Concejo, conformada por logo y eslogan, y se dictan otras disposiciones”.

A continuación, la plenaria aprobó una proposición presentada por la bancada de Cambio Radical para que se conforme una comisión accidental, como resultado del debate del día de ayer, para referirse a la reglamentación distrital, creación del Comité de Convivencia, despachos comisorios, recursos económicos para implementar la ley, etc.

En ese sentido, la concejal Duvinia Torres (La U) pidió incluir el Plan de Mejoramiento Integral de las Inspecciones de Policía, debido al rol que tienen las inspecciones en la aplicación del Código.

Por otro lado, el concejal Édgar Mendoza (Conservador) dio a conocer que mediante sentencia 211 de 2017 la Corte Constitucional condicionó las sanciones para vendedores ambulantes y estacionarios hasta que exista un programa de reubicación distrital, es decir, si una orden de comparendo llega a un inspector no se dará una sanción debido a la ausencia de un programa de reubicación. Por lo tanto, Mendoza solicitó adicionar este punto en la proposición.

Al respecto, los concejales Wilson Toncel (Cambio Radical) y Dagoberto Macías (Cambio Radical) destacaron que el objetivo es analizar la metodología de aplicación del Código y brindar las herramientas necesarias a los inspectores de policía.

Posteriormente, se dio lectura a una proposición presentada por los concejales Erich Piña (Liberal), Édgar Mendoza (Conservador) y William Pérez (La U) para conocer el estado en que se encuentran las zonas de conservación y preservación de las áreas ecológicas del Distrito, más exactamente las ubicadas en el Cerro de la Popa; lo anterior en el marco del Convenio suscrito por la Alcaldía y FINDETER, el cual renueva la entrada de Cartagena al Programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas. Esta proposición fue aprobada.

El concejal Piña indicó que con el convenio firmado con FINDETER varios predios se vieron afectados por la declaratoria de reserva ecológica, por lo que es necesario conocer el estado e inventario de aquellos lotes que pasaron a ser propiedad del Distrito y siguen siendo usurpados por particulares.

Por su parte, el concejal Américo Mendoza (ASI) pidió adicionar dos preguntas relacionadas con el establecimiento de una vigilancia permanente en La Popa y la ubicación de vegetación que pueda prevenir deslizamientos de tierra. 

Para el cabildante debe garantizarse una vigilancia permanente para evitar la proliferación de invasiones y lograr una respuesta inmediata de parte de la Administración cuando se registre algún daño al medioambiente. Además, considera que las intervenciones para prevenir la erosión del cerro no son claras y propuso un análisis técnico de la vegetación que podría sembrarse para reducir las afectaciones por deslizamientos.

A su turno, el concejal César Pión (La U) recordó la existencia del Acuerdo 014 de 2015 mediante el cual se exige a la Administración la entrega de un informe trimestral sobre el estado de La Popa, e igualmente mencionó que en noviembre de 2018 la Procuraduría solicitó un informe sobre la calamidad pública que se decretó sobre la zona en cuestión.

Por último, la Corporación aprobó una proposición de los concejales Javier Curi (Liberal), Erich Piña (Liberal), Rafael Meza (Conservador) y Lewis Montero (Opción Ciudadana) en la que citan a la Secretaría de Educación, contratista e interventor del Plan de Alimentación Escolar 2018 y se les solicita copia del contrato inicial y modificaciones, certificaciones expedidas por los rectores sobre las raciones entregadas, actas de entrega de menajes, relación de nómina del personal vinculado, contratos suscritos con el personal de manipulación de alimentos, certificación de pago de seguridad social, etc.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el jueves 28 de marzo de 2019 a las 7:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital.

Ver sesión aquí: 

Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar de Funcicar.

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Proposición – Comisión Accidental sobre Código de Policía

Proposición – PAE

Proposición – Reserva Ecológica

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Funcicar elige nueva junta directiva periodo 2019-2021

Este martes, la asamblea general de socios de la Fundación Cívico Social Pro Cartagena, Funcicar, eligió nueva junta directiva para el periodo 2019-2021.

