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Presidente electo del Concejo para 2019 asegura que institucionalidad no corre peligro tras fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 31 de octubre de 2018. 

Hora de inicio: 9:28 a.m.

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Secretaría de Hacienda presenta ejecución presupuestal 2018 y proyección de 2019 de cada dependencia departamental

Bitácora de la Asamblea Departamental de Bolívar, 29 de octubre de 2018.

Hora de inicio: 9:35 a.m.

Hora de finalización: 11:12 p.m.

Esta sesión de la Asamblea Departamental correspondió a una sesión de comisión ampliada sobre el estudio del proyecto sobre el presupuesto de Bolívar para la vigencia 2019. Iniciado el orden del día, se llevó a cabo la socialización sobre la ejecución presupuestal de 2018 y la proyección presupuestal para 2019, por parte del Secretario de Hacienda, Rafael Morales, quien inició su presentación señalando los siguientes avances en las metas del Plan de Desarrollo:

  • En la meta producto “Estatuto tributario actualizado” el cumplimiento es de un 70%.
  • En la meta producto “Un (1) sistema informático para gestión financiera implementado” el porcentaje de cumplimiento con es del 90%.
  • En la meta producto “60% de la cartera vencida en impuestos departamentales recuperada”, la ejecución de 2018 es del 60%, con lo cual el cumplimiento es del 53%.
  • La meta producto “100% de las acreencias establecidas en el programa de saneamiento fiscal y financiero canceladas”, la ejecución de 2018 fue del 80%, con lo cual el porcentaje de cumplimiento es del 75%.

Sobre la ejecución presupuestal de la Secretaría de Hacienda, el funcionario manifestó lo siguiente:

Morales también presentó un análisis de la ejecución presupuestal de cada secretaría en la vigencia actual, e igualmente de la proyección para 2019, así:

Al finalizar la presentación, el diputado Jorge Redondo (Cambio Radica) manifestó su preocupación por el porcentaje total de ejecución presupuestal en 2018, pues quedan muchas metas por cumplir en el Plan de Desarrollo y deben ser prioridad para el presupuesto 2019. También expresó que el presupuesto para infraestructura es muy bajo, sobre todo en lo correspondiente a infraestructura deportiva para los Juegos Nacionales de 2019.

Por su parte, el diputado Frank Ricaurte (La U) expresó que dentro de lo expuesto en el presupuesto 2019 se mencionaba un rubro destinado para los Juegos Nacionales 2019 en la Secretaría de Hacienda, sin embargo, considera que estos recursos no corresponden a esta dependencia sino a Iderbol.

Posteriormente, el diputado Víctor Mendoza (Cambio Radical) declaró su preocupación por el déficit presupuestal del 4% que se evidencia, puesto que es posible que los recursos no sean suficientes para cumplir con todas las metas proyectadas en el Plan de Desarrollo 2016-2019.

Continuando con el orden del día, estaba programada una citación a la Secretaría de Planeación para exponer la ejecución presupuestal 2018 y la proyección presupuestal 2019, sin embargo, se dio lectura a una excusa en la que se solicita reprogramar la citación puesto que la Secretaria se encuentra ejerciendo como gobernadora encargada durante los días 29 y 30 de octubre.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó comisión ampliada para el martes 30 de octubre a las 9:00 a.m., en la sede ubicada en Manga, 3° avenida #24-79, Edificio Imán.

Ver Anexo: Presentación Presupuestal 2019 Secretaría Hacienda.

Escrito por Isabella Ordosgoitia, asistente de investigación del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias.

 

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Concejo se pronuncia sobre invasiones y tala de mangles

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 26 de octubre de 2018.

Hora de inicio: 9:26 a.m.

Hora de finalización: 10:01 a.m.

Iniciado el orden del día, se dio lectura a una invitación en la cual la Procuraduría informó al Concejo sobre una acción preventiva cuyo objeto es hacer seguimiento al Programa de Alimentación Escolar 2019, motivo por el cual se convoca al Concejo al Comité de Seguimiento que se llevará a cabo el 29 de octubre en la Cámara de Comercio.

Al respecto, el concejal César Pión (La U) propuso que se responda el oficio agradeciendo por la invitación y dejando constancia de las sugerencias preventivas que el Concejo ha manifestado en sesiones anteriores en lo referente al PAE.

En el mismo sentido, la concejal Judith Díaz (Cartagena con Firmas) manifestó que debe aclararse que el Concejo no cuenta con información detallada sobre el PAE 2019, puesto que el proyecto de acuerdo de vigencias futuras para asegurar los recursos del Plan, aún no ha sido presentado a la Corporación.

Posteriormente, el concejal César Pión (La U) hizo referencia a la situación del cerro La Popa con el objetivo de efectuar un monitoreo sobre el tema, puesto que desde el año pasado la Corporación ha abordado este caso, teniendo en cuenta los agrietamientos presentados, la erosión y las invasiones que se han asentado en el pie del cerro. El concejal destacó que en la ciudad no se ha tenido la voluntad política para gestionar una política pública que salve el cerro.

