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Asamblea clausura primer periodo de sesiones extraordinarias y aprueba incorporación de $19 mil millones

Bitácora de la Asamblea Departamental de Bolívar, 20 de febrero de 2019.

Hora de inicio: 9:45 a.m.

Hora de finalización: 11:45 a.m.

En esta sesión de la Asamblea Departamental se llevó a cabo una sesión ampliada de la comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público. Iniciando con el orden del día, se realizó el tercer debate del Proyecto de Ordenanza “Por medio de la cual se efectúa una incorporación de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2019 y se dictan otras disposiciones”, proyecto que pretende incorporar $19.189.608.940 a la construcción de escenarios deportivos para los Juegos Nacionales 2019.

El informe de comisión señala que el cuerpo ordenanzal de la iniciativa se ajusta a los valores y los objetivos de los convenios firmados entre el Departamento de Bolívar y COLDEPORTES. Además, menciona que  los cambios realizados al título y articulado del proyecto fueron concertados con la Secretaria Jurídica, Adriana Truco.

Respecto a su conveniencia, el informe señala que el proyecto es conveniente ya que permitirá albergar a todos los deportistas del país en Cartagena y en los municipios de Magangué, El Carmen de Bolívar, Turbaco y el corregimiento de Galerazamba, en los cuales quedará como herencia los escenarios deportivos.

Una vez leído el informe, fue sometido a consideración de la plenaria y aprobado de manera unánime, de igual manera el articulado, preámbulo y título del proyecto.

Luego, se realizó el tercer debate del Proyecto de Ordenanza “Por medio del cual se reconoce un pasivo exigible y se dictan otras disposiciones”. Este proyecto busca adicionar $439.235.831 al presupuesto para el pago de un convenio entre la Gobernación y la Alcaldía de Magangué, destinados al Centro Administrativo Municipal de Magangué.

El informe de comisión señaló que en segundo debate se realizaron modificaciones al preámbulo de la iniciativa, pero que el título y articulado del proyecto quedarán tal cual como fue presentado por la Administración. De esta forma se propuso dar tercer debate favorable.

Por lo anterior, se llevó a cabo la aprobación del título, preámbulo y articulado del proyecto de ordenanza en cuestión. Así mismo, se dio por terminada la sesión de comisión. 

SESIÓN PLENARIA

Iniciando con el orden del día se realizó el tercer debate al proyecto de ordenanza “Por medio de la cual se efectúa una incorporación de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2019 y se dictan otras disposiciones”. Este proyecto pretende incorporar $19 mil millones para la construcción de escenarios deportivos para los Juegos Nacionales 2019.

El informe de comisión resaltó la constitucionalidad, legalidad y conveniencia del proyecto; también señaló las modificaciones al título y articulado del proyecto, y se propuso dar tercer debate favorable.

Al someter este informe a consideración de la duma, el mismo fue aprobado, así como el articulado, título y preámbulo del proyecto de ordenanza. Por lo tanto, este proyecto quedó a la espera de la sanción del Gobernador de Bolívar para convertirse en Ordenanza Departamental.

Posteriormente, se realizó el tercer debate del Proyecto de Ordenanza “Por medio del cual se reconoce un pasivo exigible y se dictan otras disposiciones”, proyecto que adiciona $439.235.831 para pago de un convenio entre la Gobernación y la Alcaldía de Magangué, destinados al Centro Administrativo Municipal de Magangué.

El informe de comisión menciona que el proyecto quedó tal cual como fue presentado en segundo debate, en el cual solo sufrió modificación el preámbulo de la iniciativa. Por tal motivo, la comisión consideró dar tercer debate favorable.

Luego, al someterse el informe a consideración de la plenaria, este fue aprobado; de igual manera, el articulado, preámbulo y título del proyecto. Por lo tanto, este proyecto quedó a la espera de la sanción por parte del Gobernador de Bolívar, para convertirse en Ordenanza Departamental.

Continuando con el orden del día, se aprobó el acta 004 del 19 de febrero del 2019 y se dio inicio a la clausura de sesiones extraordinarias. Seguidamente, se leyó una comunicación enviada por el Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, en la cual delega a la Secretaria General, Carolina Ariza, para que lo represente en la clausura de las sesiones extraordinarias. 

Como presidente de la Corporación, Ignacio Becerra, expresó que los dos proyectos aprobados en estas sesiones extraordinarias son importantes para el beneficio de los Bolivarenses y además recordó a la Administración el compromiso que tiene el departamento con los Juegos Nacionales 2019.