Miembros principales: María Claudia Trucco (Surtigas), Jaime Restrepo (Polyban), Roberto García (Transelca), Héctor Molina (Lamitech) y Alberto Roa (Universidad Tecnológica de Bolívar).

Suplentes: Jaime De La Cruz (Círculo de Obreros San Pedro Claver), Víctor Hurtado (Compas S.A.), Consuelo Acevedo (SACSA), Raúl Bustamante (Hotel Intercontinental) y Diana Rodríguez (Centro de Convenciones Cartagena de Indias).

Funcicar está conformada por ciudadanos, organizaciones y empresas que trabajan desde hace 25 años por la cultura democrática, la ética pública, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional, con la convicción de que una ciudadanía activa y vigilante contribuyen a alcanzar la efectividad necesaria para el desarrollo del territorio.

Comunicado 05-19.

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Asamblea de Bolívar realiza audiencia pública en Membrillal sobre titulación de predios

Bitácora de la Asamblea Departamental de Bolívar, 26 de marzo de 2018. 

Esta sesión de la Asamblea Departamental de Bolívar correspondió con una audiencia pública en la vereda de Membrillal con el objetivo de buscar soluciones sobre la titulación de los predios. Esta audiencia pública contó con la presencia de la Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Hábitat de Bolívar; así como delegados de la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Educación del Distrito de Cartagena, Corvivienda; también hubo presencia de representantes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Personería y la comunidad de Membrillal.

Iniciando con el orden del día, fue aprobada el Acta 006 del 22 de marzo de 2019. Seguidamente, el diputado citante Manuel Berrio (Cambio Radical), resaltó que la asistencia de los funcionarios invitados es una muestra del interés que tienen el Departamento y el Distrito para buscar soluciones a esta problemática.

De igual forma, el diputado Berrio señaló que esta iniciativa surgió luego de una reunión con la Personería Distrital de Cartagena, en la cual se identificó que en el año 1971 la empresa INTERCOL donó 67 hectáreas de tierra, de las cuales 33.1 se asignaron al departamento y 33.9 fueron donadas a la Junta de Acción Local de la vereda. Sin embargo, hasta la fecha solo ha sido posible legalizar algunos predios.

A continuación, se dio inicio a las intervenciones de parte de la comunidad; inicialmente María Osorio, líder de Membrillal, y Róger Suárez, capitán del cabildo indígena, manifestaron varias inquietudes; algunos de los puntos mencionados fueron los siguientes:

  • En cuanto al proceso legal, actualmente solo hay 32 predios legalizados y 4 de ellos quedaron pendientes en Secretaría Jurídica debido a que se paralizó el proceso de los mismos.
  • Consideran que los predios no deberían ser catalogados como casas de interés social, puesto que el Art. 14 de la Ley 388 se demuestra que Membrillal hace parte de la zona rural.
  • Presentaron una solicitud de acompañamiento técnico y jurídico a lo largo de los procesos de titulación.
  • Manifestaron su preocupación por las dificultades presentadas en las obras de infraestructura para la escuela de Membrillal, pues la no legalización de predios ha sido un inconveniente.

Más adelante, fue el turno para Miguel Osorio, director de vivienda de la Secretaría de Hábitat Departamental, quien realizó las siguientes aclaraciones sobre los requisitos que deben cumplirse para alcanzar la titulación de los predios, así:

  1. El valor del predio no puede superar los $111 millones.
  2. Las familias debe tener la ocupación de la vivienda desde antes del 30 noviembre de 2001.
  3. Los predios solo pueden ser utilizados como viviendas.
  4. Cada lote debe estar al día en el pago del impuesto predial.

Por otra parte, Osorio indicó que actualmente se está revisando cuántas hectáreas le pertenecen a Membrillal y cuántas al departamento, puesto que hay 71 predios de los cuales no se tiene información alguna, motivo por el cual insistió en la importancia de lograr que la comunidad se acerque al IGAC para hacer una actualización de datos.

