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Exigencias injustificadas ponen en riesgo la pluralidad de oferentes en contratación para el Jaime Morón

  • Preocupa que bajo las condiciones exigidas por la Localidad 2 no se alcance una significativa participación proponentes.
  • Funcicar solicita ajustes a los pliegos.
  • En procesos similares para los Juegos Nacionales se han alcanzado 20 proponentes.

Recientemente, Funcicar presentó observaciones al proyecto de pliego de condiciones de la Alcaldía Local 2 para contratar las obras de mejoramiento de la infraestructura del estadio de fútbol Jaime Morón de Cartagena, por un valor de $5,734,523,681, en aras de lograr una modificación de los requisitos exigidos a los contratistas y que el proceso cuente con los documentos técnicos necesarios. Considerando que por las razones expuestas se encuentra en riesgo la pluralidad de oferentes y la correcta inversión del dinero público, preocupa que las observaciones no hayan sido acogidas por la Alcaldía Local.

 

¿Qué debería hacer la Alcaldía Local para evitar los riesgos?

  1. Establecer especificaciones técnicas que exijan condiciones mínimas de los bienes a suministrar y las reparaciones a realizar.

Las especificaciones técnicas son las condiciones que deben cumplir los bienes y servicios a suministrar para satisfacer la necesidad publica pretendida con la contratación. En la observación presentada por Funcicar, se indicó que la entidad no había publicado este documento, situación que permitiría a los contratistas entregar los bienes y servicios a su conveniencia, lo cual, en últimas podría afectar la calidad de las obras.

La entidad aceptó la observación, mas solo publicó un documento de presupuesto de obra donde se indican materiales como “proyector LED 1400 watt”, “cable 3×10 encauchetado”, “accesorios varios”, entre otros, que no explican los detalles de los bienes que se requieren ejecutar en la obra.

 

  1. Eliminar o justificar debidamente el requisito “capital de trabajo”

El capital de trabajo es un requisito que busca medir la capacidad financiera del contratista. En el proceso para las obras en el Jaime Morón no se justifica la exigencia de un capital de trabajo mayor o igual al 100% del presupuesto oficial, teniendo en cuenta que los anticipos y pagos por cantidad de obra ejecutada permitirían al contratista ir reinvirtiendo los recursos en la obra.

Además, este indicador no se exige de manera ordinaria en los procesos y puede convertirse en un limitante a la pluralidad de oferentes cuando no se encuentra debidamente justificado. La Alcaldía Local 2 no acogió esta observación e indicó que el indicador garantizaba el flujo de caja para cumplir la obra, aun sin dar las justificaciones necesarias.

Esta situación llama la atención, teniendo en cuenta que en otros procesos similares que adelanta la Alcaldía de Cartagena desde su Unidad Asesora de Contratación no se exigió a los contratistas este requisito financiero, siendo contratos que duplican el valor del presente proceso como el mejoramiento de escenarios deportivos, obras en la Pista Atlética Campo Elías Gutiérrez, y en el Estadio de Béisbol 11 de Noviembre.

 

  1. Ampliar los servicios válidos para acreditar la experiencia del contratista

En el proceso del Estadio de Fútbol Jaime Morón se requirió una experiencia general de dos (2) contratos cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial del proceso y que hayan tenido como objeto la construcción, adecuación, o mejoramiento de instalaciones o escenarios deportivos.

Esta experiencia solicitada es muy específica y también podría ser una limitante a la pluralidad de oferentes. En la observación, Funcicar, tomando como referencia la experiencia requerida en el proceso de la Pista Atlética, solicitó a la entidad ampliar el número de contratos a cuatro (4), que se disminuyera la sumatoria a un 50% del presupuesto oficial y que, además de los códigos de servicio establecidos, se incluyera el de “servicios de sistemas eléctricos” para poder acreditar la experiencia y dar más oportunidades a los interesados de participar.

La entidad no acogió la observación presentada afirmando que la experiencia exigida es “adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y su valor” pero, en un contrato como el de la Pista Atlética Campo Elías Gutiérrez que casi triplica el valor de las obras del Jaime Morón la experiencia exigida fue de máximo 4 contratos en códigos de construcción y mantenimiento, uno de estos igual al 50% del presupuesto oficial y 2 en escenarios deportivos.

 

Desde el programa Vigila Cartagena de Funcicar, hacemos un llamado a que se acojan las observaciones, a fin de garantizar una pluralidad de oferentes en el proceso que redunde en la selección de un contratista idóneo para la óptima calidad de una inversión de gran impacto como las de los Juegos Nacionales. En procesos similares para los Juegos Nacionales convocados por la Alcaldía Mayor de Cartagena se han alcanzado ofertas hasta de 20 proponentes (8 proponentes para Pista de Atletismo y 12 proponentes para Estadio de Béisbol). Preocupa que bajo las condiciones exigidas por la Localidad 2 no se alcance una significativa participación proponentes.

Escucha aquí las declaraciones de Alejandra López, coordinadora de Vigila Cartagena:

Comunicado 04-19.

