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Concejo solicita información sobre finalización de la concesión de alumbrado público

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 8 de octubre de 2018.

Hora de inicio: 9:10 a.m.

Hora de finalización: 9:44 a.m.

Iniciado el orden del día, se dio lectura al título de un proyecto de acuerdo presentado por el concejal Javier Curi (Liberal) “por medio del cual se reglamenta la autorización al alcalde para celebrar contratos, se señalan los casos en que se requiere autorización previa y expresa, en concordancia con el Acuerdo 016 del 15 de septiembre de 2015, y se dictan otras disposiciones”. Los ponentes designados para estudio de esta iniciativa fueron los concejales Rafael Meza (Coordinador), Dagoberto Macías y Óscar Marín.

El concejal Javier Curi (Liberal) explicó que el objetivo de este proyecto es cumplir con lo dispuesto en el Artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, de manera que se reglamenten las autorizaciones otorgadas al alcalde para la celebración de todo tipo de contratos; además, se busca acatar la advertencia de la Procuraduría General en cuanto a minimizar los riesgos de la gestión territorial en materia de contratación.

Por otro lado, se dio lectura a una excusa presentada por el concejal Rodrigo Reyes (Conservador), quien por motivos personales se ausentará de las sesiones desde el 8 hasta el 13 de octubre.

Luego, fue aprobada por la plenaria una proposición presentada por el concejal César Pión (La U) en la que se cita al DATT, Transcaribe, Oficina Jurídica, Secretaría de Participación, Secretaría del Interior, Personería y otros, con el fin de tratar lo concerniente al transporte público informal de jeeps colectivos que prestan el servicio en los barrios Torices, La Esperanza, San Francisco, entre otros. Pión manifestó que con esta proposición se busca dar continuidad al monitoreo que ha hecho la Corporación a la situación del transporte público informal.

Posteriormente, el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) reiteró su preocupación por la pronta finalización del contrato de concesión de alumbrado público, el cual vence en el mes de diciembre. El cabildante señaló que ya no hay tiempo suficiente para realizar un estudio que determine cuál sería la opción más beneficiosa para la ciudad, por lo que considera que si se realizará un nuevo contrato o una prórroga es necesario que la Administración informe sobre la ruta a tomar.

Además, Toncel indicó que de optarse por una prórroga es pertinente conocer las condiciones de la misma, ya que esta podría ser por el tiempo que se necesite para efectuar el estudio de conveniencia.

En ese sentido, el concejal David Caballero (Conservador) recordó que este ha sido un tema reiterativo en la Corporación y desde meses anteriores se ha solicitado información sobre la planificación al respecto.

Por su parte, el concejal Dagoberto Macías (Cambio Radical) manifestó que en el estudio para determinar que opción tomar, la Administración debe tener en cuenta la opinión de los ciudadanos en cuanto a la calidad del servicio prestado, por lo que sugiere abrir un espacio para escuchar a la comunidad antes de decidir si prorrogar el contrato.

Luego, el concejal Javier Curi (Liberal) expresó que de accederse a la prórroga, la Administración deberá plantear la conveniencia de la misma, y esta no puede obedecer a la falta de planeación; además, destacó que gran parte de la responsabilidad al respecto recae sobre los funcionarios o mandos medios de la Alcaldía, pues tuvieron el tiempo suficiente para efectuar la planificación requerida. El cabildante también manifestó que es necesario tener información sobre los beneficios que este contrato ha traído a la ciudad.

Al respecto, el concejal Rafael Meza (Conservador) propuso realizar una reunión junto al alcalde, Secretaría General del Distrito y el Concejo para conocer la ruta de acción que se tomará, toda vez que se está previniendo a la Administración sobre la situación y debe iniciarse el respectivo proceso.

Ante esto, el concejal César Pión (La U) se mostró en desacuerdo pues considera que es necesario dejar constancia del control político adelantado por el Concejo en este asunto, teniendo en cuenta que posiblemente por omisión de algunos funcionarios se esté ante faltas disciplinarias que deben ser analizadas.

Pión anunció que presentará una solicitud a Control Interno y entes de control para que se investigue sobre este caso; además, pedirá a la Oficina de Servicios Públicos copia del Plan de Acción, Plan de Contingencia, y documentos relacionados.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el martes 9 de octubre de 2018; a las 8:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital de Cartagena de Indias.

Ver sesión aquí:

Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y la Asamblea de Bolívar.

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Gobernación de Bolívar pudo haber limitado pluralidad de oferentes en licitación para los Juegos Nacionales 2019

Cartagena de Indias D.T. y C., octubre 8 de 2018.

La Gobernación de Bolívar contratará por mil millones de pesos “la organización, operación, y ejecución logística de las acciones tendientes a la preparación de los deportistas para la participación de los Juegos Nacionales 2019”. Este proceso se realiza por medio de una licitación pública con número LIC-SP-001-2018, la cual fue abierta el pasado 6 de septiembre del año en curso.

Funcicar a través del programa Vigila Cartagena presentó observaciones a la administración departamental tendientes a que se garantizara la pluralidad de oferentes y se fortaleciera el estudio del sector, uno de los documentos de planeación necesario para establecer los requisitos financieros, organizacionales y técnicos del proceso.

Una de las observaciones giró en torno a que la Gobernación de Bolívar exigió a los proponentes, tener vinculación a asociaciones gremiales como ANATO (Asociación Nacional de Agencias de Viaje) y la IATA(Asociación del Transporte Aéreo Internacional), las cuales  son entidades que representan, defienden y promocionan los intereses generales del turismo, pero no es un requisito que determine la calidad, mejor precio, o capacidad del contratista para prestar los servicios de logística requeridos. La administración departamental argumentó que era necesario que la empresa tuviera vinculación con estas asociaciones para generar “confianza al consumidor” y garantizar “la idoneidad” del oferente.

La licitación pública solo tuvo un proponente, el cual según el informe de evaluación preliminar cumple todos los requisitos por lo que es posible que el próximo 10 de octubre le sea entregado el contrato. Vigila Cartagena advirtió a la Gobernación de Bolívar, a través de observaciones, y luego en la audiencia de aclaración de pliegos, que el requisito de vinculación gremial podría ser un limitante para que más empresas pudieran participar de este proceso, sin embargo la entidad no aceptó las observaciones.

“Consideramos oportuno elaborar requisitos precisos que garanticen la calidad de los servicios a contratar, sin que estos restrinjan la pluralidad de oferentes. El requerimiento que hizo la Gobernación de Bolívar pudo haber sido ponderable y no habilitante, es decir, otorgar más puntos a quien lo cumpliera pero no excluir de participar a quien no lo cumpliera. Entre más empresas participen, habrá mayores ofertas y de esa forma se podrá seleccionar la mejor”, señaló Funcicar.

Esta contratación, al igual que toda la inversión que se realiza para los Juegos Nacionales de 2019 es objeto de control social por parte de Vigila Cartagena, que desde este año 2018 hace monitoreo permanente a la transparencia con la que se ejecutan estos recursos públicos, especialmente los macroproyectos de ciudad.