En concordancia con lo anterior, el diputado Manuel Berrio (Cambio Radical) manifestó que el 95% de las familias pueden acceder a la titulación gracias a la Ley 1001 del 2005, y aclaró que el pago no se determinó por metros cuadrados sino por salarios mínimos.

Al respecto, el diputado Frank Ricaurte (La U) preguntó sobre las medidas tomadas por parte de la Administración para solventar la deuda que hay con el Distrito, e insistió en que esta audiencia pública debe terminar con conclusiones y soluciones para la titulación de los predios.

El diputado Jorge Redondo (Cambio Radical) propuso realizar una mesa técnica con el fin de darle seguimiento y continuidad al tema. También, expresó su inconformidad por la inasistencia de algunos funcionarios distritales que eran vitales para el desarrollo de la discusión.

De igual forma, manifestó que el Departamento y el Distrito deben buscar una solución para la deuda pendiente, ya que la legalización de los predios no puede seguir posponiéndose por esta situación.

Así mismo, los diputados Elkin Benavídez (Liberal) y Jorge Rodríguez (La U) señalaron que el Departamento en varias ocasiones ha buscado la forma de titular estos predios, pero consideran que la comunidad no ha mostrado interés durante el proceso. A su vez, pidieron claridad al Distrito pues les corresponde levantar el embargo como primer paso.

Posteriormente, el delegado de la Secretaría de Hacienda Distrital, David Díaz, resaltó que el Distrito tiene toda la disponibilidad para colaborar con la legalización de los predios, e informó que la próxima semana la Secretaría liderará reuniones para gestionar acuerdos de pago y así levantar el embargo.

Luego, el delegado de la Personería Distrital, Marlon Yánez, manifestó que dependiendo de la caracterización que se le haga a los predios, este garantizará que no sean vulnerados los derechos de la comunidad.

Seguidamente, la Secretaria de Planeación, Mery Luz Londoño, propuso la realización de una mesa de trabajo el martes 2 de abril, en la cual asistirían funcionarios distritales y departamentales como Secretarios de Hacienda, Secretarios de Planeación, entre otros; además, sugirió que la Asamblea envíe una comisión para que sirva de garante y mediador entre las partes para esta mesa de trabajo.  

Esta proposición se puso a consideración de la plenaria y fue aprobada.

Continuando con las intervenciones, el Secretario de Hábitat, Jorge Valle y la directora de Agustín Codazzi, Lucía Cordero, ratificaron su compromiso para trabajar en la mesa de trabajo.

Así mismo, la diputada Verónica Payares (Liberal) manifestó que la audiencia pública cumplió con el objetivo de buscar soluciones inmediatas para la comunidad y le propuso a la Secretaría de Hacienda Distrital adelantar un acuerdo con la comunidad sobre el monto que pagan por impuesto predial.

Finalmente, el diputado Manuel Berrio (Cambio Radical), concluyó la audiencia confirmando la mesa técnica para el martes 2 de abril a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda Distrital.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el jueves 28 de marzo de 2019 a las 8:30 a.m.,  en la sede ubicada en Manga, 3 avenida # 24-79, Edifico Imán.

Escrito por Isabella Ordosgoitia, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar de Funcicar.

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Concejo cuestiona aplicación del Código de Policía en Cartagena y pide dotación de Inspecciones de Policía

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 26 de marzo de 2019.

Hora de inicio: 9:13 a.m.

Hora de finalización: 1:41 p.m.

En esta sesión del Concejo de Cartagena se realizó un debate de control político sobre la aplicación del Código de Policía en la ciudad; en plenaria se contó con la presencia del Secretario del Interior, inspectores de policía, alcaldes locales, Gerencia de Espacio Público, Policía Metropolitana, Oficina de Control Urbano, IPCC, EPA, y una representante de la Personería.