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Asamblea clausura primer periodo de sesiones extraordinarias y aprueba incorporación de $19 mil millones

Bitácora de la Asamblea Departamental de Bolívar, 20 de febrero de 2019.

Hora de inicio: 9:45 a.m.

Hora de finalización: 11:45 a.m.

En esta sesión de la Asamblea Departamental se llevó a cabo una sesión ampliada de la comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público. Iniciando con el orden del día, se realizó el tercer debate del Proyecto de Ordenanza “Por medio de la cual se efectúa una incorporación de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2019 y se dictan otras disposiciones”, proyecto que pretende incorporar $19.189.608.940 a la construcción de escenarios deportivos para los Juegos Nacionales 2019.

El informe de comisión señala que el cuerpo ordenanzal de la iniciativa se ajusta a los valores y los objetivos de los convenios firmados entre el Departamento de Bolívar y COLDEPORTES. Además, menciona que  los cambios realizados al título y articulado del proyecto fueron concertados con la Secretaria Jurídica, Adriana Truco.

Respecto a su conveniencia, el informe señala que el proyecto es conveniente ya que permitirá albergar a todos los deportistas del país en Cartagena y en los municipios de Magangué, El Carmen de Bolívar, Turbaco y el corregimiento de Galerazamba, en los cuales quedará como herencia los escenarios deportivos.

Una vez leído el informe, fue sometido a consideración de la plenaria y aprobado de manera unánime, de igual manera el articulado, preámbulo y título del proyecto.

Luego, se realizó el tercer debate del Proyecto de Ordenanza “Por medio del cual se reconoce un pasivo exigible y se dictan otras disposiciones”. Este proyecto busca adicionar $439.235.831 al presupuesto para el pago de un convenio entre la Gobernación y la Alcaldía de Magangué, destinados al Centro Administrativo Municipal de Magangué.

El informe de comisión señaló que en segundo debate se realizaron modificaciones al preámbulo de la iniciativa, pero que el título y articulado del proyecto quedarán tal cual como fue presentado por la Administración. De esta forma se propuso dar tercer debate favorable.

Por lo anterior, se llevó a cabo la aprobación del título, preámbulo y articulado del proyecto de ordenanza en cuestión. Así mismo, se dio por terminada la sesión de comisión. 

SESIÓN PLENARIA

Iniciando con el orden del día se realizó el tercer debate al proyecto de ordenanza “Por medio de la cual se efectúa una incorporación de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2019 y se dictan otras disposiciones”. Este proyecto pretende incorporar $19 mil millones para la construcción de escenarios deportivos para los Juegos Nacionales 2019.

El informe de comisión resaltó la constitucionalidad, legalidad y conveniencia del proyecto; también señaló las modificaciones al título y articulado del proyecto, y se propuso dar tercer debate favorable.

Al someter este informe a consideración de la duma, el mismo fue aprobado, así como el articulado, título y preámbulo del proyecto de ordenanza. Por lo tanto, este proyecto quedó a la espera de la sanción del Gobernador de Bolívar para convertirse en Ordenanza Departamental.

Posteriormente, se realizó el tercer debate del Proyecto de Ordenanza “Por medio del cual se reconoce un pasivo exigible y se dictan otras disposiciones”, proyecto que adiciona $439.235.831 para pago de un convenio entre la Gobernación y la Alcaldía de Magangué, destinados al Centro Administrativo Municipal de Magangué.

El informe de comisión menciona que el proyecto quedó tal cual como fue presentado en segundo debate, en el cual solo sufrió modificación el preámbulo de la iniciativa. Por tal motivo, la comisión consideró dar tercer debate favorable.

Luego, al someterse el informe a consideración de la plenaria, este fue aprobado; de igual manera, el articulado, preámbulo y título del proyecto. Por lo tanto, este proyecto quedó a la espera de la sanción por parte del Gobernador de Bolívar, para convertirse en Ordenanza Departamental.

Continuando con el orden del día, se aprobó el acta 004 del 19 de febrero del 2019 y se dio inicio a la clausura de sesiones extraordinarias. Seguidamente, se leyó una comunicación enviada por el Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, en la cual delega a la Secretaria General, Carolina Ariza, para que lo represente en la clausura de las sesiones extraordinarias. 

Como presidente de la Corporación, Ignacio Becerra, expresó que los dos proyectos aprobados en estas sesiones extraordinarias son importantes para el beneficio de los Bolivarenses y además recordó a la Administración el compromiso que tiene el departamento con los Juegos Nacionales 2019.

Becerra, agradeció a sus colegas por el compromiso durante el estudio de las iniciativas e invitó a la Administración a seguir trabajando conjuntamente en pro del departamento.

De igual forma, la Secretaria General, Carolina Ariza, en su calidad de delegada por parte del Gobernador expresó que los proyectos de ordenanza estudiados en este periodo de sesiones extraordinarias son importantes para el desarrollo del departamento. Además manifestó que en nombre del Gobernador agradece a cada uno de los diputados por la labor realizada en estas semanas, y resaltó que seguirán trabajando de la mano de la corporación para beneficio de todos los Bolivarenses.