Así mismo, recordó la existencia de un Acuerdo que establece la entrega de informes sobre el estado de la Popa y hasta la fecha los funcionarios encargados no han presentado reportes, por lo que podrían incurrir en sanciones disciplinarias. Pión destacó que si el Distrito no cuenta con los recursos para cumplir con el mantenimiento de la Popa, sería pertinente analizar la alternativa de entregarlo a privados. Además, manifestó que al Concejo le corresponde pasar de la preocupación a la operatividad en lo concerniente a este tema.

Por su lado, el concejal Lewis Montero (Opción Ciudadana) manifestó que en Cartagena las invasiones se han convertido en un grave problema que afecta a toda la ciudadanía, sin embargo, la Administración no ha puesto la suficiente atención sobre el tema y aunque varios funcionarios cuentan con competencias para mitigar la situación, han sido mediocres en su accionar.

Al respecto, el concejal Óscar Marín (Conservador)  expresó que la Corporación ha sido reiterativa en cuanto al tema de las invasiones y la tala de mangles, además, propuso que en el presupuesto para la vigencia 2019 se asignen recursos para afrontar estas problemáticas.

Sobre la tala de mangles, la concejal Judith Díaz (Cartagena con Firmas) dio a conocer que luego de presentar en plenaria una denuncia sobre rellenos y talas en la zona norte,  la Policía ha estado en contacto con la Corporación, informando acerca de las capturas y acciones logradas en este ámbito.

De la misma forma, expresó que la Administración viene trabajando en un Plan de Acción para abordar la situación medioambiental de Cartagena; además, se busca crear un CAI ambiental en la zona norte. Díaz manifestó que lo ideal sería lograr la recuperación del sector que fue afectado por talas y rellenos.

En cuanto a los rellenos, el concejal Lewis Montero (Opción Ciudadana) indicó que también debe analizarse el caso de las personas que talaron mangles en Marbella y La Boquilla para construir grandes edificios, complejos urbanísticos y hoteles.

Finalmente, el presidente de la Corporación, Wilson Toncel, recordó a los concejales que una vez finalizada la sesión se continuará con las socializaciones del proyecto de presupuesto en reunión de la Comisión Segunda o de Presupuesto.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el sábado 27 de octubre a las 8:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital de Cartagena de Indias.

Ver sesión aquí

Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y la Asamblea de Bolívar.

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Administración aún no determina futuro del servicio de alumbrado público, ante finalización del contrato de concesión

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 25 de octubre de 2018.

Hora de inicio: 9:15 a.m.

Hora de finalización: 12:31 p.m.

En esta sesión del Concejo de Cartagena se realizó un debate de control político sobre el estado de la concesión de alumbrado público; el debate contó con la presencia del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Jorge Carrillo; la Secretaria de Infraestructura, Clara Calderón; una delegada de la Secretaría de Planeación; William Murra, de la interventoría QBM2; Raimundo Pereira, representante legal de la concesión de alumbrado público; y un representante de la Policía Metropolitana.

Iniciado el orden del día, el concejal citante César Pión (La U) manifestó que los cuestionarios enviados buscan aclarar la situación de la concesión, teniendo en cuenta que presuntamente existe un desequilibro económico, además, el contrato suscrito en 1998, finaliza en 2019.

Posteriormente, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Jorge Carrillo, dio a conocer que en la Alcaldía se vienen adelantando una serie de actos administrativos que le impedirán responder ampliamente algunos de los cuestionamientos con respecto al presunto desequilibro económico y la concesión. 

Sobre el estado del contrato, el funcionario manifestó que se encuentra en ejecución y se tiene prevista su finalización el 6 de enero de 2019. Sobre el presunto desequilibrio contractual, Carrillo indicó que este aún no ha sido admitido por la Alcaldía, motivo por el cual fueron instaladas unas mesas de trabajo.

En ese sentido, la Secretaria de Infraestructura, Clara Calderón, expresó que hay mesas de trabajo técnicas y jurídicas que vienen efectuando una verificación semanal de los informes presentados y la ejecución del contrato, sin embargo, Calderón reiteró que no es posible ahondar en lo referente al desequilibrio económico, toda vez que es motivo de estudio en las mesas de trabajo que continúan en curso para dar una respuesta a la ciudadanía.

Por otro lado, Calderón dio a conocer que actualmente hay 47 mil luminarias que vienen siendo operadas por la concesión de alumbrado público.

A su turno, la representante de la Secretaría de Planeación, señaló que esta dependencia solo hace seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo relacionadas con alumbrado público, pero no tienen conocimiento sobre el funcionamiento de la concesión.