Becerra, agradeció a sus colegas por el compromiso durante el estudio de las iniciativas e invitó a la Administración a seguir trabajando conjuntamente en pro del departamento.

De igual forma, la Secretaria General, Carolina Ariza, en su calidad de delegada por parte del Gobernador expresó que los proyectos de ordenanza estudiados en este periodo de sesiones extraordinarias son importantes para el desarrollo del departamento. Además manifestó que en nombre del Gobernador agradece a cada uno de los diputados por la labor realizada en estas semanas, y resaltó que seguirán trabajando de la mano de la corporación para beneficio de todos los Bolivarenses.

Para concluir, declaró formalmente clausurado este periodo de sesiones extraordinarias.

Escrito por Isabella Ordosgoitia, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.

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Comisión Primera del Concejo analiza presuntas irregularidades en proyecto VIS del barrio Alto Bosque

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 20 de febrero de 2019.

Hora de inicio: 9:12 a.m.

Hora de finalización: 11:20 a.m.

Esta sesión del Concejo Distrital correspondió a una sesión de la Comisión Primera o del Plan y de Bienes, con el objetivo de abordar el caso del edificio Torres Bahía, un proyecto de Viviendas de Interés Social (VIS) del barrio Alto Bosque. En plenaria se contó con la presencia del Secretario de Planeación, Iván Castro; Personero Distrital, William Matson, representantes de ACUACAR, de la constructora encargada del proyecto, de la Oficina de Servicios Públicos, de la Lonja de Propiedad Raíz, Mesa Distrital de Propiedad Horizontal y propietarios del edificio.

Iniciado el orden del día, el presidente de la Comisión, concejal César Pión (La U), dio a conocer que esta sesión está motivada por una queja en la cual los propietarios presentan una serie de inquietudes sobre lo atinente a la entrega de la edificación, áreas comunes, conexión a servicios públicos, y otros temas; algunos de los puntos más relevantes fueron:

  • Presuntas irregularidades en recaudo de cuota inicial sin haber constituido fiducia mercantil, lo que podría constituirse en una captación ilegal de dinero.
  • Limitaciones en la forma de pago de las viviendas, permitiendo solo recursos propios, e incumpliendo lo establecido en la Ley.
  • Inclusión de cláusulas abusivas dentro del contenido de promesas de compraventa.
  • Traslado al consumidor o a terceros de la responsabilidad del constructor de entregar la instalación definitiva de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.
  • Pretensión de entrega de las unidades de vivienda sin cumplir con el requisito legal de obtener el certificado de permiso de ocupación.
  • Presunta violación de la norma urbanística al privatizar 15 de las 31 unidades de parqueo de uso común y que no podían ser cedidas.
  • No construcción de un sistema de almacenamiento colectivo de residuos sólidos.
  • Beneficio de la exoneración del pago de impuesto de delineación urbana, por tratarse de VIS, a pesar de que se vende por encima de los 135 salarios mínimos, como lo estipula la Ley.
  • Presunta violación del POT al ejercer actividad de tipo turístico en suelo residencial.

En representación de los propietarios de viviendas del proyecto Torres Bahía, los ciudadanos Marco Antonio Tello, Claudia Fernández, Martha Ceballos y Simón Solano, manifestaron su preocupación por la situación en la que se encuentran, ya que hasta la fecha no se ha dado una solución a las problemáticas del proyecto, especialmente las relacionadas al servicio de alcantarillado, privatización de áreas comunes, costos no previstos, e inconvenientes con la entrega de apartamentos.

Como representante legal de la Sociedad Constructora Grupo Bahía, el señor Raymundo Pereira expresó que hasta el momento, Torres Bahía ha cumplido con todos los requisitos de ley, teniendo en cuenta que las falencias y observaciones de los propietarios se han atendido, mientras que las demandas presentadas actualmente surten su trámite en las instancias respectivas. Pereira también resaltó la importancia de conciliar, dirimir diferencias y encontrar soluciones para los propietarios.

Al respecto, el concejal Lewis Montero (Opción Ciudadana) llamó la atención sobre esta situación pues este proyecto pasó por un proceso en la Curaduría Urbana, además Control Urbano, Alcaldía Local e inspectores de policía tienen funciones sobre este ámbito. El cabildante señaló que no hay claridad de cómo se entregó factibilidad de construcción sin contar con conexión a alcantarillado; sin embargo, celebró que la constructora esté dispuesta a conciliar.