Para concluir, declaró formalmente clausurado este periodo de sesiones extraordinarias.

Escrito por Isabella Ordosgoitia, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.

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Comisión Primera del Concejo analiza presuntas irregularidades en proyecto VIS del barrio Alto Bosque

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 20 de febrero de 2019.

Hora de inicio: 9:12 a.m.

Hora de finalización: 11:20 a.m.

Esta sesión del Concejo Distrital correspondió a una sesión de la Comisión Primera o del Plan y de Bienes, con el objetivo de abordar el caso del edificio Torres Bahía, un proyecto de Viviendas de Interés Social (VIS) del barrio Alto Bosque. En plenaria se contó con la presencia del Secretario de Planeación, Iván Castro; Personero Distrital, William Matson, representantes de ACUACAR, de la constructora encargada del proyecto, de la Oficina de Servicios Públicos, de la Lonja de Propiedad Raíz, Mesa Distrital de Propiedad Horizontal y propietarios del edificio.

Iniciado el orden del día, el presidente de la Comisión, concejal César Pión (La U), dio a conocer que esta sesión está motivada por una queja en la cual los propietarios presentan una serie de inquietudes sobre lo atinente a la entrega de la edificación, áreas comunes, conexión a servicios públicos, y otros temas; algunos de los puntos más relevantes fueron:

  • Presuntas irregularidades en recaudo de cuota inicial sin haber constituido fiducia mercantil, lo que podría constituirse en una captación ilegal de dinero.
  • Limitaciones en la forma de pago de las viviendas, permitiendo solo recursos propios, e incumpliendo lo establecido en la Ley.
  • Inclusión de cláusulas abusivas dentro del contenido de promesas de compraventa.
  • Traslado al consumidor o a terceros de la responsabilidad del constructor de entregar la instalación definitiva de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.
  • Pretensión de entrega de las unidades de vivienda sin cumplir con el requisito legal de obtener el certificado de permiso de ocupación.
  • Presunta violación de la norma urbanística al privatizar 15 de las 31 unidades de parqueo de uso común y que no podían ser cedidas.
  • No construcción de un sistema de almacenamiento colectivo de residuos sólidos.
  • Beneficio de la exoneración del pago de impuesto de delineación urbana, por tratarse de VIS, a pesar de que se vende por encima de los 135 salarios mínimos, como lo estipula la Ley.
  • Presunta violación del POT al ejercer actividad de tipo turístico en suelo residencial.

En representación de los propietarios de viviendas del proyecto Torres Bahía, los ciudadanos Marco Antonio Tello, Claudia Fernández, Martha Ceballos y Simón Solano, manifestaron su preocupación por la situación en la que se encuentran, ya que hasta la fecha no se ha dado una solución a las problemáticas del proyecto, especialmente las relacionadas al servicio de alcantarillado, privatización de áreas comunes, costos no previstos, e inconvenientes con la entrega de apartamentos.

Como representante legal de la Sociedad Constructora Grupo Bahía, el señor Raymundo Pereira expresó que hasta el momento, Torres Bahía ha cumplido con todos los requisitos de ley, teniendo en cuenta que las falencias y observaciones de los propietarios se han atendido, mientras que las demandas presentadas actualmente surten su trámite en las instancias respectivas. Pereira también resaltó la importancia de conciliar, dirimir diferencias y encontrar soluciones para los propietarios.

Al respecto, el concejal Lewis Montero (Opción Ciudadana) llamó la atención sobre esta situación pues este proyecto pasó por un proceso en la Curaduría Urbana, además Control Urbano, Alcaldía Local e inspectores de policía tienen funciones sobre este ámbito. El cabildante señaló que no hay claridad de cómo se entregó factibilidad de construcción sin contar con conexión a alcantarillado; sin embargo, celebró que la constructora esté dispuesta a conciliar.

Por parte de la Mesa Distrital de Propiedad Horizontal, Victoria Rosales, Edinson Durango y Jonathan Monroy hicieron un llamado a la constructora para que sus problemas con ACUACAR no se trasladen a los propietarios, así como a abrir canales de comunicación para facilitar la resolución de conflictos y defender el derecho a una vivienda digna.

Más adelante, Álvaro Vélez, representante de ACUACAR, informó que en 2011 se dio factibilidad al proyecto para 24 apartamentos, sin embargo, en 2013 aumentó a 78 y en 2015 a 160 apartamentos, lo cual se constituyó como una dificultad para las conexiones a redes secundarias, teniendo en cuenta que por lo establecido en el POT las redes tienen capacidad para construcciones de 4 pisos.

Vélez explicó que ante la solicitud de 160 apartamentos se dio factibilidad del acueducto con la condición de que se efectué un empalme con las redes primarias o matrices que sí tienen la capacidad necesaria para el desalojo del caudal. Según el funcionario, la conexión no se ha realizado toda vez que la condición impuesta no se ha cumplido.