Iniciado el orden del día, el concejal citante Dagoberto Macías (Cambio Radical) expresó que la intención de esta citación es profundizar en la forma como se viene aplicando el Código, explicar a la ciudadanía qué autoridades tienen competencias para efectuar sanciones, y analizar la situación para lograr una correcta implementación.

Durante la sesión, se realizaron 10 intervenciones de los funcionarios de la Administración presentes en plenaria, así:

  • En representación de los inspectores de policía urbanos se presentó Mónica Erazo, quien dio a conocer que con la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía los inspectores tienen nuevas funciones en las 15 comunas de la ciudad relacionadas con medio ambiente, salud pública, comportamientos que afectan la actividad económica, urbanismo y espacio público, para lo cual cuentan con los mismos 17 inspectores que existen desde hace 15 años. Así mismo, informó que se crearon 3 inspecciones que laboran en la jornada nocturna, fines de semana y festivos. También manifestó que no todas las inspecciones cuentan con las herramientas de trabajo necesarias, hacen falta computadores, impresoras, vehículos, y aunque con la inversión de $9 mil millones se logró la adecuación y remodelación de algunas estaciones, esto no es suficiente.
  • En representación de los inspectores de policía rurales se presentó Martín Arce, quien señaló que varias de las inspecciones rurales ni siquiera cuentan con una sede, tienen poco apoyo policial para los operativos, no hay impresoras, y los computadores son escasos. Arce expresó que la zona rural no hizo parte de la inversión de $9 mil millones para inspecciones; además, se recategorizó a los inspectores urbanos, pero a los rurales no se les incluyó en este proceso.
  • Por los alcaldes locales, intervino el alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, Carlos Mieles, y explicó que las competencias de las Alcaldías Locales disminuyeron en cuanto a intervenciones en el distrito, solo tienen funciones en recuperación de espacio público en zonas de baja mar, y son segunda instancia dentro de los procesos sancionatorios que impone la Policía Nacional.
  • El Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, Henry Sarabia, resaltó que la Policía es el principal actor en la aplicación del Código y con su entrada en vigencia aumentaron sus competencias. Se han aplicado más de 18 mil comparendos, especialmente por uso indebido de espacio público, riñas, y otros. Sarabia dio a conocer que no se ha implementado el Comité Civil de Convivencia, conformado por el personero y el alcalde, para analizar la aplicación del Código. En cuanto al caso que se presentó hace unos días con una palenquera, expresó que apoya el procedimiento realizado pues se dio para ejercer la función de protección de espacio público. Finalmente, explicó que ningún agente de policía puede acercarse a obras de construcción y solicitar licencias, ya que su rol es apoyar a la autoridad de control urbano.
  • Por parte de la Gerencia de Espacio Público, el gerente Dulfry Martínez mencionó las funciones en materia policiva de esta dependencia, destacando la contribución a la política de recuperación de espacio público, acciones de regulación del comercio informal, ejercer como segunda instancia en algunos casos de retención de elementos tras procedimientos de recuperación de espacio público, etcétera. Martínez informó que no tienen competencias para imponer comparendos, ya que esto corresponde a los inspectores y su deber es hacer acompañamiento a procesos de recuperación de espacio público.
  • El jefe de la Oficina de Control Urbano aclaró que actualmente las competencias para el ejercicio del control urbano se delegaron en los inspectores de policía, conforme a la legislación vigente. Sin embargo, los procesos de control urbano que se encontraron en esta dependencia antes de la entrada en vigencia del Código sí deben ser resueltos por esta Oficina. Finalmente, destacó que su función es principalmente preventiva.
  • El Secretario del Interior, José Carlos Puello, expresó que la misión de esta dependencia en lo referente al Código es coordinar con todas las autoridades para que se le dé aplicabilidad al mismo. También informó que en 2018 se celebró un contrato interadministrativo con Edurbe por $2120 millones, con el objeto de realizar obras de mejoras locativas de inspecciones, comisarías de familia y casas de justicia, sin embargo, estas obras aún no se han recibido. Sobre la inversión de $9 mil millones mencionó que se resolvieron necesidades de las inspecciones como contar con un equipo psicosocial, infraestructura, mobiliario, implementos de oficina, y suministro de papelería. Puello informó que la inversión se hizo únicamente en inspecciones urbanas.
  • Iván Sanes, director del IPCC, explicó que esta dependencia no ejerce funciones policivas señaladas en el Código, y dio a conocer que en 2018 se realizaron 349 visitas de seguimiento y control a inmuebles en intervención del Centro Histórico, 412 visitas de seguimiento a publicidad visual exterior, y se iniciaron 33 procesos administrativos sancionatorios.
  • En representación del EPA, Édgar Saleme expresó que el Código no atribuyó nuevas funciones a este establecimiento, sin embargo, resaltó que, en casos de quejas por exceso de ruido en locales comerciales o viviendas, las competencias no son únicamente del EPA.