Más adelante, William Murra de la interventoría QBM2, expresó que el costo promedio de mantenimiento de una luminaria en Cartagena es de $146.000, cifra que esta por debajo de la media nacional y la media de la costa atlántica, la cual ronda los $300.000. Además, destacó que el recaudo de la concesión depende del recaudo de Electricaribe, ya que este servicio se cobra dentro de la factura de energía.

Murra también manifestó que una vez se finalice el contrato, la infraestructura y bienes a cargo de la concesión pasarán a manos del Distrito; igualmente, mencionó que existe un saldo de caja que podría ser deficitario por un valor de entre $18 y $22 mil millones. Por otro lado, el interventor manifestó que nadie ha afirmado que el contrato debe ser prorrogado y extendió una invitación a todos los concejales para programar una reunión en la que aclarará las inquietudes específicas de cada cabildante.

Seguidamente, el representante legal de la concesión de alumbrado público, Raimundo Pereira, dio a conocer que desde 2004 ha realizado invitaciones a los alcaldes de la ciudad para instalar mesas de trabajo y efectuar una revisión del contrato, sin embargo, ante el silencio de la Administración, la concesión optó por adelantar un estudio que arrojó el desequilibro contractual. Pereira explicó que posterior a la presentación del documento en el que se informaba sobre el desequilibrio, la alcaldesa Yolanda Wong accedió a la instalación de las mesas y a partir de ese momento se viene trabajando junto a la Administración y la interventoría; al respecto, aclaró que aún no se ha tomado una decisión desde las mesas de trabajo.

A continuación, el representante de la Policía Metropolitana expresó que en las zonas de la ciudad donde se presenta poca iluminación en espacios públicos los delitos más recurrentes son el hurto a personas, hurto a locales comerciales y agresiones personales; no obstante, en estas zonas se dan patrullajes más constantes por parte de la Policía.

Ante una pregunta realizada por el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical), el representante legal del concesionario, explicó que hay zonas de la ciudad que no estaban en el inventario al momento de suscribirse el contrato, sin embargo, se han integrado al sistema a través de obras de expansión.

Luego, el concejal César Pión (La U) manifestó su insatisfacción con la respuesta técnica otorgada y anunció que enviará un oficio a la Administración para que se informe cuál será la decisión del Distrito sobre el futuro de la prestación del servicio de alumbrado público, pues faltan 70 días para la finalización del contrato actual y es necesario asegurar este servicio, entre otros motivos, para reducir el número de delitos que se dan en zonas poco iluminadas.

Por su lado, el concejal Dagoberto Macías (Cambio Radical) mencionó que la mayoría de las preguntas del cuestionario no fueron atendidas adecuadamente, además, no se informó en plenaria el monto total de recaudo de la concesión, ni lo que se destina a la interventoría. Para el concejal, es preocupante que a 70 días de la finalización del contrato, la Administración no sepa que ocurrirá con la prestación del servicio por lo que considera que se podría estar ante graves omisiones.

A su turno, el concejal Javier Curi (Liberal) llamó la atención de la Administración puesto que no se está dando cumplimiento al Acuerdo 006 de 2016, en el cual se estableció que para determinar la mejor opción en lo concerniente a la prestación de este servicio, es necesario efectuar un estudio técnico.

Posteriormente, el veedor Héctor Pérez Fernández, hizo referencia a la sentencia SU173/2015 de la Corte Constitucional en la que se dispuso que la concesión de alumbrado público de Neiva debía devolver al municipio $11 mil millones, tras el análisis de un caso similar al que se presenta en Cartagena, por lo que considera que al Distrito podrían devolverle cerca de $30 mil millones.

Pérez explicó que sus consideraciones se basan en que el porcentaje de la Tasa Interna de Retorno (TIR) puesto que en 2011 se determinó que establecer un porcentaje del 13% es suficiente para recuperar lo invertido por parte de los contratistas, sin embargo, la TIR establecida para la concesión de alumbrado público en 1998 fue del 57%.

Para el veedor, la empresa que viene prestando el servicio de alumbrado público no debe continuar prestando el servicio más allá de la finalización del contrato, pues ha engañado al Distrito y a la ciudadanía.

Frente a lo anterior, el interventor del contrato de concesión manifestó que Pérez se encuentra mal informado y le reiteró su invitación a una reunión para aclarar las dudas que presenta. En ese sentido, explicó que luego de un reajuste la TIR de la concesión es del 27% y a la fecha se ha alcanzado un 26%; al respecto, Murra indicó que esta tasa continúa siendo alta en comparación al 13% determinado a nivel nacional, sin embargo, esto se debe a que fue necesario tomar en cuenta otros factores como las tasas de préstamo de 1998.

Por último, el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) destacó que la Corporación efectuó esta citación porque desde hace más de un año en plenaria se ha solicitado información sobre el proceder que tomará la Administración una vez finalice la concesión de alumbrado público en 2019, pero no se había obtenido una respuesta clara.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el viernes 26 de octubre a las 8:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital de Cartagena de Indias.

Ver sesión aquí:

 Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y la Asamblea de Bolívar.