Frente a esto, Raymundo Pereira, expresó que los entes particulares no pueden cumplir con las funciones que le corresponden a los prestadores de servicios públicos, y  al realizar la instalación desde el punto de conexión cercano a la empresa Postobón hasta la ubicación del proyecto se genera un incremento en los costos de obra, lo cual afectaría a los propietarios. Por este motivo, aclaró que la constructora busca que ACUACAR asuma su responsabilidad.

Para el concejal César Pión (La U) conceder licencias condicionadas se ha convertido en una “alcahuetería” en la Ciudad, pues se permiten las obras a pesar de no cumplir con los requisitos necesarios y posteriormente el constructor no cumple con su obligación, perjudicando a los propietarios.

Pión manifestó que en Cartagena ya son varios los problemas con proyectos tipo VIS y considera que en el caso puntual de Torres Bahía no debió darse certificado de habitabilidad.

A su turno, el gerente de la Lonja de Cartagena, Diego González, se refirió a los efectos negativos de este tipo de casos sobre la competitividad de la Ciudad y destacó que para fortalecer al Distrito en el sector inmobiliario es necesario actuar correctamente, motivo por el que la Lonja está a disposición de propietarios y constructores para solucionar esta situación.

Posteriormente, el concejal David Caballero (Conservador) reiteró la gravedad de las denuncias, teniendo en cuenta que se hizo mención de una posible captación ilegal de dinero, violación al decreto de residuos sólidos, cobro mayor a los 135 salarios mínimos y otros; ante esto, el cabildante señaló que le corresponde a los entes de control realizar las investigaciones pertinentes.

Por su lado, el concejal Dagoberto Macías (Cambio Radical) mencionó que la ciudadanía merece conocer quiénes fueron aquellos funcionarios de la Administración que tenían competencias sobre este caso pero cayeron en omisión. Además, solicitó información sobre el lugar en el que se depositan los desechos de este edificio.

Para dar respuesta a la inquietud del concejal Macías, Álvaro Vélez informó que actualmente se vierten en una fosa séptica interna, e indicó que no hay evidencia de que se depositen desechos en el alcantarillado de Cartagena.

La última intervención estuvo a cargo del Personero Distrital, William Matson, quien hizo énfasis en la necesidad de garantizar los derechos de los consumidores, por lo que propuso llevar este caso a la Mesa Distrital de Protección al Consumidor, e igualmente al Comité de Veedurías de Licencias de Construcción.

Matson resaltó la participación activa de la comunidad y la disposición de los constructores; además, afirmó que, a su parecer, es ACUACAR quien debe llevar la red hasta el punto que sea necesario para garantizar la prestación del servicio.

Seguidamente, el Secretario General dio lectura a una excusa presentada por el Alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, quien no pudo asistir a la sesión del día de hoy. Por último, el concejal César Pión (La U) pidió que el acta de la sesión sea enviada a los entes de control, al Alcalde y a la Oficina de Control Interno.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión de la Comisión Primera o del Plan y de Bienes.

Ver sesión aquí: 

Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.

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Funcicar presenta informe de financiación de campañas de Congresistas de Bolívar 2018

  • Nueve financiadores de las campañas a Senado y Cámara están vinculados a entidades públicas o recibieron contratos en Cartagena y Bolívar. 
  • De acuerdo al aplicativo Cuentas Claras, los aspirantes al Senado reportaron un promedio de gastos de $773 millones mientras que los aspirantes a Cámara de Representantes reportaron gastos superiores a $411 millones. 
  • Al menos 17 personas naturales y jurídicas financiaron campaña del suspendido alcalde de Cartagena, Antonio Quinto Guerra.

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Asamblea continúa trámite de proyectos que incorporan más de $19 mil millones al presupuesto

Bitácora de la Asamblea Departamental de Bolívar, 19 de febrero de 2019.

Hora de inicio: 9:06 a.m.

Hora de finalización: 10:40 a.m.

En esta sesión de la Asamblea Departamental se llevó a cabo una sesión ampliada de la comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público. Iniciado el orden del día, se realizó el segundo debate del Proyecto de Ordenanza “Por medio del cual se reconoce un pasivo exigible y se dictan otras disposiciones”.  Este proyecto busca adicionar $439.235.831 al presupuesto del Departamento para el pago de la última cuota que corresponde a un convenio interadministrativo entre la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Magangué.

El informe señaló que no se realizaron modificaciones al título y articulado de la iniciativa, sin embargo, se dieron cambios al preámbulo del proyecto, quedando así: “En uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las contenidas en el Artículo 300 y 354 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto No. 111 de 1996, el Artículo 64 de la Ley 1687 de 2013”.

Al someterse el informe a consideración de la plenaria, este fue aprobado por la comisión; de igual manera el articulado, preámbulo y título del proyecto.

Posteriormente, se llevó a cabo el segundo debate del Proyecto de Ordenanza “Por medio del cual se efectúa una incorporación de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2019 y se dictan otras disposiciones”, el cual pretende incorporar $19.189.608.940 para la construcción de escenarios deportivos para los Juegos Nacionales 2019.