Por parte de la Mesa Distrital de Propiedad Horizontal, Victoria Rosales, Edinson Durango y Jonathan Monroy hicieron un llamado a la constructora para que sus problemas con ACUACAR no se trasladen a los propietarios, así como a abrir canales de comunicación para facilitar la resolución de conflictos y defender el derecho a una vivienda digna.

Más adelante, Álvaro Vélez, representante de ACUACAR, informó que en 2011 se dio factibilidad al proyecto para 24 apartamentos, sin embargo, en 2013 aumentó a 78 y en 2015 a 160 apartamentos, lo cual se constituyó como una dificultad para las conexiones a redes secundarias, teniendo en cuenta que por lo establecido en el POT las redes tienen capacidad para construcciones de 4 pisos.

Vélez explicó que ante la solicitud de 160 apartamentos se dio factibilidad del acueducto con la condición de que se efectué un empalme con las redes primarias o matrices que sí tienen la capacidad necesaria para el desalojo del caudal. Según el funcionario, la conexión no se ha realizado toda vez que la condición impuesta no se ha cumplido.

Frente a esto, Raymundo Pereira, expresó que los entes particulares no pueden cumplir con las funciones que le corresponden a los prestadores de servicios públicos, y  al realizar la instalación desde el punto de conexión cercano a la empresa Postobón hasta la ubicación del proyecto se genera un incremento en los costos de obra, lo cual afectaría a los propietarios. Por este motivo, aclaró que la constructora busca que ACUACAR asuma su responsabilidad.

Para el concejal César Pión (La U) conceder licencias condicionadas se ha convertido en una “alcahuetería” en la Ciudad, pues se permiten las obras a pesar de no cumplir con los requisitos necesarios y posteriormente el constructor no cumple con su obligación, perjudicando a los propietarios.

Pión manifestó que en Cartagena ya son varios los problemas con proyectos tipo VIS y considera que en el caso puntual de Torres Bahía no debió darse certificado de habitabilidad.

A su turno, el gerente de la Lonja de Cartagena, Diego González, se refirió a los efectos negativos de este tipo de casos sobre la competitividad de la Ciudad y destacó que para fortalecer al Distrito en el sector inmobiliario es necesario actuar correctamente, motivo por el que la Lonja está a disposición de propietarios y constructores para solucionar esta situación.

Posteriormente, el concejal David Caballero (Conservador) reiteró la gravedad de las denuncias, teniendo en cuenta que se hizo mención de una posible captación ilegal de dinero, violación al decreto de residuos sólidos, cobro mayor a los 135 salarios mínimos y otros; ante esto, el cabildante señaló que le corresponde a los entes de control realizar las investigaciones pertinentes.

Por su lado, el concejal Dagoberto Macías (Cambio Radical) mencionó que la ciudadanía merece conocer quiénes fueron aquellos funcionarios de la Administración que tenían competencias sobre este caso pero cayeron en omisión. Además, solicitó información sobre el lugar en el que se depositan los desechos de este edificio.

Para dar respuesta a la inquietud del concejal Macías, Álvaro Vélez informó que actualmente se vierten en una fosa séptica interna, e indicó que no hay evidencia de que se depositen desechos en el alcantarillado de Cartagena.

La última intervención estuvo a cargo del Personero Distrital, William Matson, quien hizo énfasis en la necesidad de garantizar los derechos de los consumidores, por lo que propuso llevar este caso a la Mesa Distrital de Protección al Consumidor, e igualmente al Comité de Veedurías de Licencias de Construcción.

Matson resaltó la participación activa de la comunidad y la disposición de los constructores; además, afirmó que, a su parecer, es ACUACAR quien debe llevar la red hasta el punto que sea necesario para garantizar la prestación del servicio.

Seguidamente, el Secretario General dio lectura a una excusa presentada por el Alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, quien no pudo asistir a la sesión del día de hoy. Por último, el concejal César Pión (La U) pidió que el acta de la sesión sea enviada a los entes de control, al Alcalde y a la Oficina de Control Interno.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión de la Comisión Primera o del Plan y de Bienes.

Ver sesión aquí: 

Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.

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Funcicar presenta informe de financiación de campañas de Congresistas de Bolívar 2018

  • Nueve financiadores de las campañas a Senado y Cámara están vinculados a entidades públicas o recibieron contratos en Cartagena y Bolívar. 
  • De acuerdo al aplicativo Cuentas Claras, los aspirantes al Senado reportaron un promedio de gastos de $773 millones mientras que los aspirantes a Cámara de Representantes reportaron gastos superiores a $411 millones. 
  • Al menos 17 personas naturales y jurídicas financiaron campaña del suspendido alcalde de Cartagena, Antonio Quinto Guerra.

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