Como citantes los concejales Wilson Toncel (Cambio Radical) y Antonio Salim Guerra (Cambio Radical) manifestaron que el Código debe aplicarse de igual manera para toda la ciudadanía y no para sectores específicos. Para Toncel, es necesario que en la ciudad existe una reglamentación especial, toda vez que gran parte de la población cartagenera vive de la economía informal, motivo por el que los constantes desalojos de espacio público representan una dificultad para este sector.

Por su parte, Guerra resaltó lo ocurrido con la palenquera que fue objeto de un operativo de espacio público, pues considera son parte de la imagen de nuestra ciudad, además, señaló que de igual forma deben adelantarse operativos contra quienes ejercen la prostitución en espacio público del Centro Histórico.

El concejal César Pión (La U) expresó que el Código ha sido un fracaso a nivel nacional y ha habido una aplicación sistemática errónea del mismo. También destacó que las multas no se han traducido en una reducción de los delitos, e hizo un llamado a la Administración para implementar el Comité Civil de Convivencia y analizar la metodología de aplicación. Para Pión, Cartagena amerita una reglamentación distinta del espacio público y señaló la importancia de reglamentar lo que le corresponde al Distrito.

A su turno, el concejal Américo Mendoza (ASI) resaltó la importancia de lograr la formalización laboral en Cartagena, teniendo en cuenta que las medidas se vienen aplicando a los sectores más débiles de la población y hay puntos del Código que deben ser sujetos de análisis. Para Mendoza es necesario que la Administración sea más tolerante en la aplicación del Código mientras se formaliza la economía a través de un Plan de Mejoramiento de la Informalidad.

Más adelante, la concejal Angélica Hodeg (Alianza Verde) manifestó su rechazó a lo ocurrido con la palenquera y señaló que la aplicación que se viene dando al Código es una muestra de la desigualdad en la ciudad y ataca la idiosincrasia cartagenera. La cabildante propuso la conformación de una comisión accidental entre Policía, Administración y Concejo para revisar la implementación.

Para el concejal Javier Curi (Liberal) este Código carece de contexto social y no tiene en cuenta la informalidad y la costumbre. Además, considera debe priorizarse el tema de convivencia ciudadana; por otro lado, expresó que la política pública de espacio público ha sido un fracaso en la ciudad, pues no se trata únicamente de recuperar dichos espacios sino de crearlos y lograr la inclusión formal de vendedores, comerciantes y artesanos.

Seguidamente, la concejal Duvinia Torres (La U) reiteró la importancia de lograr la reglamentación del Código, pues es un tema que amerita un seguimiento constante. Así mismo, propuso la creación de un Plan de Mejoramiento Integral de las Inspecciones de Policía y la instalación de Comités Civiles de Convivencia en las Alcaldías Locales.

Luego, el concejal William Pérez (La U) señaló que debe definirse si el Distrito tiene la capacidad institucional necesaria para dar cumplimiento a este Código, pues se han desconocido las necesidades de las zonas rurales en cuanto a la aplicación de esta ley nacional. Para el concejal prevalece el derecho al trabajo de la población y no debería afectarse la confianza legítima de la que gozan varios vendedores. De igual forma, denunció presuntos atropellos a dueños de locales comerciales de estratos bajos por parte de la Policía, y solicitó una mayor socialización del Código.