En el informe de comisión se mencionó un cambio en la redacción del título del proyecto, así: “Por medio de la cual se efectúa una incorporación de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2019, y se dictan otras disposiciones”. Además, se aclara que el valor a incorporar no corresponde a la suma total de los 4 convenios parciales firmados, pues asciende a $41.711.350.380.

En cuanto al articulado, el informe indicó que se realizaron cambios al Artículo Segundo para especificar cuál será exactamente el rubro al que se incorporarán los recursos dentro del presupuesto. De esta forma se propuso dar segundo debate favorable.

Por lo anterior, se llevó a cabo la aprobación del título, preámbulo y articulado del proyecto de ordenanza en cuestión. Así mismo, se levantó la sesión y se convocó para el lunes 20 de febrero de 2019 a las 8:00 a.m.

SESIÓN PLENARIA

Iniciado el orden del día, se realizó el segundo debate del Proyecto de Ordenanza “Por medio del cual se reconoce un pasivo exigible y se dictan otras disposiciones”.  Este proyecto busca adicionar $439.235.831 al presupuesto para pago de un convenio entre la Gobernación y la Alcaldía de Magangué, destinados al Centro Administrativo Municipal de Magangué.

En el informe de comisión se especificó que el título y preámbulo de la iniciativa quedarán tal cual como fueron presentados por la Administración, y se detalló sobre una modificación al preámbulo de la iniciativa.

Una vez leído el informe, fue sometido a consideración de la plenaria y aprobado de manera unánime, de igual manera el articulado, preámbulo y título del proyecto.

Seguidamente, se dio segundo debate al Proyecto de Ordenanza, “Por medio del cual se efectúa una incorporación de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2019 y se dictan otras disposiciones”. Este proyecto pretende incorporar $19.189.608.940 destinados a la construcción de escenarios deportivos para los Juegos Nacionales 2019.

La ponencia resaltó las modificaciones efectuadas en la redacción del título, y en el Artículo Segundo para especificar el rubro en el cual se incorporarán los recursos. Luego, al someterse el informe a consideración de la plenaria, este fue aprobado; de igual manera, el articulado, preámbulo y título del proyecto.

De esta forma, se levantó la sesión y se convocó para el miércoles 20 de febrero de 2019 a partir de las 9:00 a.m., en la sede ubicada en Manga, 3 avenida # 24-79, Edifico Imán.

Escrito por Isabella Ordosgoitia, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.

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En sesión de comisión, Unidad Nacional de Gestión de Riesgos socializa proyecto de protección costera

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 19 de febrero de 2019.

Hora de inicio: 9:05 a.m.

Hora de finalización: 11:51 a.m.

Hoy en el Concejo Distrital de Cartagena se llevó a cabo una sesión de la Comisión Primera o del Plan y de Bienes, con el objetivo de socializar lo referente al proyecto de protección costera que se ejecutará en la Ciudad. En plenaria se contó con la presencia de Eduardo González, Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); Jorge Lequerica, director de Valorización Distrital; Laura Mendoza, directora de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres; Iván Castro, Secretario de Planeación; Robinson Mena, director de la Escuela de Gobierno y Liderazgo; Clara Calderón, Secretaria de Infraestructura; y William Matson, personero distrital.

Como presidente de la Comisión Primera, el concejal César Pión (La U), dio inicio a la sesión señalando que en semanas anteriores una comisión de concejales acudió a la UNGRD para conocer los detalles del proyecto de protección costera, toda vez que la Unidad es la entidad operadora del mismo. En dicha reunión, se realizó una invitación al Director General para acudir a plenaria, socializar y resolver inquietudes en torno al proyecto.

Pión agradeció la presencia de los funcionarios y mencionó que varias de las dudas planteadas se relacionan con el Plan de Gestión Social y la situación de los trabajadores de las playas, que se verían afectados por las obras.

Posteriormente, el Director General de la UNGRD, Eduardo González, explicó que el proyecto busca mitigar el proceso de erosión del borde costero desde el espolón Iribarren en El Laguito, hasta el empalme con las obras del Túnel de Crespo. Lo anterior, a través de la intervención de 7.7 kilómetros, así:

  • Construcción de 10 Espolones (6 en Bocagrande y 4 entre las entre las playas de Marbella y El Cabrero).
  • Construcción de 3 rompeolas (a la altura del Centro Histórico, frente a la punta de Santo Domingo).
  • Reconstrucción de 2 rompeolas existentes (en el sector de La Tenaza).
  • Relleno hidráulico de material arenoso consolidado para conformar 80 metros de playa en Bocagrande y 50 metros en El Cabrero y Marbella.
  • Construcción de Escolleras (5,20 Kilómetros).
  • Sistema de drenaje pluvial (box culvert, cámaras de inspección, sumideros de fondo, estaciones de bombeo).

En su presentación González resaltó los siguientes puntos: El Acta de Inicio del proyecto fue firmada el 26 de junio del 2018; el 22 de noviembre de 2018 se realizó el Otrosí No. 1 en el cual se modifican los compromisos del Distrito, se prorroga el plazo hasta el 31 de marzo de 2021, y se especifica lo referente a los rendimientos financieros y comisión fiduciaria; el 28 de diciembre de 2018 se dio el desembolso de los $60 mil millones por parte del Distrito.

Así mismo, el Director de la UNGRD expresó que, según los plazos establecidos, las obras se entregarían el 30 de junio del 2022. Sobre el presupuesto, el funcionario señaló que de los $160 mil millones que cuesta la totalidad del proyecto $60 mil millones fueron aportados por el Distrito y $100 mil millones por el Gobierno Nacional. El detalle del presupuesto es el siguiente:

Sobre el presupuesto, González indicó que algunos valores podrían llegar a cambiar, y también señaló que las obras iniciarían en agosto de este año. Más adelante, el Director aseguró que el proceso de contratación de operadores se hará de manera pública, transparente y abierta en un término de 47 días, utilizando el procedimiento de las licitaciones públicas pero en un tiempo menor, así:

A continuación, el director de Valorización Distrital, Jorge Lequerica, se refirió a la relevancia del proyecto de protección costera, teniendo en cuenta la situación actual en la ciudad ante las inundaciones por aumento del nivel del mar y aguas pluviales. En ese sentido, expresó que para el Distrito es prioritaria la protección de la línea costera a través de obras para mitigar la erosión o impactos causados por el aumento del nivel del mar.

En cuanto a las obras de protección costera, Lequerica dio detalles de las obras específicas que se adelantarán en el sector de Bocagrande; sector de Santo Domingo, Cabrero y Marbella; y la construcción de Box Coulverts:

  • Sector de Bocagrande: Se trabajará en 6 espolones, 1 escollera longitudinal, y se conformarán 80 metros de playa. Entre un espolón y otro se ampliará el área de playa (80 metros) y contará con 3 accesos peatonales, lo cual permitirá recuperar espacio público perdido y reordenar las playas.
  • Sector de Santo Domingo, Cabrero y Marbella: Las obras consisten en 3 rompe olas, recuperación de 2 rompe olas, 4 espolones, protección marginal, conformación de playa de 50 metros de ancho.
  • Construcción de Box Coulverts: Se contempla la construcción de un canal (box coulvert) recolector de aguas lluvias provenientes de las calles circundantes. Este canal se ubicará sobre la Carrera Primera de Bocagrande y recogerá todas las aguas lluvias y las enviará a través de 3 estaciones de bombeo hacia el Mar Caribe. Estas estaciones se localizarán al lado de 3 espolones proyectados.

Seguidamente, se abrió paso a la intervención de los ciudadanos Alberto Vergara, San Diego Ávila, y Guillermo de Horta quienes en representación de carperos y vendedores informales de playas manifestaron su preocupación por su situación laboral, ya que se verán afectados por las obras y hasta la fecha no se les ha socializado el proyecto, ni se ha abordado lo referente al impacto que las obras tendrán para los trabajadores.

Los ciudadanos también expresaron sus inquietudes con respecto a algunos vendedores que tienen confianza legítima pero no han sido reconocidos por la Administración. Por lo anterior, solicitaron una reunión en la que sea posible profundizar sobre estos temas y llegar a acuerdos al respecto.

En representación de la JAC del barrio Manga, el señor Julio Romero pidió claridad sobre lo que ocurrirá con la protección costera de este barrio, pues presenta graves inundaciones por aumento de mareas y aguas pluviales. De la misma forma, Jesús Puello, de la JAC de Bocagrande, manifestó que aunque este proyecto soluciona gran parte de la problemática, aún debe definirse de qué manera se controlará la situación en Castillogrande y El Laguito.

Como representante de Cotelco, Mónica Mass, reiteró el apoyo del sector hotelero a este proyecto, y propuso activar mesas de trabajo con el objetivo de mitigar el impacto del mismo para los operadores de playa y prestadores de servicios, como hoteles, carperos, y vendedores.

Por su parte, la Directora de Conocimiento e Incidencia de Funcicar, Alejandra López, expresó que luego de la presentación hay un parte de tranquilidad frente a las garantías que se pueden brindar en el proceso para promover la pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta que a principios de 2019 se mencionó la posibilidad de realizar una convocatoria cerrada que generaría dificultades en el acceso a la información, exclusión de contratistas, y riesgos de direccionamiento de contratos. Así mismo, destacó la importancia de generar este tipo de discusiones previo a la ejecución de las obras.

López también presentó las siguientes sugerencias para ser tenidas en cuenta por parte del Distrito y la UNGRD: utilizar las plataformas SECOP I y II como medio de publicidad; permitir la presentación de observaciones a los pliegos y ofertas por parte de los interesados no oferentes; definir el porcentaje de participación del Distrito en los comités y el método de resolución de conflictos bajo el cual se dirimirían posibles situaciones problemáticas, dejando constancia en documentos oficiales; conocer y analizar las dificultades presentadas en el proyecto de protección costera de Tierrabomba para prever riesgos.