Por otro lado, el concejal Óscar Marín (Conservador) recordó la existencia de la costumbre como principio del derecho y lo relacionó con el caso de las palenqueras, puesto que históricamente han hecho uso del espacio público y no deben aplicarse medidas represivas si no se ha llevado a cabo la reglamentación del Código que le corresponde al Distrito, por lo que sugiere a la Policía abstenerse de realizar sanciones hasta que no se dé la reglamentación o se inicie el Comité Civil de Convivencia.

El concejal Dagoberto Macías (Cambio Radical) pidió mayor participación de la Personería Distrital, pues parece que se vienen atropellando los derechos de la ciudadanía. El concejal citante presentó una proposición para crear una comisión accidental, sin embargo, por falta de quórum, la votación se aplazó para el día de mañana.

Para dar respuesta a las inquietudes presentadas, el Secretario del Interior y el Comandante de la Policía Metropolitana aseguraron que no hay persecuciones a ningún sector específico de la población, y mencionaron que no es posible dejar de expedir comparendos. Finalmente, el Secretario del Interior anunció que en el próximo proyecto de acuerdo de incorporación al presupuesto que se traiga al Concejo, se añadirá una partida para las inspecciones rurales.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el miércoles 27 de marzo de 2019 a las 8:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital.

Ver sesión aquí: 

Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar de Funcicar.

Anexo:

Descarga aquí: Presentación de Inspecciones de Policía Urbanas

Presentación de Inspecciones de Policía Urbanas

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Situación del espacio público y del Mercado de Santa Rita serán debatidos en el Concejo Distrital

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 24 de marzo de 2019.

Hora de inicio: 9:05 a.m.

Hora de finalización: 9:38 a.m.

Iniciado el orden del día, la plenaria aprobó una proposición presentada por el concejal César Pión (La U) en la que se cita a Espacio Público, IPCC, DATT, Secretaría de Planeación, EPA, Control Urbano y alcaldes locales para tratar todo lo concerniente a espacio público, zonas verdes, paseos peatonales, canchas deportivas, parqueaderos, lugares comerciales con permiso de ocupación de espacio público, etc.

Al respecto, Pión señaló la importancia de analizar el estado del espacio público en su integralidad para determinar las políticas públicas más adecuadas y así dar alternativas de solución, teniendo en cuenta que hay zonas, como la avenida San Martín, donde los locales comerciales han tomado el espacio público y los parqueaderos se han privatizado.

Más adelante, el concejal Rafael Meza (Conservador) se refirió a la situación del Mercado de Santa Rita, pues en días pasados la Administración dio a conocer que durante el primer semestre de este año podría oficializarse la entrega del inmueble, puesto que al parecer se viene coordinando un capital semilla para que los comerciantes inicien sus labores. En ese sentido, sugirió realizar un debate con la Secretaría General e invitar a los comerciantes para que se socialicen los avances logrados.

Meza también destacó la relevancia de Santa Rita debido a la existencia de un fallo que obliga al Distrito a trasladar el Mercado de Bazurto, por lo que sería pertinente reubicar a aquellos comerciantes de Bazurto que acordaron pasar a Santa Rita, de manera que se avance en el cumplimiento del fallo y el alcalde no caiga en omisión. 

El concejal César Pión (La U) manifestó que en Santa Rita se ha generado un detrimento patrimonial en una infraestructura que se ha depreciado durante los años que no se ha utilizado; además, recordó que este tema ha sido una constante preocupación del Concejo, sin embargo, han pasado 7 alcaldes por la ciudad y no se le ha dado solución.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el martes 26 de marzo de 2019 a las 8:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital.

Ver sesión aquí: 

Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar de Funcicar.

Descarga anexos:

Proposición sobre uso de espacio público

PROPOSICIÓN SOBRE USO DE ESPACIO PUBLICO