A su turno, el concejal Javier Curi (Liberal) manifestó que, a pesar de la relevancia de este proyecto, aún se necesitan esfuerzos para lograr la protección de la totalidad de la costa de la Ciudad; de igual forma, celebró el compromiso del orden nacional y su importante participación económica en este proyecto. Curi también resaltó la necesidad de luchar por los derechos económicos de los trabajadores de las playas y dar una solución a su caso.

Más adelante, el concejal Rodrigo Reyes (Conservador) recordó que desde el 2018 la Corporación solicitó información sobre lo que ocurriría con las actividades económicas de las personas que se verían afectadas por el proyecto, motivo por el que lamentó que estos trabajadores aún tengan inquietudes al respecto.

Para Reyes, pese a la magnitud del proyecto, no debe dejarse de lado el componente social, para lo cual Valorización debe dar respuestas claras sobre este tema. El cabildante también pidió información sobre la problemática de los vendedores que afirman tener confianza legítima, sobre el apoyo técnico de la UDC, peritaje de DIMAR, etc.

De la misma manera, los concejales Óscar Marín (Conservador), David Caballero (Conservador) y Rafael Meza (Conservador) se refirieron a lo mencionado por los vendedores de playas, pues consideran que esta comunidad debió ser consultada con anterioridad. En ese sentido, propusieron iniciar mesas de trabajo antes del comienzo de las obras con el fin de facilitar la ejecución del Plan de Gestión Social.

Frente a esto, la concejal Judith Díaz (Cartagena Con Firmas) aclaró que sí se han adelantado socializaciones, pero es necesario fortalecer el proceso para lograr mayor conocimiento sobre las reubicaciones que se llevarán a cabo con el fin de evitar afectaciones.

Posteriormente, el personero distrital, William Matson, celebró que finalmente estas obras iniciarán, pues han sido una necesidad de la ciudadanía desde hace varios años. Sin embargo, el funcionario indicó que es pertinente conocer cuáles serán los impactos de esta protección costera sobre los niveles del mar y aguas pluviales de barrios aledaños.

Ante las inquietudes planteadas, el director de la UNGRD, resaltó que el componente social sí ha sido tenido en cuenta en el proyecto con la inclusión del Plan de Gestión Social y admitió que, aunque se han hecho socializaciones, es necesario continuarlas. González destacó la participación de la ciudadanía y su motivación para ser parte del proyecto; además, aseguró que sí se hará uso de la plataforma SECOP II.

Luego, el director de Valorización reiteró que sí se han adelantado socializaciones, pero no con la eficacia necesaria, motivo por el que se continuará con el proceso. Al respecto, explicó que se planea realizar las obras espolón por espolón, de manera que los trabajadores puedan ser temporalmente reubicados a las playas que no estarán siendo intervenidas.

Finalmente, para reafirmar lo mencionado, Lequerica dio a conocer que una de las condiciones impuestas por la ANLA al momento de expedir la licencia ambiental fue la formulación de una caracterización y socialización de la comunidad afectada.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión de la Comisión Primera y se convocó para el miércoles 20 de febrero de 2019, en las instalaciones del Concejo Distrital de Cartagena.

Ver sesión aquí: 

Escrito por Diana Paola Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena y a la Asamblea Departamental de Bolívar.

Descarga:

Presentación de Valorización – Protección Costera

Presentación de la UNGRD sobre Protección Costera

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Asamblea aprueba en primer debate proyecto que incorpora $439 millones para Centro Administrativo Municipal de Magangué

Bitácora de la Asamblea Departamental de Bolívar, 18 de febrero de 2019.

Hora de inicio: 4:11 p.m.

Hora de finalización: 5:20 p.m.

En esta sesión de la Asamblea Departamental se llevó a cabo una sesión ampliada de la comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público. Iniciado el orden del día, se realizó el primer debate del Proyecto de Ordenanza “Por medio del cual se reconoce un pasivo exigible y se dictan otras disposiciones”. En el documente se explicó que el proyecto busca adicionar $439.235.831 al presupuesto del Departamento para el pago de la última cuota que corresponde a un convenio interadministrativo entre la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Magangué, para la adecuación del Centro Administrativo Municipal (CAM).

En el informe de comisión se hace mención de la constitucionalidad, legalidad y conveniencia del proyecto; además se indica que, aunque el contrato cumplió con todos los requisitos establecidos, debido a problemas administrativos el saldo no fue incluido dentro del decreto de reserva y cuentas por pagar, por lo que se hace necesario incorporar los recursos mencionados para cubrir la cuenta de cobro.

Luego de una inquietud planteada por el diputado Jorge Rodríguez (La U), el diputado José Bossio (Liberal), como ponente del proyecto, aseguró que toda la documentación requerida y los certificados de tesorería solicitados se encuentran en regla.

Posteriormente, se llevó a cabo la aprobación del título, preámbulo y articulado del proyecto de ordenanza en cuestión. De esta forma, se levantó la sesión y se convocó para el 19 de febrero de 2019 a las 8:00 a.m.

 

SESIÓN PLENARIA.

Iniciado el orden del día, se efectuó la aprobación del Acta 002 del 15 de febrero del 2019. Luego se dio lectura a una comunicación en la que se informa que el III Foro Departamental “Pellízcate” tendrá lugar en el Hotel Intercontinental el próximo viernes 22 de febrero.

Seguidamente, se realizó el primer debate del Proyecto de Ordenanza “Por medio del cual se reconoce un pasivo exigible y se dictan otras disposiciones” proyecto que propone adicionar $439.235.831 al presupuesto para el pago de la última cuota de un convenio interadministrativo suscrito entre la Gobernación y la Alcaldía de Magangué para la adecuación del Centro Administrativo Municipal.

En cuanto al informe de comisión, se señaló que el proyecto es constitucional, legal y conveniente. De esta forma se propuso dar tercer debate favorable, motivo por el que el informe se sometió a votación de la plenaria para ser aprobado, de la misma forma fueron aprobados el título, preámbulo y articulado del proyecto de ordenanza.

Finalmente, fue aprobada una proposición del diputado Elkin Benavídez (Liberal) para que el día de mañana la sesión de comisión se realice a partir de las 8:00 a.m. y luego la sesión plenaria a las 9:00 a.m.

De esta forma, se levantó la sesión y se convocó para el martes 19 de febrero de 2019 a partir de las 9:00 a.m., en la sede ubicada en Manga, 3 avenida # 24-79, Edifico Imán.

Escrito por Isabella Ordosgoitia, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.

 

Descarga:

Primer Debate Proyecto de Ordenanza de Incorporación al presupuesto

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Vigila Cartagena instala Comité Ciudadano de Lucha contra la Corrupción

El programa Vigila Cartagena de Funcicar, instaló el Comité Ciudadano de Lucha contra la Corrupción, con el fin de discutir, analizar y retroalimentar los resultados del control social preventivo con diferentes actores de la sociedad civil.

El Comité Ciudadano es conformado por representantes de las ONG, comunidades negras y población rural,  Consejo Territorial de Planeación, Consejos Locales de Planeación de las tres localidades, Juntas de Acción Comunal, Veedores del sector salud, Gremios e Instituciones Educativas. Estos 13 representantes de la sociedad civil se sumaron a Vigila Cartagena de manera voluntaria para contribuir en la interpretación de los datos con casos y experiencias desde las problemáticas que afrontan, además apoyarán la divulgación de información en sus respectivos sectores.

“El Comité Ciudadano nos permitirá tener mayor información de la inversión que se hace en nuestras comunidades porque a veces uno no sabe en qué se está gastando la plata, cómo se está gastando y quién la gasta”, señaló Juana Franzual representante de la zona rural en el Comité.

Vigila Cartagena es una estrategia respaldada por empresas y personas naturales, que inició en el 2017 para hacer control social preventivo a la inversión pública del Distrito de Cartagena en torno a macroproyectos como los Juegos Nacionales, Protección Costera, Drenajes Pluviales y la contratación de servicios como PAE, Vigilancia y Aseo para Instituciones Oficiales, así como el seguimiento a la inversión del crédito público de los $250 MM del exalcalde Dionisio Vélez para obras en salud, educación y vías.

Carolina Calderón Guillot, directora de Funcicar señaló que “VIGILA CARTAGENA es una apuesta al Capital Social de Cartagena, la lucha contra la corrupción va más allá  de mostrar datos y analizar información, requiere de la sinergia de muchos actores, que desde hace años contribuyen a las buenas prácticas ciudadanas y recuperación de la moralidad en Cartagena, somos una acción colectiva de ciudad que lucha contra la corrupción”.

Además del Comité Ciudadano, Vigila Cartagena cuenta con un Comité Directivo conformado por representantes de empresas, con un Comité de Expertos en el que están reconocidos académicos de la Ciudad, quienes evalúan y hacen propuestas al ejercicio técnico que adelanta la unidad ejecutora. 

Con la instalación de este Comité, avanza la implementación del programa Vigila Cartagena que durante el 2018 logró entre otros, estos resultados:

  • Espacios de diálogo con la institucionalidad en los que se dieron recomendaciones para promover la transparencia de la contratación pública.
  • Modificación de algunos pliegos para dar mayor cumplimiento a la norma de contratación estatal.
  • Se promovió la pluralidad de oferentes y la movilización ciudadana hacia el cuidado de lo púbico. 
  • El análisis de 9.659 contratos de la alcaldía mayor, las entidades descentralizadas, las alcaldías locales y los órganos de control
  • Se instauraron 9 denuncias antes los órganos de control.
  • Más de 25 alertas sobre presuntas irregularidades con el fin de actuar preventivamente.
  • Se consolidó al programa Vigila Cartagena como un referente para investigaciones de órganos de control y medios de comunicación. 

Escuchar: Voz Juana Franzual

Escuchar: Voz Carolina Calderón Guillot

Comunicado 02-19